Frecuentemente escuchamos decir la expresión: “desastres naturales” cuando se refiere a la afectación generalizada por huracanes, tormentas, inundaciones, sequías u otros fenómenos. Esta expresión da a entender que la naturaleza es la culpable de los daños, las pérdidas y las muertes ocasionadas; sin embargo las consecuencias de los fenómenos no son las mismas para las personas y territorios impactados: el desastre dependerá de muchos factores que nada tienen que ver con la “naturaleza”.
El hecho de ver los desastres como “naturales” o provocados por orden divino no permite hacer un análisis más profundo sobre la responsabilidad de los seres humanos, los gobiernos, la implementación de políticas públicas y marcos legales. Los desastres son ocasionados por las condiciones de vulnerabilidad en que viven las personas y la construcción social del riesgo. Las amenazas y/o fenómenos naturales combinados con las condiciones de vulnerabilidad (física, social, institucional, socioeconómica) frente al elemento humano son las que desencadenan los desastres. Si un fenómeno natural impacta una zona o entorno donde no hay seres humanos no se consideraría un desastre.
Un artículo compartido en el 2015 por la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Riesgos de Desastres (GNGR por sus siglas en inglés) establece que “los desastres no son naturales, son producto de procesos sociales históricamente determinados”. Es evidente que los desastres afectan de manera desproporcionada a los “pobres” y las zonas con mayores índices de vulnerabilidad, pero todo esto puede ser remediado y mitigado.
Como país somos recurrentemente impactados por fenómenos naturales, resultando afectados los mismos colectivos, grupos y territorios que se encuentran en condición de vulnerabilidad ¿es esto ocasionado por la naturaleza? ¿cuáles son las causas estructurales? Para mejorar esta situación se requiere la implementación de medidas preventivas y de preparación, así como programas de recuperación a más largo plazo post-desastre: trabajar con un enfoque de derechos para la aplicación de políticas públicas y la restitución de derechos a los colectivos afectados. Se tienen que generar estrategias para el desarrollo sostenible, aprender del pasado e invertir en el presente para tener un mejor futuro.