No basta con suspender las deportaciones. Debemos tomar en cuenta a los inmigrantes y sus familiares para la asistencia social como medida importante ante el COVID-19, así como a los refugiados y personas en riesgo de apatridia.
Para que el Gobierno Dominicano pueda detener el contagio del virus COVID19 se requieren de medidas que aseguren que la gente pueda quedarse en sus casas durante la cuarentena y cumplir con las orientaciones de las autoridades. Sin embargo, las medidas que se vienen tomando desde el gobierno Dominicano, para incentivar que la gente se quede en su casa, no son efectivas para las personas migrantes, particularmente aquellos indocumentados, que trabajan en el sector informal de la economía.
Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2017 realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE 2018), la República Dominicana tiene aproximadamente 600 mil inmigrantes que representa el 5.6% de la población que vive en el país. El 87% son haitianos y el 4.5% son venezolanos y más del 70% de los inmigrantes están en la zona urbana.
A esto se agrega un grupo importante de personas nacidas en la República Dominicana, que desciende de migrantes haitianos, y que la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional ha dejado en riesgo de apatridia.
Ninguno de estos grupos podrá beneficiarse de los programas “FASE” ni “Quédate en Casa” por carecer de la documentación requerida. Un 30% de este grupo poblacional que se encuentra en el sector agropecuario, sigue trabajando con normalidad porque este sector se considera necesario para abastecer el mercado local de alimentos.
Si no se toma en cuenta a los inmigrantes en los programas de asistencia social que promueve el gobierno podríamos ver agravada la crisis sanitaria, ya que el contagio avanza mucho más rápido en los lugares donde las personas viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y que se ven obligadas a salir de sus casas para buscar alimentos para sus familiares.
Experiencias como el COVID-19 nos obligan a realizar mayores esfuerzos para la regularización de la presencia de los inmigrantes en suelo dominicano. En situaciones como las que estamos viviendo se requiere que el Estado tenga las condiciones para proteger a toda la población que vive en su territorio.
Sin lugar a duda el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), puesto en marcha en 2014, fue una buena iniciativa que pudo ayudar a mitigar la situación de indocumentación de migrantes en el país, pero su implementación fue demasiado tímida. Muchos inmigrantes no han podido renovar su carnet de estancia regular en el país, mientras otros continúan sin estatus definido.
Hasta ahora los países más afectados por el virus son receptores de una cantidad significativa de migrantes: España, Italia y Estados Unidos. Actualmente son los países occidentales donde el virus ha ocasionado mayor estrago, superando a China donde surgió. En estos países, los migrantes superan el 10% de sus habitantes, en el caso específico de Estados Unidos es un 14% de su población.
Algunos de estos países han incluido a los inmigrantes en sus programas de asistencia social por el COVID-19. Por ejemplo, el gobierno español ordenó la suspensión temporal de la obligación de disponer de documentos para recibir ayuda del Estado.
Las buenas prácticas a escala global apuntan a facilitar la integración del migrante en el Estado receptor, y mientras se encuentra en situación de indocumentación el Estado debe dar garantía que sus derechos humanos serán respetados.
Cabe recordar que en diciembre del año 2018, más de 150 países firmaron el Pacto Mundial sobre Migración promovido por las Naciones Unidas, primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de las migraciones y proteger a los migrantes.
La República Dominicana fue uno de los pocos países de la región que no se adhirió al pacto, a pesar de haber participado activamente en las reuniones de preparación de alto nivel. El acuerdo no tiene carácter vinculante, pero coloca debidamente a los migrantes en las agendas de los gobiernos adherentes.
Además, el Pacto Mundial sobre Migración contemplaba una serie de garantías para los migrantes indocumentados, que en situaciones de emergencia podrían facilitar el acceso de la asistencia gubernamental.
No basta con suspender las deportaciones, que por sí es justo y necesario. Debemos tomar en cuenta para la asistencia social y medidas de contención que evite la propagación del COVID-19, a los inmigrantes, refugiados y personas en riesgo de apatridia.