La proclamada igualdad formal de derechos y de todos ante la ley y ante el gobierno enfrenta una realidad aun no superada: la desigualdad material o sustancial, la que se manifiesta en políticas públicas o actos del Estado que muchas veces responden a grupos de intereses o intereses de un grupo reducido de personas.
Entre otros valores y principios, como la libertad, la igualdad de derechos, con similares oportunidades educativas para todos, la igualdad laboral, la de acceso igualitario a la informacion, a los medios de comunicación y a la justicia tiene ante sí la lacerante realidad de los altos niveles de desigualdad política, económica y social como también la gran discriminación y exclusión de sectores sociales vulnerables, a pesar de la algo consistente apuesta gubernamental a programas de asistencia social.
Mientras unos lo tienen casi todo otros sobreviven a duras penas. Estas paradojas se manifiestan en la percepción ciudadana que, sin que muchos lo adviertan, ponen en juego el propio sistema democrático, pues solo la credibilidad de este permite su permanencia en el tiempo. De lo contrario crecerá el descreimiento en las promesas y valores democráticos.
Recientemente fueron dados los resultados del informe de desarrollo humano de 2021, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que indica que estamos, en palabras mías, en un callejón sin salida de alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Es tanto que el informe da cuenta que el 63 por ciento de la población dominicana señaló que en el 2020 el país estuvo gobernado “en beneficio de los intereses de unos pocos”.
Es cierto que dicho indicador nos sitúa como país por debajo de la media del resto de América Latina, pues en esta hay una percepción del 77 por ciento de la población, con extremos como el de El Salvador en el que lo percibe así un 46 por ciento; mientras que la de Paraguay es la de mayor percepción, con un 95 por ciento.
Otra información relevante del informe es que las personas en el continente “son muy conscientes de lo desigual que es la región actualmente”, haciendo énfasis en la desigual distribución de ingresos, así como la percepción generalizada de injusticia en el acceso a los servicios públicos. De ello se deriva que en América Latina la mayoría piensa que la carga tributaria debería aumentar con los ingresos”.
No hay dudas que una sociedad como la nuestra permite que la dedicación, el trabajo denodado y los talentos de cada quien pueden contribuir con buenos resultados de crecimiento personal y social; pero no para la mayoría de la gente, porque los empleos de calidad aún son contados y los emprendimientos empresariales, si bien el gobierno viene dando niveles de apoyo, estos aun no parecen haber causado el impacto esperado.
El llamado al gobierno es para que siga empujando los empleos de calidad, las políticas de inclusión social, económica, de negocios y empresariales de las clases más depauperadas, de la clase media, contando con el gran empresariado, comprometido socialmente y con las políticas públicas para disminuir la desigualdad y la discriminación.
De lo contrario, cundirá el desaliento, el fracaso y las razones para pensar en soluciones políticas lejanas al sistema de partidos vigente y a la forma de gobierno actual. Esto último es lo que debemos evitar que pase. Los experimentos y ejemplos populistas, prontistas y coyunturales sobran en la región americana y si permitimos que aquí ocurra entonces será el crujir de dientes.