El logo de Marca País que se anunció como “hij@” entró en coma a las pocas horas y está a la espera de ser desconectado para cremación. El daño es, simplemente, irreparable porque se espera una criatura inmaculada o dentro de los rangos aceptables de inspiración prestada que acepta la industria del diseño gráfico.
Las redes mostraron similitud con el logo de un ciudadano ruso que me luce puede convencer a un abogado sensato para enviar al gobierno una solicitud de cesar y desistir. Algunos hasta llegaron hasta utilizar un software sencillo para alterar el logo del ruso y alumbrar el nuevo, una imputación de plagio tan burdo que ha sembrado una duda razonable de las peores: aquellas que son indelebles aunque se muestren pruebas irrefragables.
El único destino del logo y del eslogan imperialista es el zafacón. “Antes todos los caminos conducían a Roma y ahora todos los aviones a la República del Mundo” es una de las promociones serían consistentes con un lema que no nos representa. Tenemos narcisistas que se creen los Gulliver del planeta, pero dudo mucho que sea como nos perciban quienes visitan, invierten o eligen nuestro país para residir. De manera que a picarlo más fino que es para cachimbo, ver si hay posibilidad por arbitraje de recuperar algo de lo pagado y a pensar de nuevo ese engendro colectivista que está supuesto a representar a todos los dominicanos.
Declaración Jurada de Funcionarios
He perdido la cuenta de las veces que he visto a Nuria Piera hacer investigaciones sobre declaraciones juradas de patrimonio de funcionarios obligados a entregarlas por la Ley 311-14. Con el caso de Kinsberly Taveras, ha manifestado que se abre la oportunidad para que se entienda que el peso de la prueba es del funcionario y que las nuevas autoridades pongan más interés en corroborar o profundizar los casos que viene presentando por tantos años.
La Declaración Jurada es un documento donde el funcionario informa a la Cámara de Cuentas y a los ciudadanos sobre su situación patrimonial. El servidor público detalla las casas o solares que posee, vehículos, mobiliario, armas de fuego, préstamos bancarios, certificados financieros, acciones, bonos, pólizas de seguro y las fuentes de ingresos que podrá mantener sin violar la Ley de Función Pública.
Esa información es pública y los ciudadanos pueden consultar en la web la descripción y valor declarado. Puede ver una casa valorada en RD$15 millones, certificados financieros por RD$3 millones y un auto valorado en RD$2 millones. Los soportes de estos activos y pasivos no los podemos consultar, es información confidencial protegida por ley, pero deben formar parte integral de la Declaración Jurada.
En la Cámara de Cuentas se deben depositar las fotocopias del título de propiedad, la certificación bancaria de su ahorro financiero y la matrícula del auto. Como se exige que la declaración sea firmada ante un notario público, se entiende que el funcionario mostró los originales de esas certificaciones a ese profesional del derecho que da fe de haberlos vistos.
Kinsberly Taveras y su cita en Procuraduría
En vista del control absoluto que tiene el funcionario sobre lo que declara con sus soportes de prueba es que le corresponde a él aportar pruebas sobre la validez de los documentos, en caso de ser requerido por autoridad competente. Si se necesita comprobar la existencia o el valor de un inmueble, por
ejemplo, el funcionario se presenta con el original del título y la tasación más reciente. Si vehículo que se declara propio aparece con una oposición por traspaso de préstamo no aparece declarado, llega con la matrícula original y la fotocopia para sustituir la que se anexó por error.
De esa forma civilizada debe transcurrir el cuestionamiento a quien deposita y tiene sus cuentas claras. Curioso que se tuviera que solicitar una licencia laboral para un proceso que debió ocupar tan sólo una mañana. Más curioso aún que la cita terminara de manera abrupta, con opiniones contradictorias entre las autoridades, que indican la funcionaria invocó su derecho a no responder las preguntas, y los abogados que sostienen fue para responder cuestionamientos vía sus abogados.
El mal de origen de esta situación la encontramos en los programas de Nuria Piera. De acuerdo con la periodista de investigación, cuando la funcionaria estuvo en cargos electivos municipales no presentó con la propiedad manda la ley declaraciones juradas que demuestran el incremento de su patrimonio. El presidente que promete una lucha tenaz contra la corrupción y que por primera vez pone a funcionarios hacer filas para entregar sus declaraciones juradas se encuentra ahora con una funcionaria violó esa formalidad y tiene un patrimonio al que se le imputa un origen ilícito del que estaría obligada a presentar las pruebas en contrario, de acuerdo con esa ley que es citada en la constitución vigente.
Pero el final de una cita, que los más pesimistas temían podía ser aquí no ha pasado nada y un saludo victorioso de codos, llega con un tenemos que hablar más tarde vía mis abogados. Se ha especulado que esto puede ser por la violación al Artículo 15 de la Ley Declaración Jurada, el que establece el delito de falseamiento de datos. El funcionario está obligado a transparentar todos los bienes y dar una estimación razonable de valor. En el programa de investigación se mencionan omisiones de activos reales y sobrevaloraciones de activos financieros que, de ser corroboradas por las autoridades pondrán a prueba el compromiso para combatir la corrupción.