La población de nuestro país, creo que por alguna patología mental, ha perdido la capacidad de asombro y la capacidad de hacerse preguntas ante realidades que parecen sacadas de novelas de horror. En estos días se está debatiendo tímidamente en los medios de comunicación de masas la fortuna de un senador de la res pública ascendente a tres mil sesenta millones de pesos y la muerte por falta de oxígeno en las instalaciones de neonatología del hospital pediátrico público de mayor importancia del país, de once recién nacidos. Esta Dantesca realidad no mueve a asombro a nadie dentro de la estructura gubernamental ni dentro de ningún estamento de la sociedad dominicana.
Tratando de buscar las causas de los decesos de los niños, me atrevería a preguntarles a los juristas que dentro de poco se abocarán al debate sobre la modificación de la constitución de la república para introducir la reelección presidencial, sí: ¿El senador de los tres mil sesenta millones de pesos tiene o no responsabilidad criminal y/o civil dentro de esas once muertes de infantes y de las anteriores?
En nuestro país los servidores públicos no pagan las consecuencias de sus falta con la renuncia, ni con la aplicación de las leyes a sus actuaciones; las muertes de los once niños, en un país donde los funcionarios respeten a la nación, causaría la renuncia de los responsables ya sean estos: Ministros, directores o cualquier otro servidor público, y cuya negligencia sea la causa del hecho; pero en los últimos años hemos estado siendo gobernados y dirigidos por una tecnocracia con actitudes dinásticas, a la cual la responsabilidades de sus actos no la incrimina y no la hace merecedora de las consecuencias civiles y/o penales establecidas en las leyes.
La realidad de las muertes de los once infantes está evidenciando que la corrupción mata, desnutre, prostituye y atrasa a nuestra nación, la que por patología, desinterés, amiguismo, corrupción, chercha y cualquier otro mal social, no aplica el imperio de la ley a cualquier persona que la transgreda.