Tres son los ejes para la impartición de justicia en el Estado de Derecho: independencia, sometimiento a la ley y responsabilidad. La imagen del juez encerrado en una urna de cristal es cosa del pasado. Igualmente fue superada la tesis de Montesquieu de que los jueces son la boca que pronuncia la palabra de la ley.
En teoría no es discutible la vinculación del juez a la ley, pero en la práctica deja mucho que desear, pues a pesar de los preceptos legales, el juez tiene un margen de libertad en su interpretación, un toque de subjetividad y la carga emocional de sentimientos.
El arbitrio judicial, aunque pueda ser arbitrario, difícilmente implicará para el juez otra responsabilidad que la de su propia conciencia. Pero no siempre la independencia del Poder Judicial garantiza las decisiones judiciales justas o evita que los jueces se transformen en verdugos en lugar de servidores de la justicia. Para evitarlo, el juez no solo debe estar vinculado a la ley, sino también al derecho.
La selección que debe hacer próximamente el Consejo Nacional de la Magistratura debe estar orientada a no llevar al Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia jueces sin rostro y sumisos a sus electores. No quiero jueces pusilánimes, arrodillados ante el poder político, económico o social. Tampoco jueces prepotentes, sabelotodo, pero ciegos ante sus propias limitaciones humanas.
Quiero jueces humanos, sujetos de carne y hueso, con pasiones y sentimientos, defectos y virtudes, con creencias e ideologías, con toda la tentación que ello implica. Pero jueces respetuosos del principio de legalidad, con lo cual deberán aplicar e interpretar correctamente la Constitución y las leyes, sin miramientos ni factores externos espurios.
El liderazgo de Danilo Medina debe ser la garantía ciudadana de elección de jueces supremos sin dobleces, capaces de dar motivaciones -no excusas- en sus decisiones. No quiero jueces plegados a quienes los eligieron y que no tienen el menor remordimiento de mandar a prisión por pura conveniencia política o por factores ajenos a la justicia. Es de estos jueces de los que dijo Tucholsky: “El pueblo tiene en sus tribunales de justicia la confianza que éstos merecen. No merecen ninguna”. En definitiva, nuestro derecho ciudadano es a tener jueces que actúen en defensa de los valores democráticos.