Siguiendo la misma tónica del presidente Medina en ese eterno cuasi “TBT” de cada 27 de febrero, que en vez de rendición de cuentas, se convierte en clase de historia, nos iremos hacia el remoto 2012, en donde todo empezó.
En su primera toma de posesión, en agosto del año 2012, el presidente prometió que iniciaría (1) “el mejoramiento y dignificación de las áreas más vulnerables a nivel nacional” y además continuó diciendo que “paralelamente” facilitaría (2) “el acceso a la vivienda a las clases con ingresos bajos, medios bajos y medios”. Además, ofreció crear (3) “programas especiales de viviendas en beneficio de los servidores públicos”.
¿Qué significaba en 2012 cada una de esas grandes promesas? Pues más allá de la promesa emitida en el discurso, estaba la promesa emitida en el “papel” denominado Plan Plurianual del Sector público 2013-2016. Así, el gobierno recién instalado prometía la construcción de casi 20 mil viviendas, el cambio de piso de tierra por cemento en 55 mil y el mejoramiento de 58 mil. Asumiendo la medición más conservadora de ese entonces (la del MEPYD), el déficit habitacional se ubicaba en más de 550 mil viviendas en 2012 y serían casi 600 mil en 2013.
Aun suponiendo que TODAS las intervenciones se hicieran sobre cada una de las viviendas con déficit habitacional y que se ejecutarán al 100% distribuidas en los 4 años, se afectaba en un 5% el déficit asumiendo que se mantiene intacto en el tiempo. Es decir, esa promesa de dignificar áreas vulnerables a nivel nacional, acceso a vivienda y programas especiales para servidores públicos estaba construida sobre un cono de helado colocado en el tope de un cocotero en pleno verano.
Claro está que la carta debajo de la manga lo era el sector privado, y es por eso que en 2013 el énfasis del discurso (más allá de las promesas de proyectos) iba dejando clara la sospecha que nos planteaba la pírrica asignación presupuestaria de que, y cito “… nuestro trabajo se encamina en dos direcciones: por un lado, atendiendo los requerimientos de las comunidades que habitan en zonas de mayor riesgo. Y por otro, trabajando de la mano con el sector privado para hacer posible el acceso al crédito y la construcción masiva de viviendas para las clases populares y medias.” (Discurso de rendición de cuentas 2013)
La confusión cognitiva que provocó el uso de todos los términos “clases populares”, “clases medias”, “construcción masiva” y “acceso al crédito”, contrastaba con las escuetas aseveraciones del discurso de toma de posesión, que nos hicieron soñar por breves meses con la posibilidad de una construcción real de políticas públicas orientadas a la reducción de un déficit habitacional que crecía cada año según las cifras de la ONE en 37 mil viviendas al año. Pero el mensaje se iba aclarando a punta de sector privado por un lado y reducción presupuestaria por el otro.
La creación de una unidad “SWAT” para la construcción de La Barquita también debió alertarnos, pero a veces los sueños nos hacen parir esperanzas donde no las hay.
No se puede pensar que el gobierno es ignorante del papel que desempeña la vivienda y el hábitat en la lucha (la real) contra la desigualdad. Está escrito, lo ha dicho Danilo en 2014, “son proyectos de transformación social en los que estamos trabajando, de la mano con las comunidades, para eliminar, en todas sus formas, los obstáculos que perpetúan la desigualdad y la pobreza”, cuando se refería a sus proyectos “emblema” Boca de Cachón y La Nueva Barquita.
Claro que saben. Conocen de buena mano que no hay reducción seria de la pobreza sin intervención integral del hábitat. Lo saben y lo repitieron año tras año. Conocen la sensación de derrota que significa vivir para siempre “de paso”. Conocen que un techo es casi algo utópico en el esquema de salarios de nuestro país. Lo conoce y lo dijo:
“Sabemos que el acceso a una vivienda digna aún es un gran reto para miles de dominicanos y dominicanas. En algunos casos, porque los pagos de una hipoteca siguen siendo demasiado altos para una familia trabajadora. En otros, porque algún suceso natural ha amenazado la vivienda que ya tenían. Este Gobierno prometió que estaría al lado de todos ellos.” (Discurso rendición de cuentas 2016)
Tuvieron la osadía de declarar ese mismo año como “el año de la vivienda”. Nos dijo en 2016 que eso quería decir que “vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en una tarea que lleva tiempo esperando que alguien tenga la voluntad de ocuparse de ella”; pero, ¿cómo enfocar todos los esfuerzos si la inversión en vivienda en los años anteriores 2013, 2014 y 2015 había sido 0.04%, 0.06% y 0.10% del PIB respectivamente? ¿Cómo si el presupuesto en el mismo año de la vivienda fue de 0.06% del PIB?
Decir “nos hemos propuesto acabar con el falso cliché de que la casa propia es un sueño que solo alcanzan los ricos” no dejó de ser material para una charla de motivación que buscaba inspirar el famoso “querer es poder” al 79.91% de la población empleada en el sector formal que ganaba menos de 25 mil pesos en 2016.
Plantear que “no podemos seguir aceptando que barrios y comunidades enteras sigan en condiciones habitacionales pésimas. Como si las miles de viviendas precarias fueran parte del paisaje natural de nuestro país” fue una especie de desahogo pueril, insustancial para alguien ya con 3 años gobernando y que sabía desde al inicio que la ONE cifraba el déficit habitacional en 2 millones de viviendas según el Censo 2010; que el MEPYD lo ubicaba de más de 900 mil viviendas para el mismo año; que sabía que ese déficit crecía. Crecía precisamente porque no existían políticas para combatirlo. Sabía que 800 mil viviendas estaban ubicadas en zonas peligrosas para un país como el nuestro con 6 meses de temporada ciclónica.
Sabía y sabe perfectamente cómo se logra ese “no podemos permitir” que, emitido del discurso de un mandatario, no es más que demagogia barata y ganas de instalar discurso para vender la imagen de que está implementando una política de vivienda, cuando solo está limpiando la vitrina.
De ser la vivienda “proyecto de transformación social” pasó a “reto” para luego ser “sueño”: “podemos lograr que el sueño de tener una vivienda propia sea realidad para miles de familias, y lo estamos haciendo, poco a poco, dando a sectores distintas soluciones adaptadas a sus necesidades”.
Está consciente “de que no basta construir unas miles de viviendas para solucionar el déficit habitacional en nuestro país”. Lo estaban desde 2013. Pero en 2016 nos repiten que están “sentando las bases para que, en los próximos años, la construcción de viviendas populares sea masiva y el acceso a una vivienda digna sea, de una vez por todas, un derecho para todos.”
La vía que proponen, ratifica el discurso mercantil de “activar el sector de la construcción” y supone la multiplicación de desarrolladores (“donde antes apenas había tres desarrolladores trabajando el sector de las viviendas populares, hoy tenemos 27…”). Nos habló de proyectos integrales, con todos los servicios para “esa clase media que está surgiendo en todo el país”, pero, sigue esa confusión cognitiva que mezcla viviendas populares con clase media en un país con una clase trabajadora que apenas sobrevive en medio de salarios precarizados. ¿Poner la esperanza del fin del déficit habitacional en el sector privado? ¿Construcción masiva para quién? ¿Combatir el crecimiento del déficit habitacional que ya dijimos tiene un ritmo de 37 mil viviendas al año?
Lo saben, lo sabían y lo seguirán sabiendo. Pero siguen dilatando esas “otras fórmulas para ayudar a todos aquellos que no puedan aún acceder a la propiedad de las viviendas que estamos construyendo mediante el fideicomiso y estamos buscando soluciones para todos los casos”. Es así como se pasa de “un derecho para todos” a “fórmulas para ayudar” en el mismo discurso, a pocos párrafos de distancia. Ratificando a la confusión cognitiva que sugiere que los discursos son elaborados por retazos tal cual está hecha la ideología persistente en el gobierno, confunde Estado de bienestar con asistencialismo y con los impulsos neoliberales que crean los daños colaterales del minimalismo.
Nos prometieron en 2016 estudiar “la creación de un fondo que ayude, mediante subsidios, a las familias de ingresos más bajos, para el acceso a la compra de vivienda” y también revisar “toda la legislación relacionada con el alquiler”; eso porque querían (según su discurso del 2016) “que haya más viviendas dignas disponibles para aquellos que aún no tienen ahorro suficiente para la compra, en especial viviendas de alquiler social a precios asequibles”.
Nos dijeron que quería “desterrar la idea de que los más humildes no pueden acceder a un techo digno”, y sigue repitiendo, cual bocina de guagüita anunciadora, que “reduciremos el déficit habitacional mediante la mejora de las viviendas ya existentes, para garantizar que todas las familias habiten en condiciones dignas”. Sin instrumentos, sin presupuesto, a punta de palabras, como si fuera un candidato a la espera de los votos.
La toma de posesión de ese mismo año ofreció (otra vez) revisar “el marco institucional del sector vivienda para facilitar el alquiler social en condiciones dignas para familias de escasos recursos”, pero ningún paso se ha dado hasta ahora. La misma retórica de querer impulsar el derecho a la vivienda “todas las herramientas a nuestro alcance y con diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de las familias” pero sin respaldo. Lo único concreto, documentado y con presupuesto era “nuestra alianza con el sector privado, impulsando la creación de nuevos fideicomisos”, a pesar de que ya los 4 años anteriores les habían demostrado que eso NO funcionaba para “las clases populares” o para el impulso de las “viviendas populares” o cualquier otro término que su confusión cognitiva les hiciera escribir.
De nuevo la promesa de revisar “el marco institucional del sector vivienda para facilitar el alquiler social en condiciones dignas para familias de escasos recursos”, es como si se hubiera quedado guardada en el tablero del “copy” y se fue sin querer en el “paste”; y, al igual que en el 2012 (¿se cansó el sociólogo?) oferta que “paralelamente” se apoyarían los mejoramientos de vivienda.
Lo dicen y esas palabras tienen una función performativa. Solo tienen que comparar dos proyectos en la misma Región, prometidas al mismo tiempo: el Nuevo Domingo Savio, que no ha hecho más que desplazar las familias empobrecidas que viven en zonas paupérrimas hacia zonas igualmente paupérrimas, con el proyecto Ciudad Juan Bosch donde ya se han construido más de diez mil viviendas las cuales “no pueden” ser ocupadas por los desplazados. Se repite la paradoja neoliberal: miles de viviendas sin familias, miles de familias sin viviendas.
Lo saben, lo dicen, lo escriben, lo repiten: “somos conscientes de que el acceso a una vivienda digna es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de las personas”, pero se burlan de la desgracia de las más de un millón de familias que viven con déficit habitacional. Se creen ellos mismos la fantasmagoría de la reducción de la pobreza. Nos quieren seguir vendiendo el sueño de que trabajando junto al sector privado vendrá esa “masiva construcción de viviendas populares” como maná que cae del cielo, sin una política, sin presupuesto. Solo repitiendo y repitiendo durante 7 años la misma retórica, la misma palabra vana, el mismo cuento de terror, como si en vez de Políticas Públicas lo que necesitáramos fuera motivación.