El proyecto de presupuesto correspondiente al 2017 que ha presentando el Poder Ejecutivo al Congreso nacional para fines de aprobación ha generado muchas controversias entre los contribuyentes debido, entre otras razones, a las medidas que se han incluido en el mismo con el propósito de incrementar las recaudaciones con las cuales hacer frente a las múltiples solicitudes y exigencias provenientes de sectores diversos de la sociedad, sobre todo en el ámbito de la política social.
El proyecto de presupuesto contempla ingresos corrientes y de capital por la suma de RD$539,513,193,018, gastos corrientes y de capital por el monto de RD$624,407,045,081 y financiamiento neto por la diferencia negativa entre ingresos y gastos, es decir, por RD$84,893,063. Los ingresos superarían a los 2016 en la suma de RD$63,881 millones y los gastos en RD$47,700 millones.
De ese incremento contemplado en los ingresos RD$42,181 millones provendrán del crecimiento vegetativo del producto bruto interno (PIB) y RD$21,700 millones de la mayor eficiencia recaudatoria, es decir, como resultado de un conjunto de medidas encaminadas a reducir la evasión y la elusión tributaria. También por incremento de los peajes, por el aumento en las placas de los vehículos, por la aplicación del 10% a los dividendos que distribuyan las empresas de zona franca, entre otras diligencias parecidas.
Entre las medidas encaminadas a reducir la evasión fiscal se contempla el cobro por adelantado en la Dirección General de Aduanas del 50% del ITBIS que se carga a las importaciones de materias primas, maquinarias y equipos que realizan las empresas acogidas al régimen de Proindustria. Este porcentaje se venía cobrando con posterioridad en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero por lo que se percibe, se tiene la impresión de que ese proceso de retardar el cobro de ese impuesto ha estado siendo aprovechado por muchos empresarios para evadir el pago de la totalidad del impuesto haciendo declaraciones subestimadas a la DGII.
Se ha argumentado que con la decisión se afecta a pequeñas industrias que se acogen a ese régimen. Sin embargo el Ministro de Hacienda ofrece la información de que en el 2015 las 20 empresas más grandes acogidas al régimen de Proindustria concentraron más del 62% del ITBIS dejado de adelantar en la DGA, ascendente a RD$10,900 millones, lo que constituye una evidente concentración de tales beneficios.
Como era de esperarse la medida ha sido ampliamente rechazada por los directivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), quienes han solicitado al Presidente de la República que la misma sea eliminada del proyecto de presupuesto bajo el argumento de que "constituirá un atentado a la principal facilidad que dispone la Ley de Proindustria para las pequeñas y medianas industrias, exportadores y productores de bienes exentos". Los industriales argumentan, además, que dicha disposición afectaría la seguridad jurídica, el clima de inversión, la producción, las exportaciones nacionales y la generación de empleos en el país.
Es obvio que con tales argumentos los industriales pretenden decir a las autoridades que están actuando en forma contradictoria a lo que se ha estado pregonando en el sentido de adoptar medidas que incrementen la eficiencia y la capacidad exportadoras del sector productivo nacional.
Sin embargo, el ministro de Hacienda entiende que es incorrecto pensar que la decisión de adelantar el cobro en la DGA del referido 50% del ITBIS ponga en riesgo la estabilidad y la competitividad de las empresas acogidas al régimen de Proindustria.
Ha dicho el Ministro que "la mayoría de estas empresas tienen muchos años establecidas en el mercado y además, son industrias maduras, con un alto grado de concentración de mercado, con capacidad de tributar y contribuir con los aportes que el fisco requiere".
El funcionario agrego que a los empresarios se les olvida que esta medida no es nueva, debido a que fue aplicada transitoriamente en el año 2011 y ese sector no objetó adelantar el cien por ciento del ITBIS en la DGA, como ocurre en la mayoría de los países de la región, sin que esto afectara la competitividad ni la innovación de las industrias.
Los empresarios argumentan que la medida afecta la competitividad y el flujo de caja de las empresas acogidas al beneficio de de diferir el pago del ITBIS, y agregan que no se trata de un gasto tributario sino de una facilidad que se otorga a industrias que generan empleos, divisas y mayores ingresos fiscales para el Estado.
De lo que más se benefician los empresarios es de la facilidad de disponer temporalmente del flujo de caja que le genera el pago diferido del impuesto. En cierta medida esto se podría definir como un financiamiento que le facilita el Estado sin costo financiero alguno.
Se ha argumentado que con la decisión se afecta a pequeñas industrias que se acogen a ese régimen. Sin embargo el Ministro de Hacienda ofrece la información de que en el 2015 las 20 empresas más grandes acogidas al régimen de Proindustria concentraron más del 62% del ITBIS dejado de adelantar en la DGA, ascendente a RD$10,900 millones, lo que constituye una evidente concentración de tales beneficios.
Las autoridades han expresado que a los industriales se le han ofrecido otras muchas facilidades e incentivos que no ha sido dejadas sin efecto, y citan las siguientes:
- a) Para que pudieran preservar la competitividad frente al impacto negativo de la apertura comercial relacionada con el acuerdo de libre comercio, se le redujo a tasa cero el arancel de 2,903 líneas arancelarias, lo que, como es comprensible, habría de producir una fuerte contracción en las recaudaciones de la DGA.
- b) Se le libero de la obligación de retener el impuesto sobre la renta a las personas físicas o jurídicas con las cuales contraten servicios profesionales.
- c) Se les concedió la depreciación acelerada del valor de las maquinarias y equipos tecnológicos adquiridos para fines productivos.
- d) Se les permitió deducir hasta un cincuenta por ciento (50%) de la renta neta imponible a las inversiones realizadas en la compra de maquinarias y equipos, y tecnología.
- f) Se les permitió excluir de la base imponible del impuesto a los activos, los activos fijos adquiridos durante el periodo de establecido para la renovación de la industria.
- g) Se le concedió dar tratamiento de compra locales de bienes manufacturados, facilidad con la cual las empresas acogidas al régimen de Proindustria pueden vender a otros sectores sin arancel ni ITBIS.
- h) Se le reembolsan los impuestos selectivos al consumo que pagan en la producción de exportación, tales como pólizas de seguro, hidrocarburos y telecomunicaciones.
- i) Se le devuelve el 100% de los impuestos de construcción a los desarrolladores de parques de Proindustria, así como los impuestos de importación, el ITBIS y otros que paguen para el equipamiento de tales parques. Estas empresas gozan además de las ventajas de ser usuarios no regulados de consumo de energía.
Para que no haya confusión al respecto, el Ministro de Hacienda se cuido de asegurar que el gobierno reconoce el esfuerzo de los empresarios industriales encaminado a fortalecer la capacidad productiva del país, y que por ello se le brinda el apoyo que es posible, como parte del compromiso de estas autoridades con el desarrollo económico y social del país en un ambiente de estabilidad de precios.
Si bien no se puede afirmar que los dirigentes empresariales que, como tales, rechazan la medida sean parte de esos empresarios que se aprovechan de la facilidad para evadir el pago de los impuestos, es muy probable que estén conscientes de que esa es una lamentable realidad que tiene lugar, especialmente cuando se trata empresarios inescrupulosos que con su forma de actuar contribuyen a que paguen justos por pecadores. Es lamentable que así sea, pero el problema se genera a lo interno del propio sector empresarial.
Cuando no todos los empresarios actúan de la misma forma se producen distorsiones y ventajas competitivas que contribuyen a la concentración de mercado y que favorecen a unos en contra de otros, además de que se le dificulta al Estado satisfacer las demandas de los contribuyentes sobre todo en un ambiente de tantas precariedades fiscales como es el nuestro.
El propio presidente de la República ha dicho que no está de acuerdo con nuevos impuestos, entre otras razones, por las implicaciones que ello tendría en la competitividad del sector productivo nacional frente a los productores de otras nacionalidades. Sin embargo, también ha advertido que se empeñara a fondo para reducir el alto nivel de evasión en el pago de los impuestos que existe en el país debido a que no se puede manejar una economía en esas condiciones sin que continúe incrementándose en forma preocupante el nivel la deuda pública.