En el mundo de hoy se debaten dos perspectivas de abordaje a las políticas de drogas: una clásica que apunta al combate a las drogas y por ende la persecución y sanción, y otra que apunta a una despenalización, cuyo fundamento se sitúa en los fines medicinales de algunas sustancias y otra en la reducción de la demanda como posibilidad central, así como en la autonomía de la voluntad que implica la toma de decisiones sobre sí mismo, sin afectación al colectivo.
Este debate fue puesto de relieve en la mesa por los Estados miembros de las Naciones Unidas, en Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS 2016) celebrado de los días 19 al 21 del pasado mes de abril, en la sede de las Naciones Unidas, New York,en la cual se puede palpar que al unísono los Estados partes coincidieron en que la guerra contra las drogas ha fracasado, y no se trata de un problema de ineficacia institucional si partimos de la evaluación de políticas internas de cada Estado, se trata más bien de un problema de tipo hemisférico, con muchas aristas, que desbordan el abordaje ordinario de losdelitos.
Esta manifestación unánime, se traduce en el reto enorme que constituye encontrar respuestas globales a problemas globales, en una sociedad totalmente secularizada, expuesta a información, con capacidad crítica, lo que sugiere inequívocamenteuncambio de mirada al problema, y este cambio de mirada implica directamente respeto a los derechos humanos, o dar paso alas políticas de disuasión, cuyo fundamento es la rigurosidad de la ley para interrumpir la oferta y enseveros castigos para desalentar la demanda al paso hacia las políticas de derechos humanos, conforme lo han establecido las anteriores conferencias realizadas en las Naciones Unidas sobre Drogas.
En ese tenor cabe citar la UNGASSde 1998, en la cual los estados miembros acordaron una Declaración política sobre el control mundial de las drogas. Diez años más tarde, los estados miembros se reúnen en Viena para dar seguimiento a los progresos logrados y acordar una nueva Declaración Política y Plan de Acción sobre la cooperación internacional en favor de una estrategia integral para contrarrestar el problema de las drogas.
La próxima UNGASS estaba programada para el año 2019, fecha prefijada por la DeclaraciónPolítica y Plan de Acción de Viena, en la cual se evaluarían las políticas implementadas para lograr la reducción significativa o completa de la oferta y demanda de drogas, sin embargo, ante el vertiginoso aumento del problema, a iniciativa de los presidentes de Colombia, Guatemala y México, se produjo un llamado a la ONU para que realizara una Conferencia Internacional sobre la reforma de políticas antidrogas, produciéndose un adelanto de la Cumbre Mundial sobre Políticas de Drogas al año 2016.
El consenso internacional en cuanto a las políticas de drogas, y en adhesión a los datos alarmantes del aumento de consumidores de sustancias psicoactivas, conforme arrojó elInforme Mundial sobre las Drogas 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, indica que un total de 246 millones de personas en el mundo la consumen, lo que ha colocado sobre la mesa la necesidad de repensar dichas políticas, sin desmedro de la soberanía de cada Estado, de ajustarlo a su contextosociocultural.
Y es que ya no se trata de la mera búsqueda de motivaciones legislativas o materiales para cambiar las políticas antidrogaso de intentar nuevas alternativas eficaces, se trata de buscar “como” cambiarlas, pasando en este estadio del “por qué al cómo”, sin circunscribir la problemática al eje de facilitar el acceso a sustancias prohibidas para uso medicinal, para personas en situación de enfermedad, o al de despenalizar sin más ni más las sustancias prohibidas para reducir la demanda, partiendo del hecho que ello implica un examen pormenorizado, que involucre identificar el fallo de las políticas de reducción de la oferta y la demanda, impacto sanitario, autonomía y derecho a la privacidad, limitación, en caso de necesidad de cara a los daños a terceros, entre otros ámbitos de interés, pues tanto el uso medicinal para personas en condición de enfermedad, como el abuso problemático de sustancias para consumo personal, al fin de cuentas, tienen una mirada meramente de salud pública.
Este último aspecto, encuentra fundamento en la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 8 de junio de 2010, adoptada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en su cuadragésimo séptimo periodo ordinario de sesiones, en mayo de 2010, señala que la dependencia de drogas es una enfermedad crónica y recurrente con múltiples determinantes, tanto biológicos y psicológicos como sociales, y que debe ser considerada y tratada como un asunto de salud pública, tal como el tratamiento de otras enfermedades crónicas. De tal suerte que es necesario explorar vías para ofrecer servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas y buscar alternativas al encarcelamiento, a infractores de la ley penal por delitos simples, motivados por la dependencia a drogas, como medida alternativa a su prosecución penal o privación de libertad que aborde el problema con las medidas adecuadas.
Desprendiéndose de ello la naturaleza médica que permea la dependencia de drogas, haciéndose necesaria la intervención y abordaje desde una perspectiva médica, liderada en lo que al Estado compete, como una política de primer orden.
Esto último, nos hace cuestionarnos ¿Contamos con plataforma sanitaria suficiente para satisfacer esta problemática? Estaría el Ministerio de Salud Publica en capacidad operativa de satisfacer las atenciones hospitalarias, ambulatorias, prevención, provisión de medicamentos y rehabilitación, en atención al cumplimiento de la Ley de Salud 42-01? Pues la respuesta evidente y lamentablemente es negativa, independientemente del interés existente por los galenos en cubrir dichas necesidades, a la fecha resulta insostenible para dicho ministerio cubrir el costo económico que ello implica y la instauración de plataforma sanitaria a nivel nacional.Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública debe sumarse y jugar un rol activo en la discusión, mientras son diseñadas estrategias ideales que a nivel estatal que satisfagan dichos recursos.
En resumen, si pasamos balance, concluimos que no ha sido posible reducir significativa y sostenidamente la dimensión de los mercados ilícitos, ni mucho menos mermar los beneficios económicos de la delincuencia organizada, por lo que lo ideal luego de UNGASS 2016 es que los Estados reflexionen en la nueva mirada de las políticas de drogas, que tome en cuenta los grupos marginados, que a su vez incluya la reducción de las consecuencias nocivas de las drogas, enmarcados en todo un corpus iuris de derechos humanos, que al fin de cuentas no son una mera declaración de principios, sino principios en sí mismos que debemos llenar de contenido, de cara a las problemáticas sociales, todo esto traducido en la adopción de medidas legislativas adecuadas para dotar de presupuestos iniciativas de justicia terapéutica, desarrollo social y seguridad ciudadana, de forma progresiva, pero constante.
Finalmente, mientras son diseñadas estrategias ideales que a nivel estatal satisfagan los recursos que amerita un cambio de mirada a las políticas de drogas, resulta vital un apoyo programático y financiero a iniciativas existentes tanto en sede judicial, relativas al abordaje de justicia terapéutica, bajo la égida de tratamiento bajo supervisión judicial, como otras iniciativas tendentes a otorgar una mirada adecuada al problema de las drogas. Este último aspecto, relevante, ya que mientras se agota el rigor legislativo de revisión a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas, vigente a la fecha, se advierte que esta contempla en su artículo 76 la posibilidad de inyectar partidas de los recursos obtenidos de las multas impuestas por las violaciones a la misma, derechos de los Certificados de Inscripción pagados, así como el producto de las ventas de los bienes incautados, para financiar las actividades de las instituciones públicas y privadas legalmente establecidas para desarrollar e implementar programas de prevención, rehabilitación y educación, contra el uso, abuso, consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en la República Dominicana, así como de cualquier otra institución pública o privada legalmente establecida para la implementación de programas de salud, de ahí se desprende un buen punto de partida para diseñar una hoja de ruta viable que nos permita avanzar en la búsqueda de soluciones factibles para esta problemática social.! Avancemos!….