Señor presidente Danilo Medina, el modelo económico vigente orientado por un gasto público poco productivo en sus vertientes de inversión y corriente, enfatiza en el crecimiento físico urbano de Santo Domingo y Santiago. El mismo origina desigualdades: económicas, sociales, de género y rurales, agregar el gran desempleo. Causas que agravan la problemática social que afecta a la población representada por insatisfacciones de alimentación, vestimenta, habitación, educación, salud, etc. incidiendo agravar; la pobreza, criminalidad, delincuencia e inseguridad pública como efectos.
Funded ha planteado en oportunidades que la inversión pública destinada a la construcción de circunvalaciones, corredores, elevados, túneles, parques, metros, etc, urbanísticamente embellecen, inciden en un momentáneo aumento del producto aunque posteriormente origina alto gastos de mantenimiento, pero generan un mínimo de empleos, aumentan en gran proporción las ganancias de los constructores, concentran el ingreso incrementado las desigualdades económicas. El gasto corriente gubernamental, en alta proporción, se destina al mantenimiento de una burocracia poco útil, agregar un conjunto de acciones de asistencia social parasitarias y clientelar. En consecuencia el gasto público nacional tiene escasa incidencia en el desenvolvimiento los sectores productivos seleccionados prioritarios en el Proyecto de Nación de Funded como: agropecuaria, agroindustria, turismo, minería, comercio, pymes. Lo peor es que el nivel del gasto es superior a los ingresos públicos originando déficits presupuestarios cubiertos con endeudamientos improductivos.
Este alto monto del gasto público crea una corriente monetaria expansiva que obliga al Banco Central a contrarrestarla, entregando certificados de alto costo, para recoger los ahorros del sistema de seguridad social y guardarlo con la finalidad de evitar un proceso inflacionario. Estos fondos de la seguridad social, en otras circunstancias, deberían utilizarse en financiar actividades productivas generadoras de empleos, como en el caso de Chile. La política bancaria, por falta de regulación estatal como en todas las actividades del país, se caracteriza por una increíble discrepancia entre la tasa pasiva de ahorros y la tasa activa de préstamos que enfatizan más en el consumo que en la producción. Las altas tasas de préstamos desestimulan la inversión y aumentan los costos empresariales haciendo las actividades no competitivas en los mercados.
La discrepancia entre la política fiscal expansiva que crea una corriente monetaria con capacidad de demanda pero poco productiva y la política monetaria forzada a retirar fondos con posibilidades de ser canalizados hacia la producción, originan una estabilidad en los precios pero se pierde racionalidad economica debido a que estas políticas (fiscal y monetaria) deberían ser complementarias en búsqueda del desarrollo.
Estos planteamientos indican que el modelo economico orientado por el gasto público (corriente + inversión) en lugar de resolver están agravando los aprox. 30 problemas que afectan el desempeño social del país. Este modelo no tiene posibilidad de ser cambiado debido a que las obras de infraestructuras físico urbana hay que continuarlas, igual el gasto corriente parasitario que mantiene la “gobernabilidad” del sistema. Ambos se utilizan para fortalecer determinado liderazgo en competencia con otro que también administra importantes instrumentos institucionales, ambos liderazgos en disputa por el poder político marginando las acciones desarrollistas.
Señor presidente los problemas se agravan, hay cambiar el “modelo” vigente por otro modelo social reformador. Pero el actual se ejecuta, además de la razón expuesta, para satisfacer propósitos políticos de otros dirigentes que ocupan puestos gubernamentales con atención a fortalecerse y lograr reelecciones permanentes. Estas acciones de promoción electoral que son prioritarias para esa dirigencia política están totalmente divorciadas del conjunto de actividades que conforman la Ruta del Desarrollo Nacional representadas por los derechos humanos consignados a la población por la Constitución y las leyes, pero no materializados por los planes plurianuales que deberían formular los Ministerios de Hacienda y de Economía, financiados por la ejecución del Presupuesto Público.