El fenómeno de la corrupción en la esfera pública y privada se ha vuelto un mal tan generalizado y ha crecido tan monstruosamente, que ha obligado a nuestras sociedades a establecer leyes y normativas que coadyuven a controlar los múltiples daños que  generan en el orden político, económico, social y moral.

La corrupción administrativa enriquece a unos cuantos mientras nos empobrece comosociedad, material, espiritual e institucionalmente, haciendo que la ciudadanía sospeche y dude de todos los que tienen responsabilidades en el manejo de la cosa pública.

Esta apropiación individual o grupal de los bienescolectivoses culpable de que nuestra ciudadanía vea disminuir su calidad de vida a consecuencia del impacto que tiene la sustracción de fondos en los servicios estatales, como educación, salud, vivienda, electricidad y mejoramiento social.

Los beneficiarios de la corrupción perjudican principalmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, quienes ven incrementadas sus carencias habituales a causa de la privatización ilícita de los fondos que debieron ser destinados a mitigarlas. La asignación para sí de recursos del Estado debe entrar en una categoría criminal, por la dimensión y la  repercusión social que genera este robo.

Propicia es la ocasión para recordar que junto con lo legal también se use la lógica y el buen sentido para que en ninguna de estas declaraciones se cuelen riquezas racionalmente insostenibles, que no se puedan justificar conforme a los procedimientos de los negocios lícitos

De modo que prevenir, detectar, identificar, sancionar y extirpar las diversas modalidades de la corrupción en el desempeño de las funciones públicas claramente relacionadas con tal ejercicio, debe ser aplaudido y saludado como parte de una loable política de saneamiento de la democracia representativa.

De ahí que nos llama la atención el hecho de que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana tenga que decir en tono de advertencia que los funcionarios públicos electos, reelegidos, designados, ratificados o que continúen en sus cargos después del 16 de agosto próximo, deberán depositar su declaración jurada de patrimonio en un plazo de 30 días, a partir delaindicada fecha,  en que asumirán oreasumirán sus funciones.

Como vemos, la institución fiscalizadora ha emplazado a nuestros funcionarios a someter sus posesiones materiales al escrutinio público, a cumplir con lo que establecen nuestras leyes en la materia.

El hecho de que la autoridad del área utilice un lenguaje que se interpreta como una forma de presión para que los servidores públicos de cierto nivel cumplan con sus obligaciones en cuanto al respeto la referida ley, significa muchas cosas.

Significa que por mutu proprio algunos funcionarios no quieren someterse a la Ley, que recelan de ella, y por ende, que hay que forzarlos para que la cumplan, y si hay que presionarlos es porque tienen hechas y sospechas, lo cual los hace inmerecedores de la confianza pública. La cuantía de los funcionarios que caen en esta poco honorable clasificación, fue cifrada hace algunos días en al menos 2,065 funcionarios por la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios.

Marte de Barrios dio un paso al frente al entregar al procurador general, Francisco Domínguez Brito, el listado contentivo de los servidores públicos que no realizaron sus respectivas declaraciones juradas, conforme a lo que indica la Ley 311-14, del 8 de agosto del 2014.Secundando el propósito de la responsable de la  Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y para no dejar dudas de la determinación que prima oficialmente, la ProcuraduríaGeneral de la República, encabezada por Francisco Domínguez Brito, dijo que los funcionarios que no hayan realizado sus declaraciones juradas de bienes, serán llamados a investigación, por presunción de enriquecimiento ilícito.

El caso de que sean dichos funcionariosquienes hayan revelado estainformación expresa la transparencia con la que las autoridades abordan el problema y muestra la voluntad política superior de enfrentar el problema, a la cual damos un voto de confianza.

Ahora también nos toca hacer votos porque estas declaraciones juradas se correspondan con la verdad, que no sean tramposas, falsas ni engañabobos, que no se escondan en ninguna lagunas legales o subterfugios que impidan conocer en detalles los montos específicos de los bienes acumulados, tales como “inversiones” u  “otros activos”, que no dan cuenta de nada y lo ocultan todo.

Propicia es la ocasión para recordar que junto con lo legal también se use la lógica y el buen sentido para que en ninguna de estas declaraciones se cuelen riquezas racionalmente insostenibles, que no se puedan justificar conforme a los procedimientos de los negocios lícitos, a menos que se hayan sacado la loto o hayan recibido una herencia comprobable.

Vista así las cosas, aquellos funcionarios que no obtemperen, no tan solo  el llamado de la Ley, sino también de la conciencia, la ética, la moral y la seriedad, negándose o tardándose en declarar sus haberes, se declararán como los que son…