Las condiciones que garantizan la estabilidad macroeconómica tienen como enemigo principal la demagogia politiquera de los anquilosados defensores de la soberanía nacional en contra de las supuestas imposiciones de organismos multilaterales. Esta conducta se advierte frecuentemente en administraciones gubernamentales cuyos errores de política económica socavaron sensiblemente el bienestar de sus electores.
A raíz de la publicación del contenido de la carta que dirigiera el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Santos, al equipo económico dominicano, algunos funcionarios públicos anunciaron la disposición del gobierno de romper el acuerdo con el FMI. Mientras tanto el presidente Leonel Fernández remitía a las Cámaras Legislativas el proyecto de Ley sobre la Tarifa Eléctrica, que había propuesto del propio equipo económico (de acuerdo a la carta mencionada) al FMI en junio del 2011 para cumplir con la nueva Carta de Intención, lo que permitiría la reanudación del acuerdo de octubre del 2009. Otros funcionarios fueron aún más lejos argumentando que el FMI no puede imponer políticas económicas a gobiernos soberanos, como si ese organismo interviniera sin la anuencia de los países que necesitan de ajustes a raíz de los desequilibrios que muestran sus cuentas.
La primera apreciación no se discute por cuanto el propio presidente de la república respondió contundentemente en la dirección de que pretende mantener el acuerdo con el FMI al remitir al Congreso una de las propuestas de su gabinete económico para resolver el drama eléctrico y cumplir con el Acuerdo Stand-By (ASB). Pero el segundo comentario, merece mayor atención, porque intenta desvirtuar la responsabilidad del equipo económico atribuyéndosela a la imposición de políticas públicas por un organismo supranacional.
Cabe recordar que el FMI ha acompañado todo el período de la estabilidad macroeconómica por petición del gobierno dominicano, creando las condiciones para el financiamiento de los desequilibrios de balanza corriente y de las cuentas fiscales, los cuales provocaron un crecimiento económico desordenado, insostenible y empobrecedor.
Durante 2005-2010, la aplicación de los programas de ajuste del FMI cambia circunstancialmente de énfasis, evitando que la profundización de la crisis financiera internacional influyera negativamente sobre las economías que acusaban desequilibrios en sus cuentas. A raíz de la crisis internacional, este organismo multilateral apoyó políticas fiscales expansivas a través del endeudamiento gubernamental. Asumiendo que el incremento del gasto público, financiado con endeudamiento, provocaría un crecimiento económico sostenible generando recursos para seguir creciendo y pagar la deuda.
El caso dominicano, no obstante, provee evidencias de que los resultados esperados son sólo temporales. En efecto, el gobierno dominicano suspendió el ASB en el 2008, liberándose de las limitaciones al gasto público que implicaba el acuerdo con el FMI orientado al restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y destinar recursos públicos a la re-elección presidencial.
Como se observa en la Figura 1, las políticas públicas no pudieron evitar la contracción del crecimiento económico durante 2008-2009. En vista de este resultado, en octubre del 2009, el gobierno negocia otro acuerdo con el FMI y el endeudamiento de ese año permitió la recuperación del producto en el 2010, pero cuando los efectos positivos de los recursos frescos terminaron, nuevamente el PIB continuó contrayéndose. Solamente la reanudación del ASB puede revertir esa tendencia en la medida en que el gobierno financie su déficit, que supera los RD$45,000 millones para el 2011. A septiembre el déficit fiscal era de RD$31,000 millones y el techo contemplado para esta variable dentro del ASB era de RD$33,600 millones.
Figura 1. Tasa de Crecimiento del PIB Real
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Cuentas Nacionales
Asimismo, el gobierno debe financiar el déficit de la cuenta corriente que alcanza, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, alrededor de 10% del PIB en el 2011. Tal y como ocurrió en el 2009-2010, la economía dominicana creció a un ritmo similar al promedio registrado durante 2006-2008, gracias la reanudación del acuerdo con el FMI.
Actualmente, el equipo económico enfrenta una situación similar; necesita recursos frescos provenientes del acuerdo con el FMI y del resto de los organismos multilaterales para revertir el estancamiento del PIB. Este hecho resulta evidente si se tiene en cuenta la colocación de bonos soberanos por US$250 millones, fundamentándose en una ley de apoyo presupuestario que data del 2010. Entre diciembre del 2010 y octubre del 2011, el BC perdió US$674 millones interviniendo en el mercado cambiario para mantener la estabilidad cambiaria.
Estos son indicadores innegables de que las políticas económicas que ejecuta la presente la administración no observan los criterios de racionalidad económica que enarbolan los organismos internacionales y los países que han preservado una estabilidad verdadera. Por eso el presidente Fernández pretende mantener el acuerdo con el FMI para que le muestre a su gabinete el camino del ordenamiento económico y recobrar una senda de crecimiento sano. Pero las ansias de retener el poder más allá del 2012 y la debilidad institucional se oponen a la aplicación de los métodos conocidos de racionalidad económica que frenan el deterioro progresivo del bienestar en el marco de estabilidad que pregona el gobierno.