Durante la década de los setenta se consideraba que el problema del sector eléctrico dominicano era asunto de capacidad gerencial e integridad ética de quien fuera el Administrador de la CDE.

Y así, entre 1966 y 1978, a Balaguer le pareció que Julio Sauri, de bajo perfil y con reputación de "hombre serio", era, entre sus colaboradores, la persona adecuada.

En los ochenta, Ramón Pérez Martínez (Macorís), el BID, el Banco Mundial y una activa camada de jóvenes economistas, comentaristas y empresarios  voceros de la estrategia neoliberal de la época,  "descubrieron" que el problema era el sindicato de los trabajadores (SITRACODE) y la naturaleza estatal, pública, de la propiedad de las plantas y redes eléctricas.

Para ellos, una muestra relevante era la desmesura de poder y participación de SITRACODE en la gestión de la Corporación.

Pérez Martínez, diestro en esos menesteres, se encargó de oficiar la misa de sepultura del sindicato.

Pero, como la fiebre no estaba en la sábana, la crisis de la CDE continuó y a finales de los ochenta, con SITRACODE difunto y bajo la batuta del BID y el Banco Mundial, el servicio eléctrico cayó a sus peores niveles históricos; aunque, la explicación de esa caída fue manipulada para convencer a la opinión pública de que la única salida era la privatización.

Finalmente, Balaguer inicio la adjudicación de contratos a propietarios de plantas eléctricas privadas a principios de los 90 (los contratos con los llamados productores independientes, IPP) y, posteriormente, la CDE fue vendida por el PLD y Leonel Fernández en 1999. Desde esa fecha hasta hoy, lo vivido y  sufrido por el pueblo en materia eléctrica es mejor no contarlo.

Leonel y el PLD nunca comprendieron que la CDE no era el CEA o la Fábrica de Cemento, ni Molinos Dominicanos; esas eran industrias ordinarias, convencionales, y no un sistema de servicio público domiciliario, con fuerte vocación monopólica y basado en redes articuladas de manera tecnológicamente compleja, como lo es el sistema eléctrico.

Aquella "capitalización" fue, en verdad, una costosísima improvisación. El debate correcto nunca se hizo; se discutió todo, excepto sobre cómo funcionaría y se regularía en la práctica un mercado eléctrico privatizado.

Ahora, en el 2014, nos envuelve todavía el espectro de la superficialidad y la improvisación o el síndrome del avestruz.

Funcionarios y comentaristas hablan como si creyeran que el problema eléctrico  casi se resolverá con la instalación de las dos plantas a carbón.

Nadie valora en su justa envergadura el hecho indiscutible de que el enorme subsidio que paga el Gobierno central al sector, así como los extendidos y  frecuentes apagones, son el resultado de la combinación de cuatro graves déficits:  de generación, de perdidas e insuficiencias en la distribución, de cuellos de botella en la transmisión o transporte y de ineficacia crítica en la regulación jurídica y económica del mercado. Y los cuatro actúan simultáneamente, no uno después del otro.

Las dos plantas a carbón representan una decisión correcta, pero será apenas una leve mejoría de solo uno de esos cuatro jinetes del apocalipsis eléctrico dominicano.