Los países desarrollados, por lo general tienen sistemas democráticos, políticas públicas, leyes y disposiciones firmes y supuestos a ser inquebrantables. Tal es el caso que, cuando una situación extrapola las normas, los límites, disposiciones o costumbres, los pueblos se encargan de exigir la restitución de la normalidad o alerta ante posibles desviaciones.
En cuanto a los asuntos de seguridad y defensa nacional, en la República Dominicana, (país declarado democrático), emitir juicios sobre ingerencias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es catalogado como un hecho de indisciplina y evidentemente puede costar una carrera y hasta la pensión.
En estos países considerados avanzados, cualquier sospecha de injerencia de parte de las Fuerzas Armadas en los asuntos de Seguridad Interior, Pública o Ciudadana se puede convertir en algo alarmante, cosa, que reiteradas veces pasan y es como si no sucedieran, lo que trae graves confusiones, debilita la institucionalidad y disipa la moral de los policías, entre otros males.
Una muestra de ello, es el editorial publicado en el New York Times, el 29 de julio de 2009, donde se muestra la gran preocupación reinante en los límites que deben tener los militares respecto a los policías en los Estados Unidos.
Es evidente, que, ni en nuestra República Dominicana, ni en Estados Unidos, ni en cualquier parte del mundo los militares son la policía. Lo que tenemos son ingerencias que cargan con el mal funcionamientos de estas instituciones.
Para su mayor entendimiento, reproduzco el referido artículo traducido del inglés por una amiga policía:
“Los militares no son la policía”
Editorial New York Times
29 de julio de 2009.
“Fue inquietante aprender el otro día que la última administración gubernamental, violó las leyes que restringen a los militares de participar en asuntos policiales cuando el Presidente George W. Bush considerara el envío de tropas militares a un suburbio de Buffalo en 2002 para detener a unos sospechosos de terrorismo. Lamentablemente, esto no es necesariamente un problema del pasado. Hay que hacer más para asegurarse de que no es ilegal desplegar militares en este país.
La Ley de los Actos Posse Comitatus de 1878 prohíbe de forma general el que los militares participen en actividades policiales dentro de los Estados Unidos. Si agentes armados van a derrumbar las puertas de los estadounidenses o arrestarlos en las calles, entonces deberían responder a las autoridades civiles.
A pesar de este principio básico, The Times Mark Mazzetti y David Johnston, informaron la semana pasada, que funcionarios de la administración superior de Bush, incluyendo (sin sorpresa) al Vice Presidente Dick Cheney, sostuvieron que el presidente tiene la autoridad para utilizar a los militares en una ronda de sospechosos de pertenecer a la célula terrorista conocida como Lackawanna Seis.
El Sr. Cheney y otras personas citaron un memorando jurídico co-escrito por John C. Yoo (autor de la infame tortura de memoria), que hizo la reclamación sin fundamento de que los militares pueden ir tras los acusados de ser terroristas de Al Qaeda en suelos de los Estados Unidos, porque sería un asunto de seguridad nacional, no de policía.
La controversia de Lackawanna Seis es historia, pero hay signos preocupantes de que los militares se están involucrando ellos mismos en los asuntos de policía. La Unión Americana de Libertades Civiles ha sido la voz de alarma sobre la proliferación de "centros de fusión", en el cual autoridades federales, estatales y locales cooperan en asuntos policiales de lucha contra el terrorismo. Según la ACLU, las líneas divisoras se han difuminado, y estos centros han involucrado personal militar en la aplicación de la ley nacional. El Congreso debería investigar esto.
Janet Napolitano, la secretaria de seguridad, dijo el miércoles que la fusión de centros no tenía la intención de tener una presencia militar, y que ella no tenía conocimiento de lo que hizo. Prometió una mayor transparencia acerca de qué papel, si lo hubiere, está jugando la milicia en esto.
Los libertadores civiles también se plantean interrogantes acerca de un programa conocido como “Fuerza de Respuesta químico, biológico, radiológico/Nucleares y Explosivos de Alto Rendimiento de la gestión de las consecuencias”. El Ejército dice que su objetivo es que las tropas en servicio activo estén listas para reforzar a la policía en situaciones catastróficas, como un ataque con un arma nuclear. Esto podría ser legal, pero el funcionamiento de estas unidades son turbias. Una vez más, el Congreso debe garantizar que los militares no se muevan en zonas prohibidas.
Algunos de los militares que han cruzado la línea, parecen ser agregados. A principios de este año, cuando un hombre en un pequeño pueblo en Alabama entró en un frenesí de disparos, tropas del Ejército se presentaron en la calle para participar como refuerzo de la policía. Aún no está claro exactamente qué papel desempeñaron. Es importante que los militares estén bien capacitados en lo que la ley manda y lo que la ley no permite.
Después de la falta de respeto a la Ley de Posse Comitatus en los niveles más altos de la administración anterior, Obama, la Casa Blanca y el Congreso deben garantizar que las líneas entre los militares y los policías sean restauradas con claridad, y que sean respetadas.”
En nuestro país es recurrente el irrespeto de nuestra Constitución, leyes y demás normas, pero es alentador que en estos momentos nuestro presidente Luís Abinader esté cambiando nuestra cultura dando el ejemplo y exigiendo el cumplimiento de la ley, especialmente, a sus funcionarios públicos, por lo que es oportuno que reflexionemos sobre desmilitarizar nuestra Policía Nacional y despolicializar a nuestras Fuerzas Armadas, estableciendo límites y redefiniendo ambos roles con claridad.
Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Todo por la Patria.
(Publicado por primera vez 02 de agosto de 2009).