(La Procuraduría, el CONCLA y la CND: ¿genios o incompetentes?)

La subasta que realizara el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), ofertando 28 relojes de lujo incautados en el caso del capo boricua José Figueroa Agosto, deja interrogantes prestas para la interpretación y el debate. No pongo en tela de juicio con la transparencia que, alegadamente, se realizó la subasta. De hecho Mabel Feliz, presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), anunció públicamente el pasado 26 de Diciembre del 2011 que la misma iba a realizarse el 5 de Enero. Y así fue.

No obstante, no dejo de preguntarme: ¿por qué siendo ésta una actividad transparente y preparada con anterioridad, se le permitió a personas vinculadas de una u otra forma al caso de la red de Figueroa Agosto, participar en la misma?  La prensa es quien expone ante la opinión pública estos vínculos, provocando la reacción del procurador general de la República. Ahora resulta que, según el mismo procurador general, los compradores de los relojes en la subasta podrían ser investigados por la justicia dominicana. Todo esto, de manera extraña e “inusual”, a posteriori.

Uno de los principales flagelos que afectan a la estabilidad nacional en materia de seguridad y economía es precisamente el lavado de activos. Las deficiencias en nuestro sistema gubernamental en cuanto a este tema (no somos los únicos, TODOS los países tercermundistas en América Latina viven una situación similar a la nuestra) le permiten a criminales de cuello blanco y narcotraficantes blanquear dinero a través de adquisiciones de propiedades, bienes, inversiones millonarias, entre otras actividades. Ahora bien, siendo este el caso: ¿Por qué no se realizó una investigación previa a cada uno de los ciudadanos que deseaban participar en la subasta?

Esa investigación, al menos en teoría, hubiera evitado que se colara alguien con vínculo alguno en el caso Figueroa Agosto. Pero además, hubiera evitado que algún ciudadano “pudiente” , incapaz de justificar su riqueza y con la potencial intención de lavar dinero, le fuera permitido participar. Sin embargo, la CND, el CONCLA y la procuraduría general de la República “bailaron” con el pie izquierdo.

Ahora bien, tampoco podemos obviar la posibilidad que las autoridades utilizaran como mecanismo investigativo el realizar la subasta sin investigación previa de los participantes, esto con la finalidad de observar e identificar quiénes acudieron a dicha actividad para realizar las compras, y luego profundizar en cada línea de investigación obtenida.  En otras palabras, usar la subasta de anzuelo “a ver quién cae”. Si niego esa posibilidad no estaría siendo objetivo.

Aún considerando ésta última teoría, no dejo de preguntarme: ¿Cúal es el asidero legal utilizado por la procuraduría para dejar sin efecto una subasta que fue realizada de manera pública y transparente? Y no es que esté en desacuerdo con que esto se haga, al contrario, pero tampoco puedo apoyar decisión alguna que no esté sustentada en términos legales. De hecho, por la manera en que se desarrolló la subasta, cualquier mal pensado podría interpretar que la única razón tras la decisión de la procuraduría de solicitar la anulación de la misma, es porque la prensa nacional se hizo eco de los vínculos de ciertos participantes en la subasta con el caso Figueroa Agosto; de otra forma, las autoridades se hubieran quedado calladas y “tragado” el mandado. Y aunque no fuese así, ante los ojos de muchos, eso fue exactamente lo que sucedió…