En un plazo de 45 días, el Instituto Agrario Dominicano quitará los terrenos de la reforma agraria que no estén en producción, y se los dará quienes cumplan con la ley, ha advertido el titular Alfonso Radhamés Valenzuela. 100 mil beneficiarios en todo el país deben acogerse a las condiciones establecidas por el Estado, según una declaración atribuida al funcionario por Hoy digital del domingo 17 de marzo.

Excelente, si no se queda en aspaviento mediático y va al fondo. Porque he escuchado esa sentencia toda mi vida y siempre se diluye más rápido que la espuma de chocolate cuando se llega a las fronteras de los grandes mañosos.

Supongo que tal emplazamiento abarca a los “agricultores patriotas”, pertenecientes a la orden franciscana del agro. Beneficiarios de las más “fértiles” parcelas del territorio nacional, ubicadas en el Parque Nacional Jaragua (Bahía de las Águilas y La Cueva, incluidas) y los manglares con sus playas que van desde Cabo Rojo hasta Pedernales. Asentados por una mafia estatal sobre antiquísimos arrecifes diente de perro que solo ellos, como enviados especiales de Dios, harían parir alimentos a borbotones para –dicen ellos– “eliminar el hambre en los huesos sufrida por los sureños”. Porque a terrenales sensatos y decentes jamás se les ocurriría sembrar maíz o habichuelas sobre piedras o manglares.

Imagino que su decisión implicará también la revisión de las calidades de los usufructuarios de tierras realmente cultivables. Millones de hectáreas han sido asignadas a vivos o influyentes políticos que están muy lejos de ser agricultores. Millones de hectáreas han  sido cercadas por mañosos, hipócritas que fingen profundo amor por los pobres. Una muestra es la provincia Pedernales. Desde la misma frontera con el municipio barahonero Enriquillo, hasta el traspatio con Haití, hacia el oeste, no queda una pulgada de tierras estatales libre.

Y muchos de esos predios están ociosos. Sus dueños solo esperan que encarezcan para revenderlos y alzarse con los millones. Su única meta. ¿Qué es eso, si no robo?

Quien roba lo ajeno es un ladrón. Quien compra lo robado o hace el falso papel de comprador de buena fe para “lavar” lo robado, es igual de ladrón o, al menos, pierde lo comprado sin apelación.

Eso es así, en este país, para los pillos pequeños. Sin dolientes. En modo alguno para quienes se enmascaran y forman redes gigantes para desvalijar al Estado. Redes que conquistan a golpe de pesos o  cuotas de tierras a opinantes públicos para que cierren las bocas o desarrollen a su favor campañas de santificación de buitres paralelas a estrategias de descrédito contra quienes osen ir a contracorriente.

No es fortuito el irresponsable discurso de periodistas y enganchados a la profesión que atribuye la denuncia del gran fraude con las tierras de Pedernales a un plan de la transnacional Barrick Gold para desviar la atención de sus criticables maniobras contra el Estado dominicano en las minas de oro de Pueblo Viejo, Cotuí.

Estamos ante una verdadera asociación de malhechores. Estafadores profesionales insaciables que por mucho tiempo han actuado a la libre con el auxilio vital de la autoridad (legisladores, Ministerio Público, jueces, funcionarios del Ejecutivo).

Resolver ese montaje mafioso requiere que el Gobierno se empantalone y actúe sin privilegios ni paños tibios. Rápido. No hay por qué escatimar ni retrasar la represión contra quienes se roban el patrimonio público al amparo de la ilegalidad o de la manipulación de las leyes con el auxilio de legisladores “patriotas”, “capuchinos descalzos” que hacen de cómplices.

Con ese nivel de fechorías vigente, dudo mucho que avancen los planes agropecuarios y turísticos de la actual gestión gubernamental. Y el primero en saberlo debería ser el administrador del IAD.