Era previsible e inevitable que el nivel de la conflictividad de las reivindicaciones de la Marcha Verde fuera creciendo y que se expresara de variadas maneras. Ya aparecieron en el escenario los “opositores soft”, los “ciudadanos light”, los cívicos, los llamados “componedores” y los tránsfugas. Casi todos tienen en común la creencia de pertenecer a una casta imaginaria de poseedores de un sentido común que con su accionar no ha ayudado a evitar la corrupción y los sobornos y, por fortuna, tampoco ha podido evitar la movilización social de los verdes.
Ahora las bocinas menos ilustradas atacan, agreden, provocan con la estabilidad amenazada. Las ilustradas repiten afirmaciones ya conocidas respecto de la movilización social: “Movimientos sociales no desestabilizan, pero la corrupción sí” como resumió originalmente en abril el actual presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana. Ambas -las bocinas ilustradas y las no tanto- comparten una preocupación maternal o paternal por el destino de la Marcha Verde: no quieren que se “desnaturalice” y proponen ‘tácticas’ que les permitan conseguir “algo”. Es decir, el pragmatismo que conduce al cheque.
Sin duda lo que más escandalizó fue la serie de peticiones que referían la necesidad de investigar a altos funcionarios. He anotado con frecuencia en esta columna que la política comparada es una buena auxiliar para que los argumentos no parezcan imposibles, impulsivos o belicosos. Ahí vamos por si nos sirven de algo otros ejemplos y escenarios. Recordarán que en febrero de 2010 Chile fue afectado gravemente por un terremoto a pocos días de finalizar el primer mandato de gobierno de Michelle Bachelet quien dejó el cargo en marzo de 2010. Un año más tarde, en febrero de 2011, el abogado Raúl Meza en representación de más de cien familias que sufrieron la pérdida de vidas presentó una querella por “negligencia culpable” contra quien ya era en ese momento ex mandataria. En diciembre de 2011 Michelle Bachelet fue llamada a declarar “como testigo” ante la fiscal en un interrogatorio que se prolongó durante siete horas y tres minutos. Estando en campaña presidencial en busca de su segundo mandato en mayo de 2013 el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la tramitación de la querella contra la ex presidenta chilena presentada por el abogado de víctimas del desastre natural.
"Estoy profundamente satisfecho. Nunca, en tres años y tres meses de investigación le había afectado (a la señora Bachelet) una resolución judicial. Estamos frente a un hecho histórico desde el punto de vista judicial", dijo Meza al diario chileno 'El Mercurio'.”
Consultada la ex presidenta declaró: “Voy a reiterar lo que siempre he dicho cuando hay un proceso en curso, no corresponde comentar y hay que dejar que la justicia haga su trabajo y que no haya presiones políticas de ningún tipo”.
Unos meses después de haber asumido por segunda vez su mandato como presidenta, el 20 de mayo de 2014, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile señaló que se trataba de una querella en la que "no es posible imputar responsabilidad penal, conforme a los antecedentes allegados a la investigación".
O sea, hay países en el mundo donde la institucionalidad “permite” que los ex presidentes sean investigados, y que estando sometidos a investigación hagan campaña, ganen elecciones y asuman la primera magistratura sin pedirle pruebas a nadie. La imposibilidad de imputar penalmente a la presidenta Bachelet es el resultado de una investigación judicial, no del griterío “estabilizante”.
Pero aún hay más: el hijo mayor de la presidenta, Sebastián Dávalos Bachelet, está siendo investigado por los “delitos de cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, revelación de secreto y uso de información privilegiada.” Hace un mes un tribunal chileno rechazó el sobreseimiento del caso pues "la responsabilidad del imputado no ha sido totalmente descartada" y no resulta "incuestionable que no haya cometido delito.”
Otro importantísimo ejemplo cuando de terminar con impunidades terribles se trata es el de la justicia argentina que, además de los cientos de criminales miembros de la fuerzas armadas juzgados y condenados, sometió a cuatro jueces responsables por “garantía de impunidad” en secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura militar (1976-1983). El tribunal que conoció el caso los consideró partícipes primarios de crímenes de lesa humanidad y los condenó a prisión perpetua.
Como se puede con facilidad deducir de ese caso, la justicia puede que tarde, pero llega y esa escuela de los derechos humanos que acaba con la impunidad es también un mensaje para todos los jueces de todos los países. Lo bueno de lo que está pasando es que de aquí en adelante para evitar que se proceda con una investigación ya no vale como excusa reclamar las partidas de nacimiento de las putas para certificar si eran o no brasileñas.
Pero, ¿es que en República Dominicana está fuera de toda posibilidad pedir lo que los verdes pidieron? Si se actúa con criterios democráticos y constitucionales parece no haber dificultad. Lo que ocurre, sin embargo, es que la cultura trujillista y balaguerista a la que se recurre con más frecuencia que a la democracia dice que “los presidentes no se tocan”. Nadie explica por qué, aún cuando la Constitución del 2015 establece en su Artículo 22 que son derechos de ciudadanas y ciudadanos:…
“4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto;
5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.”
Como ven, la Marcha Verde tan asediada por los cuidadosos arquitectos de todas las derrotas democráticas conocidas no cometió ni siquiera un tímido desliz, pero cometió el crimen de enfrentarse al peor de los miedos heredados del trujillismo y del balaguerismo: el miedo a la democracia que ha sido cuidadosamente abonado por los poderes fácticos durante tantos años.
El obispo Diómedes Espinal fue claro: los movimientos sociales no desestabilizan y es positivo que haya analistas que recuperen esa tesis formulada hace meses, aunque no citen la fuente. Algo es algo.
Hace un tiempo decíamos que la Marcha Verde instaló a República Dominicana en el siglo XXI. Ahora también resulta claro que su papel en la construcción de la democracia del siglo XXI va a ser decisivo y para eso no tienen ninguna necesidad de auto reprimirse. Por lo contrario, la responsabilidad les obliga a pedir, a demandar a solicitar todas las acciones políticas o jurídicas que conduzcan al fin de la impunidad en el marco de un sistema que se sostiene en ella. Como también están obligados a avanzar en la identificación de sus aliados políticos y en los acuerdos que ayuden a mantener una lucha necesaria, no deberían escuchar los cantos de sirena de autores que promueven engañosos y equilibrados análisis, escritos por burócratas pagos sin más interés que mantener las cosas como están e intentar que se siga haciendo lo que siempre se ha hecho.
Nadie, absolutamente nadie, debe olvidar que la política es el único camino de los que no tienen poder y es, por tanto, condición inevitable para alcanzar el fin de la impunidad.