La sociedad no termina de percatarse del peligro que amenaza la convivencia civilizada, fruto de los sucesivos linchamientos de supuestos delincuentes que vienen sucediéndose, y la agravante de que los ejecutores piensan, erróneamente, que esas acciones forman parte de una conducta socialmente adecuada.
Es decir, se percibe en el ambiente, la percepción de que la colectividad ha ido asimilando las ejecuciones extrajudiciales como un remedio legal que no contraviene la norma y que encuentra sobradas justificaciones en una supuesta y propalada ineficacia del andamiaje judicial, lo que además de constituir un augurio poco promisorio para la nación, nos coloca en la desembocadura de una posible suplantación de la autoridad.
Frente a esa conducta reprochable y antijurídica asumida por los ciudadanos que se agrupan para cometer los más terribles y desproporcionados excesos en contra de presuntos delincuentes, es necesaria la reacción de las autoridades para impedir que continúen tomándose la justicia en sus propias manos, y nos sigan retrotrayendo a los execrables episodios de la era de la venganza privada, denominada también venganza de la sangre o época bárbara.
Podríamos hacer referencia a más de un capítulo en que se destacan sucesos de linchamientos, recogidos en escenas espeluznantes y dantescas, pero entendemos innecesaria la recreación de las irracionales palizas que reciben presuntos delincuentes ante de su expiración, por parte de ciudadanos que en nombre de la justicia terminan cometiendo crímenes más bochornosos que el atribuido a sus propias víctimas.
Algunos pretenden justificar este comportamiento en una supuesta ineficacia del sistema judicial; sin embargo, si se recurre a las estadísticas podrá observarse que en los últimos años los tribunales han emitido más sentencias condenatorias que en cualquier otra época, lo que evidencia que no solo con la sanción se extirpa la delincuencia, se requiere de la implementación de otras medidas sociales, sobre todo, en beneficio de la juventud, como mecanismo de prevención.
Nos sentimos plenamente identificados con los padecimientos de las víctimas de las acciones desaprensivas, pero no podemos perder de vista la peligrosidad que entraña el ejercicio de la venganza privada, que se practica fuera de todo control y en detrimento de la estabilidad colectiva, suplantando la facultad de castigar que corresponde a la autoridad pública, que la ejerce con criterio científico y dentro de un marco de racionalidad y proporcionalidad.