Ya es costumbre escuchar y leer acusaciones contra los defensores de derechos humanos en el tema de la migración haitiana. Dos comunes son: fusionistas de la isla y traidores de la patria. Aquí identificaré por enésima vez quiénes son los verdaderos fusionistas y traidores de la patria.
Desde tiempos remotos, los explotadores en la economía dominicana han buscado mano de obra barata. Los colonizadores trajeron esclavos africanos, y luego los gobiernos dominicanos y empresarios han fomentado la migración haitiana indocumentada para emplearla. He aquí el origen del problema.
Hasta la década de 1960, la economía dominicana era pequeña y su principal producto de exportación era el azúcar. Por eso Trujillo y Balaguer trajeron braseros haitianos a los bateyes en condiciones infrahumanas. La mayoría no recibió documentación legal ni tampoco sus descendientes, y de ahí se desencadenó una inmensa ilegalidad bajo el argumento de que en la Constitución haitiana los descendientes son ciudadanos haitianos.
Sin documentación, todas esas personas han permanecido por décadas en República Dominicana, incluyendo los nacidos en territorio dominicano, y la inmensa mayoría es pobre.
El histórico rechazo a incorporar la población de origen haitiano a la dominicanidad hizo que los gobiernos nunca se ocuparan de resolver la situación. Era más fácil y más rentable mantenerlos indocumentados; y las autoridades de frontera, civiles y militares, se acostumbraron a vivir de la trata humana.
A partir de la década de 1980, diversos sucesos políticos, económicos y catastróficos en Haití contribuyeron a aumentar el flujo migratorio hacia República Dominicana. Y durante todos esos años, los gobiernos dominicanos del PRSC, del PLD y del PRD no establecieron controles fronterizos adecuados. Por el contrario, el crecimiento económico dominicano demandó más mano de obra barata; y como muchos dominicanos emigraron a Estados Unidos y Europa, los haitianos los reemplazaron. La economía del azúcar perdió vigor y los haitianos se insertaron a otras labores agrícolas y a la construcción.
Pero resulta que los trabajadores no suben al cielo al finalizar su jornada, ni bajan de allá con el maná al día siguiente para laborar. Necesitan vivienda, comida, servicios de salud, tienen relaciones sexuales, se reproducen, sus hijos necesitan escuelas, etc., etc. Como son muy pobres, viven hacinados en barrios y campos. Como tienen baja escolaridad o ninguna, se reproducen más que el resto de la población y la pobreza se multiplica.
Esta población pobre y marginada va acumulando resentimientos, magnificados ahora por la vocinglería xenófoba y por las tensiones dentro del mismo gobierno sobre qué hacer con toda esta gente.
Además, los verdaderos fusionistas de la isla, que son los gobiernos dominicanos, los empresarios y sus voceros, se han especializado en acusar a otros del problema: a gobiernos extranjeros, a organismos internacionales y a algunas ONG. Buscan así sonar patrióticos, mientras mantienen una extensa mano de obra barata indocumentada para explotarla.
Este peligroso juego va llegando a su fin. La población de origen haitiano ha crecido mucho y vive hacinada; y la Sentencia TC 168-13 quiso ilegalizarlos a todos y ha desatado muchos demonios.
En resumen, la política migratoria dominicana hacia Haití ha sido siempre muy irresponsable, la explotación laboral dominicana es aberrante, y propagar la xenofobia sólo empeora la situación.
Solución: el gobierno dominicano debe detener la migración indocumentada haitiana, el empresariado dominicano debe mejorar las condiciones laborales para incentivar los dominicanos a trabajar en la agricultura y la construcción, y el gobierno debe aplicar justicia para adecentar la situación de los inmigrantes y sus descendientes que han echado raíces en República Dominicana.
Este tema es muy complejo para apostar al caos.
Artículo publicado en el periódico HOY