El Movimiento Marcha Verde: ciudadanía y memoria colectiva
El Movimiento Marcha Verde puede considerarse de aparición reciente, aunque vinculado a una larga tradición de movilización y organización social en el país. Apenas a comienzos de enero de 2017, a propósito de la convocatoria para manifestarse contra la corrupción y la impunidad, se hizo visible un grupo de personas que, a título individual o en representación de organizaciones, promocionaba y coordinaba el acto. La participación masiva en la marcha del 22 de enero adicionó integrantes y apoyos, reafirmó necesidades, legitimó la protesta y proporcionó las condiciones de posibilidad para un proyecto con continuidad y de largo alcance.
En diversos artículos publicados sobre el movimiento existe la preocupación de si se trata de una manifestación de la clase media, de la pequeña burguesía u otro sector. Con esto se mantiene la práctica de atribuir a unos la participación y el protagonismo, mientras se les sustrae a los otros. Juan Bolívar Díaz ofreció una clara definición sobre su composición cuando atribuyó el éxito a “su carácter policlasista, multisectorial y de dirección muy colectiva” (Acento.com.do, 2 de Abril de 2017). Precisamente en esta diversidad radica su fortaleza, legitimidad y capacidad de acción, aunque algunos la consideran su talón de Aquiles.
Desde su surgimiento la Marcha Verde asumió como razón de ser la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector gubernamental, centrándose en los derroteros nacionales del caso Odebrecht. Sin embargo, su consolidación como movimiento puso en evidencia la existencia de un vacío político en el país en cuanto a un espacio válido para la participación, la expresión de posturas críticas y el reclamo ciudadano. La Marcha ha canalizado parte de esta necesidad, además de confrontar prácticas totalitarias instauradas históricamente en el Estado, el gobierno y la sociedad dominicanos.
Estas prácticas totalitarias podrían sintetizarse en lo siguiente:
1. El Estado como el principal infractor de los derechos de los ciudadanos. Afecta tanto en lo individual como en lo colectivo y se materializa en infinidad de actos, disposiciones, normas y ejercicios cotidianos. Este accionar puede remitir a la vulneración de derechos civiles y políticos, así como a la de derechos económicos, sociales y culturales.
2. Normalización de la vulneración de derechos. Se puede constatar en el ámbito de lo público y lo privado y puede ocurrir de forma más o menos perceptible. La padecen los diferentes estratos socioeconómicos, que asumen en la práctica que no existen tales derechos o que su vulneración resulta lo “normal”. La carencia de una pedagogía de los derechos, que incluya la divulgación y apropiación de los mismos, incide en el desconocimiento en torno a las garantías que se deberían recibir como usuario, estudiante, paciente, empleado, transeúnte, consumidor, pariente, contribuyente, entre otros.
3. El reclamo de derechos como contravención. Dentro de las estructuras de poder existentes en República Dominicana, quienes exigen el respeto de sus derechos y del ejercicio ciudadano son representados como los infractores del orden, obviamente del orden establecido y no del orden de derechos. Hace carrera el consejo-advertencia “si protestas te va peor”, o su variante “quédate callado/callada que es mejor”. Emerge aquí el autoritarismo histórico y las formas directas de coerción y silenciamiento.
En este contexto el aún breve devenir del movimiento adquiere significación e importancia en variadas dimensiones. Por un lado, deja claro que la reivindicación de valores democráticos, el reclamo de la justicia, la institucionalidad y el ejercicio ciudadano son un legítimo derecho y no una concesión. No valen el silencio ni la pasividad. En otro ámbito, su accionar se desarrolla desde prácticas y recursos que resultan novedosos, algo sorpresivos, y que se enmarcan dentro de la legalidad y la norma. Rompen, por un lado, con las representaciones estereotipadas y prejuiciadas en torno a la protesta y quienes la ejercen y, por el otro, con las formas tradicionales del ejercicio político.
Adicionalmente, habría que contemplar la función que cumple la Marcha en cuanto a la pedagogía de derechos, es decir, en la difusión y toma de consciencia acerca del deber ser de una ciudadanía en democracia. Todo lo anterior pone en evidencia que el quehacer del movimiento incide directamente en el plano de las acciones, así como en el de los discursos, el ideológico y el simbólico; estos se interrelacionan y operan de forma articulada.
En la tradición del silencio impuesto y autoimpuesto, el Verde se hace oír y sentir como voz colectiva de gran parte de la población dominicana. Se hacen vigentes memorias colectivas subalternas, antes soterradas o negadas. Como movimiento social y político se inscribe en la historia no oficial de la resistencia en República Dominicana. Esta esfera podría estudiarse aplicando criterios de los estudios de movimientos sociales y contrahegemónicos. Como congregación multitudinaria en las marchas, aparece la pertenencia de los dominicanos a las tradiciones y memorias afrocaribeñas, puesto que, por una suerte de cimarronaje cultural, entran a operar valores y prácticas asociadas al legado de los antiguos esclavos, como son las dinámicas comunitarias y el predominio de lo colectivo sobre lo individual.
A la movilización pública de la Marcha se asiste con el espíritu de un convite, con lo que pone cada uno, con lo que se aporta de acuerdo a las posibilidades. No importa cuánto se tiene, sino lo que se entrega y cómo se participa, unificado esto bajo los principios de la solidaridad y el sentido del bien común.
En su recorrido hasta la fecha, el Movimiento de la Marcha Verde se ha constituido en un espacio democrático, de confluencia, de unidad en torno a reclamos compartidos y ejercicio ciudadano. Es la manifestación de una sociedad que hace vigente su memoria de lucha y resistencia, que se expresa de forma crítica exigiendo sus derechos y que, en cada toma de la plaza pública, en cada acto, hace valer su dignidad.