Margarita Cedeño de Fernández fue nombrada candidata a la vicepresidencia por el Partido de la Liberación Dominicana el pasado 24 de febrero. Junto con esta condición, dirigía también el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del gobierno, designada por el presidente de la República mediante el Decreto No. 474-12. La vicepresidenta en la tarde de ayer, a través de su cuenta de Twitter le comunicó al país que tomaba una pausa en el gabinete social para dedicarse de lleno a la campaña electoral. Con esta decisión la Dra. Cedeño de Fernández no busca solamente dedicarse de lleno a su campaña, sino que también persigue acabar con la ilegalidad con la que actuaba desde el día en que fue nombrada compañera de boleta de Gonzalo Castillo. Dicha ilegalidad encuentra su fundamento tanto en la Constitución, como en la Ley 15-19, sobre régimen electoral.
La Constitución Dominicana en el párrafo IV de su artículo 212 establece que, “la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Por su parte, la Ley 15-19 sobre régimen electoral, en su artículo 7 dispone que, “la organización de los procesos electorales se regirá por los principios de legalidad, libertad y equidad, establecidos en la Constitución y en las leyes”. De igual forma, el Párrafo III, del artículo 196 de la referida Ley, establece que, “Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde el realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio”.
En virtud de lo anterior, la vicepresidenta de la República y compañera de boleta del candidato Gonzalo Castillo, desde el 24 de febrero hasta el día de ayer, actuó en franca violación del principio de equidad que debe existir en toda campaña electoral. Su condición de encargada del gabinete social del gobierno le otorgó durante todo este período una ventaja frente a sus adversarios, al disponer de fondos y de recursos cuya utilización no deberían ser para proselitismo político. La muestra del gran conflicto de intereses que existía y de la falta de equidad, se puso de manifiesto en el discurso ofrecido a la nación por la vicepresidenta el pasado 6 de mayo del año en curso, con el cual anunció nuevas medidas asistencialistas por parte del gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. Entre otras cosas, la Dra. Cedeño de Fernández dijo: “esta red trabaja día tras día, para suplir las necesidades de todos, es un ecosistema que incluye a agricultores, camioneros, servicio a domicilio, personal de limpieza, choferes, y muchos otros, asegurando el abastecimiento, pero a la vez, beneficiando a miles de hogares que dependen de ellos”.
Con lo anterior no quiero que se entienda que las ayudas por parte del gobierno debieron ser descontinuadas. Muy por el contrario, deben permanecer y extenderse a todas las familias que así las necesiten. Sin embargo, lo correcto era que no se hicieran a través de la Dra. Margarita Cedeño de Fernández. Esta debió tomar una licencia de la dirección del gabinete social del gobierno desde el momento en que fue nombrada candidata a la vicepresidencia, no hacerlo tan solo a 27 días de las elecciones, puesto que durante más de 3 meses no compitió de manera justa frente a sus adversarios.
Es tiempo de que como país entendamos que las violaciones a las leyes y a nuestra Constitución no pueden ser visto como algo normal. No importa la posición que ocupe el infractor, las reglas de juego deben ser las mismas para todos. La vicepresidenta de la República permaneció el tiempo que quiso violando tanto la ley como la Constitución y la Junta Central Electoral, órgano encargado de regular los procesos electorales, no realizó actuación alguna para impedírselo. Lo siento, señora vicepresidenta, actuó tarde, el daño está hecho.