Inicié la semana pasada esta serie de tres artículos, a propósito de los comentarios de personas que asumen que “la culpa del desborde de la delincuencia, es de “los derechos humanos, porque protegen a delincuentes”. Propuse, e insisto en ello, que los Ministerios de Educación y de Educación Superior deben implementar un Programa Nacional sobre Derechos, en la esperanza de que la representación del Estado del Gobierno Central no tenga interés en perpetuar la idea de que la seguridad se adquiere haciendo uso de la violencia institucionalizada, pues esta crea un círculo perverso de culpas y venganzas.
Concluí expresando que la invocación efectiva de los derechos involucra obligaciones positivas y negativas: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de asegurar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. Las cuales desarrollaremos a continuación.
La obligación de respetar se define por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho.
Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes.
Las obligaciones de asegurar suponen la garantia de que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo.
Las de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al mismo.
Importante destacar ademas, el deber de prevención que abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural para promover la salvaguarda de los derechos y asegurar que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito, susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa.
La seguridad, desde la perspectiva de la gobernabilidad democrática, está vista como la capacidad institucional por parte de las autoridades legítimas, de diseñar, implementar y evaluar políticas de prevención y control de la violencia y el delito. Estas políticas deben verse en el marco del respeto ciudadano y la posibilidad de que las personas ejerzan control sobre las actuaciones, para que no haya abusos ni desviaciones en el uso del poder delegado.
De ahí, que es imposible pensar una política de seguridad ciudadana al margen de los estándares de derechos humanos, que por un lado le sirvan de guía y a la vez, se convierta en límite infranqueable para las intervenciones del Estado. Esto implica la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática de los Estados, no hay respeto a los derechos humanos sin el buen funcionamiento del Estado y sin el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en materia de justicia, seguridad, educación, salud, entre otros elementos. En definitiva, y pecando de reiterativa, colijo que, el Estado de derecho implica pleno respeto y ejercicio efectivo de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes de los Estados, garantizando que se acceda a mejores y mayores formas de protección de los valores de la dignidad humana.
No es un secreto que nuestras sociedades enfrentan cada día renovados desafíos para la convivencia democrática. El desafío dominicano con la seguridad ciudadana, ha devenido en nodal; pues el miedo y la pérdida del espacio público es insostenible. En este escenario interactúan diferentes formas de violencia, en múltiples manifestaciones: crimen organizado, delincuencia común, presencia de un alto número de armas de fuego en manos de particulares, abuso de estupefacientes, violencia contra las mujeres, violencia contra niños, niñas y adolescentes, conflictos que involucran a movimientos sociales y comunitarios, y violencia relacionadas con la delincuencia juvenil (fenómeno, pocas veces tratado en profundidad con sus distintas causalidades), entre otras.
Lo importante es, reconociendo esta realidad ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Seguiremos el derrotero, al que en ocasiones nos aferramos, aunque este demostrada su ineficiencia? ¿Incrementar la presión punitiva, reducir las garantías procesales, bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas? ¿Vamos a continuar sin buscar respuestas adecuadas ante la violencia y el delito? ¿Seguiremos aferrados a las que en la mayoría de los casos han conducido a reproducir lógicas de relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la aparición de casos de violencia extralegal?
Pienso que se hace necesario identificar políticas específicas para atender situaciones concretas. La historia reciente de nuestro hemisferio evidencia que los métodos sobre los que pregunto no han sido la solución. Me inclino por la idea de asumir que la seguridad ciudadana está relacionada a la presencia interrelacionada de múltiples actores, condiciones y factores. Entre ellos: la historia y la estructura del Estado y la sociedad, las políticas y programas de los gobiernos, la vigencia de los derechos (económicos, sociales y culturales), la no tolerancia a eventos de corrupción, la no impunidad, entre otros. Lo que implica un gran compromiso con una estrategia de desarrollo integral.
Para Humberto Maturana (científico chileno) la experiencia humana tiene lugar en el espacio relacional del conversar, significando que nuestro modo de vivir, –nuestra condición humana- tiene lugar en la manera de relacionarnos individualmente y socialmente. Sostiene que una cultura es una red de conversaciones y que el cambio cultural ocurre cuando se produce un cambio de conversaciones en esa red. De ello se desprende que lo humano es cultural, emocional y racional. En consecuencia, habría que considerar todas las dimensiones para abordar la seguridad; no es posible construir seguridad desde la arbitrariedad.
La ineficiencia del sistema, la intranquilidad, el robo, la debilidad institucional, la cotidianidad descompuesta que roba y desestabiliza, nos acompaña cada dia. Eso no está bien, es necesario acometer el problema en vías de solucionarlo, el país nos necesita para que construyamos un verdadero Estado constitucional, social y democrático de derecho. Que, en la desesperación ciudadana nos estamos confundiendo y creyendo que ese Estado se construye con actitudes déspotas e irrespeto a la vida, por eso clamamos “mano dura” y “que le den pa’bajo a los delincuentes”, sin recordar la anécdota aquella que nos pregunta: si en una sociedad hay 100 personas, 50 buenas y 50 malas, y las buenas, para mejorar el sistema matan a las malas ¿con qué nos quedamos? Y evidentemente la respuesta es con 50 asesinos que creían que eran “las buenas personas”. Hablaremos sobre esto en la próxima entrega.