Cada vez que escucho el perfecto español y la manera de expresarse de muchos dominicanos de origen haitiano; de los cuales se conoce que tienen testigos de sus nacimientos en el país, algunos hace más de cuarenta años; que están provistos de sus actas de nacimientos, certificados de escolaridad y sus cédulas de Identificación Personal; que están graduados en nuestras universidades a niveles de grado y postgrado, no puedo aceptar que se les haya desprovisto la nacionalidad dominicana que les correspondía, en virtud de otras leyes que los amparaban, previas a la actual.
Esta actitud no está basada en la realidad y carece de justicia, dado el carácter no retroactivo de las leyes dominicanas.
Los hijos de haitianos que han nacido, crecido y han hecho vida en el país, asumido nuestra cultura, están desraizados de la tierra de sus ancestros haitianos, y muchos de los cuales han vivido la mayor parte de sus vidas en nuestro país, desde que vinieron a laborar como trabajadores de la caña, son dominicanos jus solis, y algunos los son, también jus sanguinis, pues uno de sus progenitores es dominicano.
Muchos de estos dominicos-haitianos por su preparación técnica e intelectual y por su dedicación al trabajo son susceptibles de integrarse a una fuerza laboral productiva e incluso con buenos niveles de calificación.
Es posible que un sinnúmero considerable de ellos no haya podido legitimar su condición de dominicano por diversas razones.
Sabemos que si son hijos de ilegales, la ley establece que ellos también los son. La ilegalidad, conforme a nuestros códigos, no da derechos.
Lo que complica la nueva política de inmigración es, precisamente, que la sentencia TC-168-13, retrotrae su vigencia y ámbito de aplicación hasta el 1929 dejando fuera a algunos hijos de dominicanos que nacieron y se formaron en el país amparado por las leyes, para entonces, vigentes.
Pero lo que está claro es que algunos documentos, como actas de nacimientos y otras documentaciones de identidad, no están disponibles en Haití; y que nosotros tendríamos que adecuarnos a otros procedimientos para establecer la posible comprobación de su nacimiento en nuestro país. Y es que de acuerdo a las leyes vigentes que regían el concepto de nacionalidad antes de la promulgación de la sentencia TC 168-13 los amparan. Es por tales razones que es necesario proceder a investigaciones de diversas índoles que puedan justificar la nacionalidad, real o no, de esas personas, cuyos padres de nacionalidad haitiana están residiendo en el país desde el 1929 y han tenido vástagos concebidos en la República Dominicana.
Lo que complica la nueva política de inmigración es, precisamente, que la sentencia TC-168-13, retrotrae su vigencia y ámbito de aplicación hasta el 1929 dejando fuera a algunos hijos de dominicanos que nacieron y se formaron en el país amparado por las leyes, para entonces, vigentes.
El caso es que la protección que les brindaban las leyes anteriores no puede ser desconocida, pues como ya hemos explicado la legislación dominicana no tiene un carácter retroactivo.
En tal virtud, no hay ninguna razón para que este país se prive de la capacidad intelectual y la formación técnica de estos dominicanos de origen haitiano, a los cuales la República Dominicana ha educado, les ha dado protección y cuidados médicos y los ha ayudado en su proceso de formación profesional; y de quienes no tenemos que prescindir, sino incorporar a nuestro desarrollo.
Las leyes dominicanas tendrán que encontrar una salida legal a estos dominicanos hijos de haitianos.
Este problema que es una realidad no puede, sin embargo, ser utilizado para apoyar el ingreso masivo y sin controles de haitianos que a través de la frontera han ingresado en los últimos años en una proporción que amenaza la existencia de la nacionalidad dominicana, apoyado por las grandes potencias que no quieren asumir la responsabilidad del Estado fallido y la hambruna en que está sumido el hermano país de Haití: lo que buscan es hacernos cargar con esa desgracia y echarnos la responsabilidad a nosotros ante la complicidad y la irresponsabilidad del gobierno dominicano que no se ha atrevido aplicar las leyes migratorias recién formuladas.
Y ante el silencio de los llamados sectores progresistas, “de izquierda y opositores”.
En la última semana, algunos sectores e instituciones se han planteado la necesidad de producir una reformulación de la Ley de Migración.
¿Qué buscan con esto?
Evidentemente envolver al país en una discusión que prolongue el proceso de aplicación de las leyes, retrasando aún más el que se den los pasos necesarios para impedir la entrada incontrolada de la avalancha haitiana que estamos padeciendo y para postergar la salida planificada, pero necesaria, de la multitud de haitianos indocumentados que aumentan cada vez en el país.
El único sentido que tendría reformar la nueva ley inmigratoria es si con ella se introducen, a mi modo de ver, al menos los siguientes tres elementos:
1-. Que se elimine la retroactividad a 1929 que es su principal elemento de crítica e ilegitimidad.
2-. Que se establezca con precisión la nacionalidad de los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano, haciendo que los trámites para su legalización se hagan más sencillos y eficientes tomando en cuenta la imposibilidad de que Haití les provea documentos que no están en condiciones de emitir, dada su falta de institucionalidad.
3-. Dotarlos de su condición de ciudadanos de pleno derecho, en función de su estatus jurídico, y que no se vean excluidos por su origen étnico o racial.