El sector minero aflora como una de las palancas clave del desarrollo nacional. Su participación en el PIB ha pasado de 0.4% en 2010, 1.9% en 2016 y 2.0 en 2018. La inversión extranjera directa (IED) en la actividad alcanzó 18%, por encima de finanzas, electricidad, telecomunicaciones, zonas francas e incluso el turismo. Las exportaciones de minerales pasaron de 449.3 millones en 2011 a 1,770.9 millones de USD en 2018, es decir, se multiplicaron aproximadamente por cuatro en tan solo siete años, representando en 2018 37.8% de las nacionales y 16.2.1% de las totales. Los cuatro rubros de exportación líderes fueron oro (más del 75%), ferroníquel, cobre y plata.
La renta estatal minera fue de 296.9 (RD$12,411.8) en 2013 y de 325.7 millones (RD$15,484.6) de USD en 2017 (CREES, DGII). En general, las recaudaciones fiscales mineras alcanzaron RD$66 mil millones en los últimos cinco años (hasta 2017), o lo que es lo mismo, un promedio de 0.4% del PIB (alrededor de 3% de los ingresos fiscales anuales). Las contribuciones de una sola compañía, Pueblo Viejo Dominicana (PVDC), sumaron 81 mil millones 725 mil pesos en el período 2013-2018 (DGPLT Ministerio de Hacienda, SIGEF, Barrick).
En cuanto al empleo, solo el sector de la minería formal metálica es responsable de 9,199 empleos directos y 25,760 indirectos, siendo el porcentaje de empleo de la industria extractiva de 0.21%.
La minería nacional está dominada obviamente por la minería metálica formal. No obstante, una vez que sean aprobadas las nuevas reglas de organización y tributación, el subsector de la minería no metálica, en sus cuatro grandes grupos de clasificación actual, podría convertirse en uno de los principales ejes dinámicos de la industria extractiva nacional.
¿Qué debemos hacer para que este desempeño tan favorable de la minería impacte positivamente los cambios en la estructura de la economía, las oportunidades de empleo formal y la afluencia de recursos fiscales y divisas?
Es perentorio dar respuesta adecuada a los principales desafíos de política. Estos retos se pueden agrupar en los siguientes bloques clave:
- Fortalecimiento institucional. La meta sería consolidar una clara separación institucional de las responsabilidades administrativas respeto al otorgamiento de títulos mineros, control de la actividad minera (fiscalización) y producción -también mantenimiento- de la infraestructura geológica del país. Estas actividades son funciones complementarias para la gestión del sector minero y, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, deben ser organizadas separadamente.
- Normatividad. Revisión exhaustiva de la legislación vigente que garantice el principio de ganar-ganar, respetando los principios de juridicidad, confianza legítima, transparencia y rendición de cuentas. En materia minera, como en ningún otro sector, el Estado debe hacer prevalecer el interés nacional al amparo del precepto constitucional que establece que los recursos no renovables son propiedad de la nación y deben ser dedicados a su desarrollo, incluidas de manera prioritaria las provincias donde se encuentran.
- Control (fiscalización) ambiental. De su eficiencia y eficacia depende el cumplimiento de uno de los compromisos intergeneracionales más serio del Estado. La minería debe demostrar que puede funcionar sin ocasionar daños irreversibles al ambiente, protegiendo los derechos, la salud e integridad cultural de las comunidades. El Estado está obligado a garantizar la responsabilidad ambiental de las empresas e informar de ello a la ciudadanía.
- Planificación estatal minera. Al nivel estatal, sería un ejercicio pionero y técnicamente desafiante. En particular, como principal instrumento de planificación sectorial, debe formularse el plan minero nacional, cuyo principal referente orientador es la política minera nacional. En principio, este plan abarcaría, como ejes estratégicos, la minería metálica, la minería no metálica y los aspectos normativos-institucionales (de carácter transversal); los objetivos estratégicos estatales para cada eje considerado; las estrategias por objetivos y los productos (servicios) por estrategias, todo ello situado en el contexto dinámico interno y externo de factores que inciden en la actividad.
- Gestión de los ingresos estatales mineros. Es perentorio que el gobierno garantice a la nación la canalización efectiva y condicionada de estos ingresos hacia inversiones en capital humano, innovación, desarrollo tecnológico, infraestructura y otras inversiones de largo plazo que permitan la diversificación de la base industrial y exportadora. Desde esta columna hemos insistido en que los beneficios derivados del capital natural no renovable deben convertirse en un acervo de capital renovado para impulsar el conocimiento, las infraestructuras fundamentales y la productividad en todos los segmentos industriales.
- Participación ciudadana en las decisiones sobre minería. Es una demanda no solamente justa; es también un derecho que debe ejercerse plenamente, a la vez que quizás uno de los elementos más importantes para mantener un clima de inversión estable y revertir en la subjetividad popular las secuelas negativas de las malas experiencias pasadas en materia minera. En relación con este punto, debemos tomar muy en serio el señalamiento de Robert Goodland de hace siete años:
“Cuando la tierra estaba relativamente vacía de gente y los ecosistemas estaban intactos, una mina aquí y allá parecía aceptable. Ese idilio se ha transformado radicalmente. El mundo está ahora sobrecargado de gente y sus artefactos. Con frecuencia las minas tienen que exprimirse entre las comunidades o están ubicadas en donde dañan los ya escasos sistemas de soporte de vida, como bosques o humedales. En consecuencia, las comunidades y sus sistemas de apoyo vital han requerido mayor protección de parte de las minas industriales de la tenida hasta ahora”.
La forma en que se enfrenten los desafíos mencionados decidirá el impacto de la minería sobre el crecimiento sostenible con equidad en República Dominicana.