El ejercicio del voto, consagrado como un derecho por la Constitución, implica una expresión de militancia, adhesión o simpatía política, a despecho de quien de los candidatos o partidos se beneficien. La observación viene a propósito de muchas de las injustas objeciones que se hicieron a varios de los aspirantes a ocupar las vacantes llenadas este lunes en el Tribunal Constitucional y en especial a uno de los escogidos.
No cabe duda alguna de que antes y después de su elección los jueces originales de esa corte ejercieron su derecho a votar por los candidatos de sus preferencias y probablemente varios de ellos, quien sabe si la totalidad, ocuparon posiciones en gobiernos de partidos del que fueron incluso dirigentes. Tal es el caso, por ejemplo, del presidente del tribunal, el doctor Milton Ray Guevara. Y con toda seriedad pregunto: ¿Acaso ese historial lo inhabilita o inhabilitó para ser seleccionado para la elevadísima posición que desempeña? Por supuesto que no. Poner reparos a un juez de la seriedad y gran desempeño del presidente del tal vez más alto e importante tribunal de la nación por sus simpatías o inclinaciones políticas, si las tuviera, me parecería irracional, porque lo que se requiere de un buen juez es su compromiso y respeto por el derecho y la justicia.
De manera que independiente de que algunos o todos, si fuera el caso, de los cuatro jueces escogidos para llenar las plazas del Tribunal Constitucional votaron a favor de la reelección del actual presidente no sería razón suficiente para objetarlos, porque lo mismo aplicaría para aquellos que pudieran haber votado o trabajado para evitar que resultara elegido, como de seguro pudo haber ocurrido. Además, todos sabemos que en su momento la composición de las llamadas Altas Cortes no estuvo libre del pecado que hoy intenta atribuírsele a la decisión tomada esta semana por el Consejo Nacional de la Magistratura.