Recientemente fue firmado y difundido el Manifiesto III en el que un grupo de activistas, intelectuales, ciudadanas y ciudadanos en general demandamos un cambio institucional que desmonte la estructura autoritaria, corrupta e impune en la que se sostiene el gobierno del PLD y que conlleva el sometimiento judicial del presidente Danilo Medina.
Algunos contrarios aluden que dicha demanda constituye una desfachatez. Entre ellos figuran, claro está, los hacedores, "reformadores" y grandes beneficiarios económicos del inoperante entramado constitucional dominicano.
Se resisten a salir de la zona de confort de su club de delincuentes de cuello blanco y a aceptar la necesidad inminente de un cambio en el canon despótico y autoritario que ellos mismos crearon a espaldas de la ciudadanía (mediante el fraude electoral, la prevaricación, el soborno y las prebendas) y cuya inoperancia es puesta a prueba día tras día por la multitudinaria movilización social de la Marcha Verde y sus reclamos éticos, políticos, económicos, jurídicos, sociales y medioambientales.
Insisten en sostener que la pantomima democrática que da sustento al desmedido robo de los bienes públicos por el régimen del PLD y aliados es sólida e inalterable. Una farsa creada para mantener en el poder el cartel político peledeísta que gobierna desde hace 17 años y mantiene subsumida a la mayoría de la población en la marginalidad, la pobreza y la indigencia, el analfabetismo, una pésima calidad educativa, falta de vivienda, desempleo, violencia y, en general, una enorme desprotección institucional.
Reclaman el sostenimiento de la falsa estabilidad política del PLD, sustentada en triquiñuelas legislativas y judiciales, el robo y la burla constante a la caricatura constitucional que ellos crearon para su propio beneficio y el de sus acólitos.