Margaro, reconocido humorista dominicano, es una de las más recientes víctimas de la inseguridad ciudadana y de un servicio de salud que genera muertes evitables y grandes secuelas físicas y mentales en quienes acuden a sus establecimientos.
Después de haber sido asaltado y herido de cinco puñaladas, Margaro es llevado a uno de los principales hospitales de la capital. Ante las deficientes atenciones que incluye la negativa a ponerle una antitetánica, por no disponer de dinero, se ve obligado en tan difíciles circunstancias, a trasladarse a un centro privado de salud.
La vida es maravillosa, única e irrepetible y si no es posible protegerla, no existe forma alguna de justificar el alto costo del Estado. ¿Qué sentido tiene disponer de un presupuesto anual de más de 530 mil millones de pesos? ¿Para qué los sueldos de funcionarios y empleados civiles y militares? ¿Para qué las elecciones presidenciales y congresuales, si la vida no es una prioridad?.
La pésima calidad de los servicios de salud prestados a Margaro como a cualquier otro ciudadano ha llegado a ser algo cotidiano. A pesar de ello sea por las sutilezas, hermetismo o discrecionalidad con la que se tratan las y los pacientes; por un extraño grado de inconsciencia o insensibilidad pública, aun los servicios de salud no se perciben como la seguridad ciudadana, como una emergencia nacional.
La respuesta al desastre en que han devenido los servicios de salud trasciende acciones rutinarias o coyunturales. Lo sucedido a Margaro es una de las tantas evidencias que demuestran la urgente necesidad de cambios de grandes alcances.
El Poder Ejecutivo recientemente sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Salud (SNS) que si interesa que sea algo más que otra forma de organizar la pesada burocracia, es una gran oportunidad para orientar soluciones estructurales que comprendan aspectos cruciales tales como: introducir la libertad de elección para todos los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS); igual per cápita para los distintos regímenes; financiamiento por la vía de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) mediante pago a los centros de salud por servicios prestados; y que el Ministerio de Salud concentre sus funciones en regulación y supervisión, colocándose al margen de la provisión de los servicios de salud y el financiamiento.
Proteger la vida debe ser la primera responsabilidad del Estado. La inseguridad ciudadana como el calamitoso estado de los servicios de salud han alcanzado dimensiones de emergencia nacional y la sociedad merece la mejor y más rápida respuesta.