Días atrás,  unos policías en San Francisco de Macorís, usando la fuerza y pasando por encima de las autoridades judiciales, sacaron de la cárcel a un colega, que guardaba prisión por la muerte de una persona.

El insólito y muy elocuente episodio,  concitó un merecidísimo repudio generalizado por parte de diversos sectores sociales, la prensa, autoridades del gobierno  y de la propia policía.

El gobierno  respondió  enviando unos contingentes que, con cierto aparataje,  tomaron  control y sometieron al "orden" a los insurrectos.

El despliegue de fuerzas, quizás un poco abultado (como manda no solo la conveniencia del servicio, sino la estética policíaco-militar) se excusaba  en la muy objetiva y preocupante situación, de que los policías amotinados sumaban un par de docenas, estaban armados, habían sido entrenados para usar armas –ellos sabrán con cuánta irreflexión- y dada la actitud desafiante que habían adoptado ante La Justicia, su proceder podía complicarse impredeciblemente.  Al fin y al cabo, nadie tiene más razones que el propio sistema para ponerse nervioso con sus productos.

¿Pero realmente estaban esos policías actuando por cuenta propia o jamás actuaron por una cuenta más fiel y literalmente adherida a las reales políticas gubernamentales, que cuando hicieron lo que les dio su maldita gana, pasando por encima de las disposiciones legales , usando la fuerza bruta y la amenaza de las armas?

¿Cuál es el desenlace, cuáles son las consecuencias, cuál es la evolución del cuerpo policial que pueden esperar razonablemente, dentro de la situación actual,  el gobierno central, los especialistas en seguridad, la jefatura de la policía, la prensa que reporta y "analiza" estos hechos y la sociedad misma que los padece?

Pretender ignorar lo que es La Policía, para lo que sirve y a lo que se dedica es una irresponsabilidad, una hipocresía y una ridiculez de todas las partes mencionadas y hoy alarmadas porque algunas de sus criaturas –un poco más brutas que el promedio- salieron a la calle y fueron a la cárcel a exigir formalmente lo que implícitamente hace tiempo que tienen concedido: la licencia para matar, según como a ellos les parezca.

La policía asesina en República Dominicana, sin interludios judiciales y sin rendir cuentas más que a las pandillas mafiosas que han proliferado dentro de la institución bajo la mirada, unas veces abúlica, otras aprobadora  y en sentido general ,gestora, del Poder Ejecutivo.

El gobierno, La Policía y gran parte de la prensa han pretendido ignorar que hay un problema, un problema grave, complejo y grande,  con La Policía y sus mafias y las hordas de delincuentes y criminales que funcionan dentro de la institución.

El Informe de Amnistía Internacional sobre las atrocidades cometidas por estos asesinos y delincuentes no son exageraciones. Puede que varíen detalles, pero en esencia, esa es la verdad. Y mientras la estén negando es porque no hay ninguna voluntad de arreglarla.

El primer paso para resolver un problema es reconocer que existe. Y el asunto no es que hay "algunas manzanas podridas", sino que hay una estructura que genera  y premia la podredumbre y dificulta y penaliza la corrección y la integridad.

Seguro que en la Policía hay gente con formación y/o intención de desempeñar bien su trabajo, con propiedad y profesionalidad, sin ser un vulgar y animalizado matarife desequilibrado, sin dedicarse a traficar con influencias, ni a desarrollar negocios del crimen organizado, pero esos sobreviven, ascienden y prosperan con mayores dificultades, así es que las virtudes se desincentivan, si es que no son un obstáculo insuperable.

La permisividad, la justificación y los aplausos  a los asesinatos de la policía  contra presuntos delincuentes,  que  es una transgresión imperdonable, tarde o temprano evolucionarían hacia asesinatos cometidos por La Policía sin las alegadas finalidades justicieras, por querellas personales, por caprichos de agentes sicópatas y por encargos, dando pie a la nueva industria del sicariato. En esta ya hay  varios capítulos en registro, como el atentado contra el abogado Jordi Veras, en el que todos los sicarios eran policías, como policías eran quienes aportaron los datos para la ubicación de la víctima.

¿Que La Policía tenga la prerrogativa de andar matando gente en la calle, lo convierta en un procedimiento regular, alterando informes y escenas,  manipulando testimonios, colocando pruebas falsas, con una u otra excusa? Esa es una rueda que asciende sola y no se para espontáneamente.

Esta barbarie es una política de Estado, implementada  por el gobierno y particularmente por el Presidente Leonel Fernández,  quien ha estado al frente de la administración pública por más tiempo, mientras el problema ha tomado auge.

El Presidente Fernández  nombró al frente de La Policía los dos grandes hitos en la historia reciente de los asesinatos de esa institución, el actualmente echado a un lado, Pedro de Jesús Candelier y el todavía sin desechar, Rafael Guzmán Fermín, cuyo alias, "El Cirujano", responde a la consagrada costumbre de disparar a los reos bajo custodia policial a  las rodillas, para mutilarlos permanentemente, si los dejan vivos.

Quien prohijó eso, por ineptitud, por cobardía, por desidia o por conveniencia es un monstruo, más insensible y más culpable que los propios ejecutantes y es el responsable de que en las calles de la República Dominicana, matar una persona pobre, sea lo mismo que aplastar un mosquito.

Les dejó que probaran habitualmente sangre gratis y alimentó la adicción.

Resulta terrible y conmovedor el vídeo que presentó Marino Zapete de la masacre protagonizada hace poco en Salcedo, donde protestaban por el asesinato impune de una persona por parte de un policía, con las actuaciones atroces de los militares ante un joven baleado y moribundo que trasladaban al hospital.

No sé si han visto el vídeo del oficial de la policía, tan deportivamente matando por la espalda a un alcalde Azua y la posterior llegada de una patrulla, que no se molestó ni verificar si la víctima había muerto o si todavía podría auxiliarse de alguna forma. ¡cuánta barbarie! ¡Qué brutalidad!

Se habla de varios miles de personas, en su mayoría jóvenes en condiciones económicas precarias, asesinadas por La Policía durante los gobiernos de Leonel Fernández, una carnicería cuantitativamente similar a la acontecida durante la época de los 12 años de Balaguer.

El ex profesor  universitario, que se pasea por el mundo hablando de derechos, no dio con una fórmula menos truculenta de bregar con problemas sociales, que asesinando jóvenes depauperados en las calles.

Todo esto ha estado pasando y creciendo y agravándose, sin que las autoridades, la sociedad y los medios se alarmen.

El escándalo lo arman ahora, porque no se respetó una jerarquía. El problema es de modales y formas, porque principios y esencias hace tiempo que volaron por los aires pateados en el trasero.

Desde hace añales La Presidencia, La jefatura policial y diversas dependencias estatales  tienen en sus manos los estudios y diagnósticos que recomiendan con urgencia una reforma policial, modernizando y profesionalizando esa institución, que ahora es la principal fuente de mano de obra en el próspero mercado de los sicarios, tiene participaciones estelares en los negocios de narcotráfico y aporta lo suyo al crimen organizado y la delincuencia común.

Desde luego que ninguna reforma policial dará verdaderos resultados, mientras el resto de las autoridades siga siendo un grupo de delincuentes y ladrones impunes,  pero este desmadre hay que comenzar a organizarlo de alguna manera y por algún sitio.

Ojalá el próximo presidente, con toda y su dudosa legitimidad, desee sentar alguna diferencia con su predecesor y en vez de vaciarse en discursos, se tome en serio este problema y reforme a los chivos sin ley. Y que no salga tan gallina. Ni tan avestruz.