Es de conocimiento general que las empresas mineras no abordan con la suficiente responsabilidad uno de los aspectos de sus operaciones que mayores riesgos encierra: los relaves. Como señalamos en una pasada entrega, los relaves se refieren a grandes embalses superficiales de roca pulverizada, agua y productos químicos de procesamiento.
En una palabra, se trata del conjunto de los residuos mineros que representan riesgos y peligros potenciales para los trabajadores, comunidades cercanas a los proyectos, salud humana, animal y vegetal, y ambiente en general. Las instalaciones donde se almacenan estos residuos se conocen como presas de relaves que, de no ser supervisadas, construidas y reforzadas adecuadamente, pueden llegar fácilmente a sus puntos críticos de resistencia. En un primer momento, pueden producirse filtraciones que afectan las aguas superficiales y subterráneas; luego, en última instancia, pueden colapsar y liberar grandes cantidades de desechos con una capacidad destructiva de ribetes catastróficos, como pudimos ver en el ejemplo de Brumadinho en Brasil.
Estos fatales desenlaces contribuyen a que una parte de la sociedad vea la actividad minera con ojerizas, además de que terminan profundizando sus dudas sobre la gestión ética y responsable que preconiza el modelo de minería responsable y sostenible.
La situación luce todavía más preocupante al conocer que, de acuerdo con el Índice de Minería Responsable 2018 (RMI), las treinta empresas mineras evaluadas ese año obtuvieron un promedio de solo 22% en lo que respecta a las actividades de mejora de la gestión del riesgo de relaves; quince de ellas no pudieron mostrar evidencias de atención efectiva a estos riesgos y ninguna presentó pruebas de haber rendido cuentas públicamente sobre sus acciones en este crucial ámbito de las operaciones.
Detrás de estos resultados parecen estar el desinterés de los inversionistas en el tema, el desconocimiento de las comunidades de los riesgos implicados y la desidia inaceptable de las autoridades que de manera tan vergonzosa se puso en relieve en el caso de la tragedia reciente de Brasil. Para que las compañías se muestren sensibles en este tema y permitan el acceso abierto a todo de información e informes relacionados, es necesario contar con una autoridad vigilante, incorruptible, competente y diligente. Este punto de la responsabilidad de la autoridad se torna decisivo cuando sabemos que los accidentes con los diques de relaves son realmente previsibles y predecibles.
En efecto, expertos han examinado la situación de la gestión de relaves en una gran cantidad de empresas. Pronosticaron la ocurrencia de graves fallas para un período de 19 años (hasta el año presente). Muchas de ellas han ocurrido, pero Brumadinho superó todas las expectativas y puso de manifiesto el crimen del descuido, la desidia oficial y la perniciosa primacía del afán de lucro de las empresas, desembarazado de toda preocupación por la vida humana y los ecosistemas de los que ella depende.
Los gobiernos deben estar alertas. La extracción de minerales de baja ley como consecuencia de la reducción de las reservas de metales y minerales a nivel mundial agrava la situación. En esas operaciones los volúmenes de relaves son mayores y de difícil almacenamiento relativo; los márgenes de ganancia más chicos y el esfuerzo de ahorro de costos más grande. No es difícil ver que la perspectiva de inversión en la gestión de relaves en estos casos puede verse seriamente comprometida y los riesgos podrían incrementarse peligrosamente.
En el caso de nuestro país, donde la industria minera conquista creciente importancia macroeconómica y social, por lo que deberíamos estar pensando en una norma especial de gestión de relaves; también en la formulación de una regulación moderna de Administración de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), o lo que es lo mismo, de las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. Ambas normas solo existen en contadas potencias mineras regionales.