A mi amiga Geanilda Vásquez, con el mismo cariño.
En principio la condición de querellante en un proceso determinado es atribución de quien resulte ser víctima como consecuencia del hecho punible objeto de la persecución. A partir de ese criterio legal establecido en el artículo 85 del Código procesal Penal, se pudiera pensar que en un caso como el de Odebrecht un particular que no haya sido directamente afectado no podría presentarse como querellante; sin embargo la realidad legal es otra, pues el mismo artículo 85 en párrafos siguientes dispone que en aquellos hechos que afecten intereses difusos o colectivos o que perjudiquen asuntos de interés nacional como el interés ecológico o el patrimonio histórico o cultural del País podrán constituirse como querellantes las asociaciones y fundaciones siempre que el objeto de esas agrupaciones esté ligado o vinculado a esos intereses.
La ley va más lejos y otorga derecho a querellarse a cualquier persona cuando los hechos hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas o cuando las violaciones afecten derechos humanos. Cuando la ley dice “cualquier persona” no establece categoría entre las mismas por lo tanto las personas jurídicas como los partidos políticos pueden actuar como querellantes en hechos como los que se le atribuyen a la empresa brasileña.
Por si fuera poco, la Constitución de la Republica al referirse al control de la legalidad de la administración pública dispone que los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la administración pública y que la ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos en la ley.
Todo esto quiere decir que las querellas presentadas por individuos e instituciones sociales contra las personas implicadas en el caso Odebrecht están amparadas en la ley y deberán ser aceptadas en cuanto a la forma si han sido implementadas de conformidad con los requerimientos del Código Procesal Penal. Se espera que los partidos políticos se animen y salgan al ruedo en esta lucha legal contra la corrupción que en cierto modo es culpable de la extrema pobreza en la que viven gran parte de los dominicanos.