Una de las más nefastas consecuencias de las políticas neoliberales que predominaron en América Latina en los años 90 y primeros años del presente siglo, incluyendo nuestro país, ha sido la creencia, casi como artículo de Fe, que el crecimiento del PIB se traduciría en reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida. Por ello lo "correcto era apostar todo al crecimiento económico, desregular los mercados, desactivar toda barrera al comercio internacional, reducir el gasto público y el papel regulador del Estado y muchas otras políticas de corte similar; y en ese contexto ideologizado, las Políticas Sociales quedaron reducidas a intervenciones simplificadas, focalizadas y temporales, que permitieran mantener a los mas pobres en el juego, mientras se avanzaba en los innings, puesto que a mitad del partido serian progresivamente incorporados al trabajo formal.

Una expresión de estos enfoques ha sido asumir que la pobreza se reduce a la carencia de ingresos financieros y tales intervenciones sociales se limitan a la "transferencia condicionada" de pequeños fondos que permitan a la familia, en forma de subsidio, tener un ingreso ligeramente superior a la línea de pobreza extrema o indigencia, de forma que al medir estos indicadores queda reducida la proporción de familias en condiciones de indigencia. Por supuesto, mientras se mantenga el subsidio directo.

Reducir la pobreza requiere un enfoque más integral, mas articulado con la construcción de ciudadanía, noción de derechos y deberes, de calidad de vida y de inclusión social y participación. Más que un programa de pobreza , se necesita que el conjunto de las políticas económicas, sociales y de institucionalidad sean puestas en esta orientación.

La inflación es sin duda fatal contra las clases medias. Al no poder transferir la elevación de sus gastos, el presupuesto familiar se achica y  sus medios de vida se ven reducidos. La consecuencia es el empobrecimiento. Por ejemplo, entre 2003 y 2004, a consecuencia del mal manejo de la crisis bancaria, en poco más de  un año 1.5 millones de personas de clases medias pasó a ser pobre, y un considerable número de pobres se empobreció aún más y la proporción de familias en pobreza extrema casi se duplicó, Mantener controlada la inflación es esencial para reducir la pobreza.

La generación de puestos de trabajo dignos es indispensable. El trabajo es el punto de encuentro entre las políticas económicas, las sociales y las institucionales. El modelo económico vigente ha perdido progresivamente su capacidad de generar empleos. Mientras en el quinquenio de ZXXXXXXX por cada 1% que creció el PIB aumentó 1% el empleo, en el quinquenio XXXXX por cada punto de crecimiento del PIB apenas creció O.XXX el empleo. Cada año entran entre 150,000 y 200,000 jóvenes al mercado de trabajo y nuestra economía, según cifras del Banco Central apenas logra generar alrededor de 80,000 empleos, de los cuales cerca del 60% son informales y de baja calidad. Necesitamos una Política activa de empleo y de generación de puestos de trabajo. Esto requiere políticas de incentivos, sobre todo al sector de PYMES y a la economía solidaria y asociativa de producción industrial y agrícola.

Es necesario garantizar el acceso universal a servicios públicos básicos de calidad, sin afectar el presupuesto y patrimonio familiar. Entre ellos los servicios de salud, seguridad social, educación con calidad y equidad, vivienda y dignificación de asentamientos humanos, seguridad ciudadana, cultura, recreación y deportes. Las limitaciones de cobertura y calidad de los servicios básicos se traduce en elevados gastos en servicios privados lucrativos, lo que ejerce un impacto de empobrecimiento.

Los programas de "transferencias condicionadas", deben articularse con las políticas activas de empleo, para que sean un estímulo que conduzca a la incorporación de los beneficiarios al mercado de trabajo y a la formalización.

En nuestro medio, es necesario garantizar que todo ciudadano tenga una identidad, que disponga de la documentación que lo acredita como ciudadano y le dé acceso a los servicios existentes y a sus derechos.

Finalmente, se requiere fortalecer las organizaciones de base social y abrir espacios para la participación social y comunitaria, en dirección a la corresponsabilidad y la cogestión de los servicios públicos, en un proceso de empoderamiento progresivo de lo público por la ciudadanía.

Esfuerzos de esta envergadura y complejidad han demostrado ser exitosos en otros países del continente. Ha llegado la hora en que debemos dejar de considerar la pobreza como parte de nuestro paisaje. La pobreza es un producto social y puede ser reducida considerablemente con base en políticas públicas integrales.

Para lograrlo se requiere un enfoque sistémico, una administración publica efectiva y con alta credibilidad, y una gestión pública coherente y con clara direccionalidad, todo sustentado en una especie de nuevo pacto social, sustentado en una nueva alianza entre el Estado y la ciudadanía.