El creciente interés por el “barrilito” del que disfrutan nuestros congresistas, unido a unas muy a tiempo estadísticas sobre lo que ganan los senadores dominicanos, suministradas por el colega Juan Bolívar Díaz, nos han inducido a comparar lo que percibe un senador criollo con lo que gana un norteamericano, es decir, el del más poderoso, rico e influyente país del mundo.
Un senador norteamericano gana anualmente, convertido a pesos dominicanos a la actual tasa de cambio, RD$10.4 millones. En adición, disfruta de parqueo y servicios de correo gratuitos. Asimismo, puede emplear a técnicos auxiliares (los llamados staffers) que son pagados directamente por el Congreso y también disfruta de pensiones y servicios de salud, pero estos últimos tan solo suministrados en su propio país.
Su colega dominicano, por concepto de sueldos, gastos de representación, compensaciones por transporte, hospedaje, dietas y bono navideño, recibe RD$8.2 millones al año, algo inferior a los RD$10.4 millones de su colega norteamericano, pero eso es antes de tres fuentes adicionales de ingresos.
Primero, está el “barrilito”, cuyo monto depende de la cantidad de personas que votan en la provincia del senador, pero que, promediando a nivel nacional, arroja RD$8.3 millones al año por senador, suma ligeramente superior a la de sueldos y otros emolumentos. El senador no tiene que justificar qué hace con el dinero del “barrilito”, se puede quedar con todos esos recursos, o puede repartirlos entre los votantes de su provincia, buscando su apoyo. Esos RD$16.5 millones que suman sueldos y el “barrilito” superan en un 59% los RD$10.4 millones que recibe el senador norteamericano. La palabra “barrilito” probablemente se origina en el pork barrell (“barril de puerco”, término despectivo que se aplicaba en Estados Unidos para referirse a la contribución de dinero público que los miembros del Congreso utilizaban para financiar proyectos de interés local, y que frecuentemente se usaban para ganar votos). Los dominicanos disfrutamos mucho del chicharrón.
Pero existe una segunda fuente de recursos, que son los RD$9 millones al año por senador para cubrir los sueldos de “personal auxiliar”, que bien pueden ser parientes o amigos cercanos del senador, cuando en realidad deberían ser técnicos en asuntos legales, económicos y políticos para ayudar en la redacción o análisis de leyes. En algunas provincias como Bahoruco el senador cuenta con 48 empleados, mientras que en el Distrito Nacional y Santiago tan solo tienen cinco y seis, respectivamente. En promedio hay veinte auxiliares por senador lo que arroja 640 personas. No hay que dudar que algunos senadores exigen al “auxiliar” que lo “auxilie” pasándole parte de su sueldo en agradecimiento.
Finalmente, existe otra gran fuente de ingresos para los senadores pues cada dos años tienen el derecho a una exoneración de impuestos sobre vehículos. Lo usual es que esa exoneración se “venda” a una persona rica interesada en importar, por ejemplo, un lujoso Maserati y dispuesta a entregar al senador digamos la mitad de los impuestos que ahorra en base a esa exoneración. El valor de esa venta se ha reducido en la medida que los automóviles pagan menos impuestos por tratados con Estados Unidos y Europa.
Como se verá un senador que se queda con el dinero de su “barrilito”, vende dos exoneraciones de carros y recibe su mordida del personal auxiliar, recaudaría una suma muy superior a los RD$10.4 millones que recibe su colega norteamericano. Por algo las encuestas evidencian lo muy desacreditados que están nuestros congresistas.
¿Qué hacer? Por más esfuerzos que haga el presidente Abinader, quien ha dicho públicamente que está en contra del “barrilito”, serán pocos los miembros de su partido que emularán a los tres o cuatro que ya lo han hecho y renuncien a recibir ese dinero. Menos aún lo harán los congresistas de la oposición. Lo que procede es que el presidente Abinader auspicie una ley que elimine el “barrilito” y la exoneración de vehículos. Alternativamente, se podría tratar de lograr que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional que los congresistas puedan repartir dinero de los contribuyentes, o perjudicar al fisco con exoneraciones con las que no cuenta el resto de la ciudadanía. Siempre podríamos adoptar el sistema unicameral y reducir las provincias a las que surgieron en 1844.