Ante un nuevo proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y de las altas cortes, la ciudadanía dominicana está a la expectativa de que la selección de los hombres y mujeres en tan delicadas tareas sea transparente y con amplio consenso social.
Desafortunadamente en los últimos años, salvo contadas excepciones, la escogencia de muchos de los miembros de organismos encargados de arbitrar los procesos sociales democráticos vitales ha dejado mucho que desear.
Las llamadas cuotas interpartidarias (repartición de miembros entre los partidos de las altas cortes o del organismo electoral) ha perjudicado en gran manera la credibilidad que debería tener la población en sus jueces, por la inclinación a favorecer a intereses políticos de turno.
Lo ideal sería mejorar el perfil de los aspirantes a través de leyes adjetivas y que los legisladores puedan ejercer un verdadero rol de representatividad al escuchar diversos sectores de la sociedad sobre diversas personas que tienen la vocación de administrar justicia, vigilancia y supervisión del ejercicio del poder público y los derechos de los ciudadanos.
El pueblo dominicano ha sufrido procesos sociopolíticos negativos frustratorios como es el caso de las pasadas elecciones presidenciales y congresuales las cuales tuvieron un gran porcentaje de insatisfacción y quejas por la falta de transparencia. También por la carencia de jueces probos y confiables para combatir la corrupción y el tráfico de influencias derivado del poder político.
En estos momentos los acuerdos aposentados entre los partidos para supuestamente “crear un equilibrio” y repartirse los miembros de los diferentes organismos judiciales y administrativos es un modelo funesto.
Impera en la actualidad una importante transformación que lleve el mensaje a la ciudadanía de que tendrá mejores árbitros o jueces que podrán garantizar el ejercicio de sus derechos. En ese aspecto la sociedad civil y otros grupos organizados pueden aportar mucho.
El consenso extrapartidario es la solución a la amplia inconformidad y descrédito, que no tenemos que mencionar porque se ve y se escucha a diario. Es vigente la concepción aristotélica de que para medir el desarrollo de los pueblos, basta con indagar si cuentan con una verdadera justicia.
La justicia social está en juego con los resultados de los aprestos y diligencias de los legisladores en el Congreso en la elección de los miembros de las altas cortes, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral. De estos organismos depende que la nación dominicana pueda salir de uno de los temas del subdesarrollo: la restricción del ejercicio de los derechos básicos de la ciudadanía que son el derecho a elegir y recibir una justicia temprana e incorruptible.