El presidente Medina es un hombre inteligente. Por tanto, causó gran sorpresa que interviniera en la reciente inauguración del gasoducto del este para defender sus decisiones respecto a la termoeléctrica de Punta Catalina. No se requiere ser un especialista del sector eléctrico para colegir que sus alegatos fueron incoherentes con la realidad de los hechos. Al optar por justificar decisiones injustificables levantó sospechas de que, al insistir en vender parte de ese valioso activo, se encamina a adoptar una poca inteligente decisión.
El primer yerro de su intervención fue el de justificar el uso del carbón como combustible de generación en un acto donde se glorificaba el uso del gas natural. “A principios del gobierno del presidente Medina en el 2012, la CDEEE no disponía de un plan de expansión. Sin embargo, había un amplio consenso de que la matriz de generación de energía eléctrica debía ser diversificada. De ahí que la licitación de Punta Catalina fuera precedida durante alrededor de siete años por aprestos de la CDEEE para orquestar la contratación de otras plantas a gas. La CDEEE inclusive había estado preparando una licitación para una planta de gas con la misma Odebrecht.”
Al ser el gas natural un combustible contaminante que, como el carbón, empeora el cambio climático (aunque el metano del gas se disuelve mucho más rápidamente que el dióxido de carbono), la decisión preferible en ese entonces hubiese sido la de optar por una planta de energía renovable (eólica, solar, biomasa, geotérmica). (El mismo presidente Medina citó que al asumir su cargo el país solo generaba 33MW de esa fuente.) Inexplicablemente, la CDEEE llamó a una nueva licitación para plantas a carbón en mayo del 2013 y apenas un mes después el presidente Obama declaraba que EEUU no financiaría plantas a carbón, lo cual fue imitado casi inmediatamente por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. Aun frente a la cancelación del grueso del financiamiento, el presidente Medina continuó con la temeraria licitación de la planta a carbón.
Porque no podía alegar que el carbón fuera más barato que el gas alegó que en la coyuntura del 2012 no había disponibilidad de este último. El alegato resulta insólito en vista de que la CDEEE tenía en curso, desde enero de 2012, una licitación internacional para plantas de gas o carbón y un subsecretario de comercio de los EEUU había visitado el país en octubre del 2013 para ofrecer ese combustible. El cambio a la opción gas pudo haberse adoptado en vista de que la licitación del carbón, lanzada en mayo del 2013, no había todavía concluido en noviembre del 2013 y no fue hasta julio del 2014 que el Poder Ejecutivo promulgó el contrato EPC de Punta Catalina. Hubo entonces tiempo sobrado para dar marcha atrás y optar por el gas.
Otra sorprendente declaración presidencial tuvo que ver con el costo de la planta. Queriendo significar que había sido una ganga, citó el hecho de que el Estado está siendo demandado por el Consorcio constructor para que cubra sobrecostos. Ese reclamo de US$708 millones representa un 36% del costo del contrato EPC (US$1,945 millones), lo cual sobrepasa el 25% permitido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Puesto que el Ministerio de Hacienda declaró que la inversión estatal a octubre de este ano ascendía a US$2,373 millones –un 22% de sobrecosto– y la planta todavía no se ha entregado, lo seguro es que se violará esa ley, especialmente si el laudo arbitral no es favorable al país. ¿Cómo puede entonces alegarse ganga?
La más discordante de las declaraciones fue lo de justificar la inversión estatal en Punta Catalina con el argumento de que el sector eléctrico requería ser regulado. No se explica cómo, existiendo una Ley General de Electricidad No.125 desde el 2001 (modificada por la Ley No.186 del 2007), con su propio Reglamento del 2002, se pudiera alegar tal cosa. Previamente el Decreto No.118-98 había creado la Superintendencia de Electricidad específicamente para proveer y aplicar la regulación del sector eléctrico. Esta entidad dispone de una Dirección de Regulacion con todas las regulaciones necesarias desde entonces. ¿Pudo haber sido la regulación la justificación real?
Ha sido repetido muchas veces que la decisión de que el Estado invirtiera en una nueva planta de generación obedeció al objetivo de persuadir a los demás generadores de electricidad, el “cartel eléctrico”, a bajar sus costos de generación mediante la adopción de tecnologías nuevas (p. ej. ciclo combinado) y combustibles más baratos. Al Punta Catalina producir energía que costaría entre 6 y 8 centavos de dólar el kilovatio/hora, los demás generadores tendrían que competir bajando sus costos. El principal ejecutivo de la CDEEE repitió estos objetivos apenas el mes pasado, alegando que por esas razones no venderían la planta “precipitadamente”. De ahí que la contradicción presidencial respecto a la regulación parece extraña y hasta cantinflesca.
Por otro lado, el presidente Medina reiteró la decisión de vender parte de Punta Catalina al sector privado. Según el reporte de prensa, dijo: “Ahora mis amigos que se oponían a Punta Catalina dicen que no puede venderse. Pero el Estado no esta para hacer negocio sino para regular y si hemos regulado, debemos salir poco a poco y eso es lo que debe hacer el Estado dominicano.” Eso evidencia una contradicción directa con su aseveración anterior de que se construiría para regular al sector. Luego dijo que “hemos regulado” y que se pretende salir del “negocio”. ¿Es que después de construida ya no hay necesidad para regular? ¿Es que no es bueno un “negocio” que dejará al Estado tantos beneficios?
El presidente Medina afirmó que a Punta Catalina se le ha satanizado y citó, entre otros alegados vituperios, la acusación de que hubo soborno en la licitación. Tal cosa no se justifica, según su versión, en vista de los pingues beneficios que la planta traerá al pueblo dominicano: disminución de la huella de carbono de la generación eléctrica, ahorros para las empresas distribuidoras, el que la factura petrolera no estará sujeta a los vaivenes del mercado y que el Estado recibirá más ingresos provenientes de la Barrick Gold. “Este es un proyecto fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de las empresas y para crear condiciones de vida mas aceptables para el pueblo dominicano.”
Sin embargo, la satanización verdadera ha sido diferente. Lo que ha satanizado la planta es 1) la extraña decisión de darle la espalda a la opción del gas en favor del carbón, 2) una licitación espuria contra un “competidor virtual” y 3) la insólita preferencia por una empresa sin experiencia en la construcción de estas plantas (Odebrecht). Punta Catalina estará por siempre satanizada porque se ha probado que Odebrecht solo conseguía las obras por soborno, porque un consorcio internacional de periodistas de investigación denunció ese soborno y por la terca negativa de la PGR de investigar esa denuncia. También por la sospechosa negativa de la Cámara de Cuentas de hacerle una auditoria forense (en vez de contable). El velo doloso que esas acciones comportan es lo que ha satanizado la planta.
Indicó el presidente Medina que el problema del endeudamiento se debía al déficit del sector eléctrico. En los siete años de su gobierno se le han transferido US$13,000 millones para recibir un servicio caro, malo e inestable. Indirectamente con ese argumento culpó a los empresarios del sector (a quienes Punta Catalina viene a contrarrestar). Pero esa declaración destila un avieso sesgo perceptual: el verdadero culpable de esa onerosa situación es la clase política que permitió el desorden y ha prohijado y cohabitado con las pérdidas de las edes y los contubernios correspondientes. Mas particularmente, ha sido su partido, el PLD y sus casi 20 años de gobierno, que ha entronizado la calamidad y ha evadido las responsabilidades.
Hace años que se reclama la privatización del sector eléctrico como “el gran sueño energético nacional” porque la clase política es responsable del mayor escollo de desarrollo que sufre el país. Por eso las mencionadas decisiones del presidente Medina no pueden atribuirse a poca inteligencia personal. En el mejor de los casos, han sido más bien una falta de voluntad política para enfrentar con gallardía el problema. Otros analistas culpan de ello a los funcionarios que han asesorado al presidente, pero la historia de cualquier modo registrará que Punta Catalina ha sido, por razones insondables, una metida de pata garrafal de esta gestión de gobierno.