“No existe un problema de maldición, sino de mala gobernanza de los recursos naturales, directamente relacionado con la deficiente calidad, en distintos grados, de las instituciones de algunos Estados en sus diferentes poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y en la coordinación entre sus distintos niveles (nacional y subnacional), así como entre los diversos organismos públicos involucrados en la regulación y en el seguimiento y monitoreo de normas y políticas”-Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Disertar sobre la conveniencia de explotar los recursos naturales, carece de sentido alguno. ¿Cómo veríamos nosotros que los gobiernos de cuatro países latinoamericanos, que poseen el 85% de las reservas de litio del mundo, el mineral más codiciado de este siglo, pierdan años discutiendo la pertinencia de aprovechar el mineral más codiciado de este siglo?
Si se tiene una riqueza mineral comprobada como el litio (“oro blanco”), sería más provechoso discutir sobre la modalidad más conveniente de su gobernanza, no sobre si es conveniente o no su explotación. Sobre todo, si tomamos en cuenta que mientras en 1998 una tonelada de litio se cotizaba a 1,670 euros, en 2017 alcanzó los 8,600 euros. Este incremento de aproximadamente 415% en 19 años, se debe a que los satélites, las naves espaciales, baterías recargables de teléfonos móviles, computadoras, celulares, marcapasos, cámaras digitales, reactores atómicos, vehículos eléctricos y medicamentos antidepresivos, entre otras muchas nuevas tecnologías y productos, tienen de común denominador este cotizado mineral.
De este modo, Chile, Bolivia, Argentina y parte de Brasil, que son las naciones bendecidas por la naturaleza con grandes reservas de este mineral en particular, no deberían estar organizando convenciones sobre si conviene o no el aprovechamiento de su “oro blanco”, sino decidir sobre la buena gobernanza de ese recurso, garantizando: a) los mínimos daños ambientales; b) la modalidad institucional de utilización progresiva y reproductiva de la renta obtenida, y c) la prevalencia del interés común en los modelos de negocios que finalmente se adopten.
La gobernanza de los recursos mineros, dado su rol histórico en el desarrollo de los países latinoamericanos, es hoy un tema no solo recurrente, sino también crucial para el futuro de nuestros países. Como señala Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, en la presentación del trabajo Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe (mayo 2016), “comunidades enteras, a escala nacional y local, cifran en la existencia y diversidad de dichos recursos expectativas auspiciosas de futuro económico y movilidad social, recrean el relato de un pasado de esplendor e imaginan un futuro preñado por la abundancia restaurada”.
La conocida economista destaca las siguientes etapas en la gobernanza de los recursos naturales en la región:
- Etapa colonial y diversos momentos posteriores: patrón de la extracción de los metales y su envío a la metrópolis.
- Siglo XX: en algunos países, aprovechamiento de ciertos recursos naturales como base para su industrialización.
- Provisión de recursos naturales para el resto del mundo basada en exportaciones sin mayor procesamiento, con una administración de las rentas orientada principalmente a financiar el gasto de corto plazo.
Este último modelo es el que llama nuestra atención. Como indica Bárcena “salvo escasas excepciones, las rentas provenientes de los recursos naturales se han incorporado a los presupuestos públicos de los países, cuyo habitual destino es cubrir las necesidades corrientes de la administración”.
En relación con este tema, la autora distingue dos momentos: década de 1970, en la que se observan “ocasionales intentos de establecimiento de fondos de estabilización o aplicación de políticas anticíclicas que permitieran reducir la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas”, y la década de 2000 “cuando algunos países de la región, a través de la implementación de leyes y normas, crearon fondos soberanos de inversión de largo plazo, financiados con las rentas provenientes de los recursos naturales. Buscaban así ahorrar una proporción de las rentas y canalizarlas hacia inversiones estratégicas, como el mejoramiento de infraestructura y programas específicos de educación y capacitación, así como acumulación de capacidades tecnológicas e innovación”.
No obstante, apunta que “la existencia de fondos soberanos de inversión es aún escasa en la región y no configura todavía un cambio paradigmático en la administración de las rentas originadas en la explotación de los recursos naturales. Por el contrario, la mayoría de nuestros países han mantenido inalteradas sus políticas de administración de las rentas, al mismo tiempo que se han enfocado en tratar de captar montos mayores, a través de nuevos instrumentos fiscales”.
El hecho de que la mayoría de los países mineros no cuenta con instrumentos fiscales “basados en el principio de progresividad, como los que existen en el caso del sector petrolero, a través de impuestos sobre las utilidades extraordinarias y otros impuestos”, explica por qué en la mayoría de las potencias minerales regionales “el incremento de las rentas no se acompañe de mayores ingresos fiscales”.
El modelo de gobernanza prevaleciente premia así el corto plazo, incorporando la renta estatal minera a la corriente de ingresos ordinarios del Estado, lo cual, a juicio de la autora, “resulta contradictorio con la propia naturaleza de los recursos en que se basan las actividades extractivas, ya que se trata por definición de dotaciones no renovables”, tema abordado por nosotros en otras entregas.
Los dominicanos, que tenemos casi cincuenta años de atraso institucional en materia minera, hoy estamos pensando en un mecanismo que pueda garantizar que la renta minera estatal contribuya efectivamente al desarrollo sostenible de la nación, proponiéndolo como un elemento decisivo de un nuevo tipo de gobernanza de los recursos naturales no renovables.
Se trata de superar el mencionado enfoque cortoplacista de esa renta, asegurando que los períodos de bonanza coyunturales se traduzcan en un esfuerzo sistémico de desarrollo de largo plazo. El nuevo anteproyecto de Ley de la Minería Nacional promueve ese cambio fundamental al disponer “la creación y organización del Sistema Nacional de Distribución de la Renta Estatal Minera, así como la institucionalidad que corresponda, con la función principal de gestionar de manera eficiente y transparente dicha renta o una porción de ella para financiar objetivos de desarrollo sostenible de alta prioridad política, económica, social y ambiental, en todo el territorio nacional”.
Ojalá podamos, como sugiere Bárcena, construir y consolidar al nivel regional una visión común de la gobernanza de los recursos naturales para transitar hacia un nuevo tipo de sustentabilidad minera, tema tratado en otros artículos.