“El objetivo fundamental de la política minera es impulsar el crecimiento del sector minero como importante factor del desarrollo económico del país, mediante el aprovechamiento integral, planificado y sostenible de las sustancias minerales existentes en el territorio nacional y en su mar patrimonial”-Anteproyecto de Ley de la Minería Nacional.
La explotación de los recursos minerales debe ser permitida por cualquier Estado bajo el paragua de una política minera nacional de largo plazo, entendida como política sectorial de Estado, en coherencia con la estrategia nacional de desarrollo.
Esta política, que pasa por el análisis del contexto minero y de la realidad institucional existente, así como por el planteo preciso de los principales desafíos asociados al desarrollo sectorial, tendría éxito en sus cometidos siempre que no sea desvirtuada o detenida por los proyectos de corto y mediano plazo (4 años) de los partidos del sistema. Ello no implica en absoluto que no sean incorporadas a la política las propuestas relevantes contenidas en los programas de los partidos, siempre que ello no suponga la ruptura radical del rumbo estratégico adoptado previamente.
De aquí que el éxito de la política minera supone necesariamente cierta objetiva madurez política de las clases dirigentes, aferradas todavía a la primitiva y perniciosa práctica de no reconocer los avances de las administraciones precedentes, a veces incluso pertenecientes al partido ganador de turno. Muchas veces, costosos proyectos fueron abandonados en el contexto de “nuevos comienzos estratégicos” que niegan abiertamente las trayectorias de largo plazo del Estado, trazadas sobre la base de amplios consensos.
La inclusión de la obligación de formular y administrar una política minera nacional pretende romper con la maldición de la multiplicidad de rumbos en función de la diversidad partidaria, por lo menos en el sector minero nacional, si bien debemos reconocer que en los últimos años se verifica cierta coherencia global de la trayectoria gubernamental, tanto en términos estratégicos como presupuestarios, con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2012), a través del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
El nuevo anteproyecto de ley de la minería nacional eleva al rango de política sectorial el direccionamiento estratégico a largo plazo del sector, así como la obligatoriedad del órgano rector, en nuestro caso del Ministerio de Energía y Minas, de implementar en todas sus aristas dicha política, la cual se apoya en los siguientes pilares (establecidos sobre bases constitucionales y lineamientos de la END):
- Institucionalidad moderna y eficiente, para generar estabilidad, calidad técnica, consistencia, eficacia y eficiencia de las decisiones de política a nivel sectorial, asegurando su sintonía con las políticas transversales de la Administración.
- Interés nacional y contribución al desarrollo sostenible de la nación: el interés nacional, como la brújula que debe guiar las decisiones y comportamientos de los servidores, siendo la fuente primaria de legitimidad de las primeras; la sostenibilidad, como garantía de satisfacción de “las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para lograr sus propias necesidades” (Informe Brundtland de la Comisión Mundial del Ambiente y Desarrollo (Naciones Unidas, 1987, p. 43).
- Autoridad minera responsable, lo cual significa, al decir de Robert Goodland, conocido experto del Banco Mundial (cofundador de Chomping Climate Change), “tener la capacidad de tomar decisiones morales y por consiguiente poder rendir cuentas; ser susceptible de revisión legal o en caso de fallas, a penalidades; basarse o caracterizarse por su buen juicio o sensatez; ser honesto, capaz, confiable”.
- Seguridad jurídica para asegurar a todos los dominicanos, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales, establecidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales vigentes; así como, de modo particular, los derechos adquiridos por los actores del sector, bajo cualquier modalidad prevista y en cualquier fase de la industria.
- Condiciones competitivas y trato nacional, para propiciar las condiciones que permitan impulsar la inversión y las nuevas tecnologías en la industria minera, incrementar la renta estatal minera a través de impuestos (nunca perder), patentes y regalías, y crear empleo formal para sacar adelante país, recibiendo los extranjeros el mismo trato que los nacionales.
- Confianza legítima, para fomentar, como obligación del Estado, una relación de mutua confianza entre el Gobierno, las empresas mineras y las comunidades de los territorios depositarios de recursos minerales.
- Infraestructura para facilitar el funcionamiento del capital y elevar el nivel de bienestar, tanto de las comunidades cercanas a los proyectos mineros, como de toda la nación.
- Información oportuna, transparente y eficiente, para ampliar el conocimiento geológico-minero del territorio dominicano, fortalecer los sistemas de información minera que le dan soporte al desarrollo de la actividad y apoyar el Servicio Geológico Nacional (SGN) en sus funciones de investigación, estudio y suministro de información para la toma de decisiones en el ámbito de la minería nacional.
- Rendición de cuentas, para evidenciar el cumplimiento, por parte de las autoridades mineras, de rendir cuentas a todo público sobre sus decisiones y actuaciones en los términos y condiciones determinados por la ley. También se refiere a que el Estado debe informar sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas, conforme a sus atribuciones en materia de auditoría, vigilancia y fiscalización, incluida la información sobre montos recaudados por concepto de tributos y contraprestaciones (regalías y patentes), mostrando evidencias sobre sus usos finales.
- Sostenibilidad del medio ambiente y de la biodiversidad, cumpliendo los compromisos institucionales y transversales en materia ambiental y de biodiversidad, cambio climático, agua y minería nacional.
- Compromiso social, participación e inclusión, como el camino más expedito para desarrollar y fortalecer la capacidad de prevenir y resolver los conflictos sociales y ambientales que surgen en el proceso de desarrollo de la minería metálica y no metálica nacional.