Según la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 216, la organización de los partidos políticos es libre. Para su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia. Por su lado, el apartado 41 de la ley electoral reseña que el fin primordial de los mismos es participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado.
Esas disposiciones normativas son más que suficientes para suponer la existencia de partidos políticos fuertes en nuestro sistema democrático. Pero no es así. Amplios sectores de la sociedad hacen reclamos por su fortalecimiento. Y es que la ambición de esos dos textos debe materializarse en una norma general que ajuste a los partidos al ideal de la democracia.
Por eso el “Considerando Quinto” del proyecto de Ley de Partidos Políticos, presentado por la Junta Central Electoral (JCE), advierte que “…es necesario crear un marco legal que garantice y afiance la democracia interna en los partidos y agrupaciones políticas, así como el fortalecimiento de los liderazgos políticos locales y nacionales al interior de una democracia de ciudadanía que importantice la formación de talentos y la capacitación de los cuadros políticos y de líderes con reglas claras y principios éticos, capaces de promover y ejercitar la transparencia en el ejercicio político y de representar con amplitud las diversas opciones ideológicas y la pluralidad de sectores de la vida nacional”. Esta sola justificación parecería suficientemente válida, pero hay muchas más que hacen hablar a algunos de una situación de crisis.
Ahora bien, ¿están los partidos políticos dominicanos en crisis? Estimo que hablar de crisis sería sobredimensionar la realidad marcada por las falencias de una legislación actual que es permisiva con acciones antidemocráticas, lo que se suma a la falta de una cultura de reclamos judiciales por parte de los afectados. Sin lugar a dudas, hay notables debilidades que de no ser atendidas en lo inmediato (con un nuevo marco jurídico) darían paso a una situación real de crisis que desbordaría la capacidad de respuesta de las instituciones del poder administrativo y jurisdiccional (JCE, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral) y al surgimiento de liderazgos políticos falsos e impuestos.
En ese sentido, el profesor Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca, España, en su conferencia “El escenario político latinoamericano a la luz de los procesos electorales en el 2014-2015”, coordinada por la Universidad Católica Santo Domingo y el Grupo Santo Tomás Moro, en el mes de marzo de 2016, considera que la debilidad de los partidos políticos y de los sistemas de partidos en algunos países ha llevado a su casi eliminación del espacio público y su sustitución por una práctica basada en candidatos que, fuera de todo cauce disciplinario y programático partidista, ejercen una carrera política autónoma.
Pero todo esto forma parte de un proceso que va superándose con los avances del respeto a los derechos de ciudadanía y a los derechos fundamentales. El paso de gobiernos autoritarios a sistemas democráticos tiene mucho que ver con la forma en que se ha desarrollado la vida de los partidos políticos. Recordemos que la democracia se ha ido estructurando lentamente y los partidos no escapan a ello, cualquiera que sea su ideología.
Incluso, en la clasificación de los partidos políticos de Kaare Strom en: 1) orientados a los votos; 2) orientados a las políticas; y 3) orientados a los cargos, estos parecen no distar de la realidad de muchos partidos hoy en día, independientemente de las distintas críticas doctrinales al esquema del politólogo noruego.
El partido que busca políticas se corresponde con la imagen de lo que muchas personas piensan debe ser un partido en una democracia liberal. El partido que busca votos tiene como máxima prioridad el ganar elecciones, las políticas y los debates programáticos no están excluidos, sino que son manipulados para maximizar el apoyo electoral. Por su parte, el partido que busca cargos aspira a llegar al poder principalmente con otros, bien para sobrevivir, para actuar como un estabilizador o proveedor de equilibrio dentro del sistema o, lo que es más probable, para lograr el acceso a las subvenciones. (Wolinetz, 2007). La realidad dominicana no escapa a ello, pues podemos asegurar que los partidos políticos deambulan incesantes en esa tríada.
Por su parte, el profesor Alcántara (2016) plantea que el mecanismo institucional que impone el presidencialismo, así como el fenómeno ampliamente asentado de la personalización de las campañas electorales, junto con el deterioro de la confianza en los partidos por parte de la sociedad, es parte de las debilidades.
Finalmente, considero que es cierto, la ley no es la panacea definitiva, pero sí el inicio del encauzamiento hacia lo que debe ser. Se hace necesaria una ley de partidos políticos, es más, se hace urgente, pero una ley que esté acorde a las exigencias constitucionales y democráticas, al respeto a los derechos fundamentales, a los derechos de ciudadanía. No una “ley parche” que tape debilidades y las disfrace de fortalezas. Bendiciones.
Wolinetz, Steven B. (2007). Partidos Políticos. Viejos conceptos y nuevos retos. Capítulo 5: Más allá del partido catch-all. Fundación Alfonso Martín Escudero. Editorial Trotta, Madrid.