Agua, bosques, suelos y biodiversidad son recursos naturales estratégicos para la vida en cualquier territorio. Por tanto, en nuestro frágil ecosistema de isla tropical, estos recursos requieren atención cuidadosa, planificada y especializada. Una política ambiental desacertada puede provocar daños de difícil reparación o hasta irreversibles.
Al respecto, son preocupantes las acciones que acompañan dos recientes declaraciones del gobierno. Durante la transición, el Presidente Danilo Medina afirmó: “Estos serán los cuatro años del agua”. Siendo así, era lógico suponer, entre otras previsiones, que la posición clave del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales quedaría ocupada por una persona experta en el tema ambiental. Sin embargo, se sigue en lo mismo: antes un médico y ahora un jurista.
Aún más inquietante son las sorpresivas declaraciones en Hondo Valle, porque suman peligrosidad al riesgo de un manejo inadecuado de estos recursos vitales. Me refiero al resumen de una conversación con pequeños productores: “A partir de ahora, el que se meta a desforestar va preso”.
Lo más alarmante de estas declaraciones del Ejecutivo es que predicen una improvisada política ambiental semejante a los amargos operativos Selva Negra. En efecto, durante aquel período (1986 – 1996) se marcó un hito negativo que afectó sensiblemente la regeneración natural de nuestros recursos forestales.
Las medidas coercitivas que aplicó Selva Negra, con la intención de limitar la producción ilegal de carbón y evitar la “tumba y quema”, aún resuenan en el imaginario colectivo: persecuciones, capturas aéreas, apresamientos, confiscaciones de animales, entre otras. En conjunto, generaron una actitud renuente contraria a lo esperado, se rompió la beneficiosa alianza entre productores y bosques.
Ante la represión, la reacción de muchos pobladores de montaña no se hizo esperar, asumieron prácticas tan perjudiciales como la “tumba y quema”: cortaban, de forma soterrada, los árboles pequeños 
para evitar el desarrollo natural de los bosques. Además, se negaban a reforestar y no frenaban los fuegos forestales.
De esta forma, una política inicialmente aplaudida por todos, tuvo el “efecto boomerang” y se convirtió en una política equivocada que detuvo la capacidad de revegetación natural en una buena parte de los bosques dominicanos.
La mayoría de las familias que aún habitan en las lomas dominicanas atraviesan por situaciones precarias: pocas oportunidades, servicios nulos, pobreza extrema, una faena pesada que apenas les garantiza subsistir. La estructura de desigualdad existente las empuja, acorrala y abandona en condiciones inhóspitas. ¿Cuándo llegarán las políticas públicas a estos apartados lugares?
Pagamos un alto costo, pero al menos, aprendimos que la ruta no es perseguir y apresar, sino más bien: vincular, educar, facilitar opciones productivas, establecer planes de manejo, compensar servicios ambientales de bosques protegidos, manejar los conflictos, provocar cambios de usos.
Vigilar y proteger los recursos boscosos es caro, y no siempre tendrá un impacto de cosecha política en el corto plazo. La clave consiste en restar presión humana al bosque y facilitar opciones rentables a los productores de montaña.
El restablecimiento de la alianza productores – bosques ha costado años de esfuerzos al sector forestal. El gráfico muestra una tendencia positiva en el incremento de la superficie boscosa del país. Queda claro que debemos evitar retrocesos en un tema transversal a toda la sociedad. La contraproducente amenaza en boca del Jefe de Estado denota, por lo menos, que falta asesoría adecuada.
En materia ambiental, es preciso advertir lo riesgoso que puede resultar un manejo politiquero. Este tópico debe ser respetado, porque está muy por encima de la política partidaria, incluso trasciende generaciones. No se puede improvisar en un tema de tan alta estrategia. Por cierto, para garantizar “los cuatro años del agua” es urgente que se discuta y se apruebe la Ley de Aguas que lleva 14 años paseando en las cámaras legislativas.