El presidente Leonel Fernández acaba de observar la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que sumado al tranque existente con el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, son dos  los obstáculos que deben ser superados para que este importante órgano pueda reunirse y designar a las denominadas altas cortes: Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral.

Se trata de un juego de estrategias políticas. El PRD envía el mensaje al presidente de que no se aprobará el proyecto de ley orgánica de Tribunal Constitucional sin que conste que no se podrá elegir a personas que tengan 75 años o más, pensando obstaculizar el acceso del candidato preferido del presidente Fernández, el actual vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo. Como elemento colateral el PRD entiende que la dilación le favorece pues no se integra el Tribunal Constitucional y se evita de esa manera que pueda interpretar la Constitución favoreciendo la reelección presidencial.

Por otro lado, el presidente Fernández al observar la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, manda un mensaje de que no le preocupa la dilación en la integración del Tribunal Constitucional, pero debe pensar en la preocupación que genera en el PRD que no se encuentre integrado el Tribunal Superior Electoral, sobre todo de cara a la próxima convención perredeista del 5 de marzo, en la cual el presidente apuesta al conflicto, que requerirá de un árbitro que lo dirima.

El presidente Fernández sale ganando nuevamente, pues el país puede seguir existiendo, como lo ha hecho hasta ahora, sin Tribunal Constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia tiene el mandato de fungir como tal hasta que se integre el mismo. El presidente ganó el pulso de la Sun Land con esta Suprema Corte y si se decidiese por la locura de la reelección, todavía pudiera intentar que la Suprema se suicide validando su proyecto.

Pero el PRD no puede decir lo mismo. En caso de conflicto en la convención del 5 de marzo, no hay tribunal para decidirlo. Es un vacio que genera un riesgo muy alto, pues la falta de decisión solo profundizaría cualquier conflicto que surgiere.

Las circunstancias de las últimas semanas han venido cerrando el espacio de que disponía la reelección. La situación económica se torna cada vez más difícil. No importa la razón, si la corrupción, la falta de planificación gubernamental,  las amenazas de inflación, el elevado precio del petróleo debido a los acontecimientos de medio oriente, la crisis financiera de la que el mundo no termina de salir. La realidad es que intentar la reelección se está convirtiendo en una empresa muy arriesgada, no solo desde el punto de vista institucional, sino también político y personal.

Si el presidente Fernández, atendiendo a la razón y a lo que manda la Constitución, decide olvidarse de la lreelección, no tendría prisa alguna en crear las condiciones que permitan la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Podrá hacerlo más adelante, siempre antes de abandonar el poder a fin de dejar su influencia sembrada en las altas cortes.

Esos son los intereses del presidente Fernández. Pero no son los intereses de la ciudadanía, que requieren que se cumpla la Constitución, que fijó un plazo que ha sido sobrepasado, pero que también exige que los  intereses  partidarios o de los caudillos de los partidos no dominen las altas cortes.  Si esto último llegara a ocurrir, todo lo logrado hasta ahora en el proceso de reforma judicial se perdería, pero además el Tribunal Constitucional sería un enorme fracaso.