Rafael Leónidas Trujillo, durante sus períodos de gobierno de más de 31 años (1930-1961), controló todos los estamentos del país públicos y privados con una férrea y sangrienta dictadura hasta su asesinato en 1961.
El doctor Joaquín Balaguer, a quien Trujillo designó para gobernar el país en 1960 por ser uno de sus más cercanos colaboradores, logró heredar la dictadura por un período de dos años tras la desaparición física del tirano y luego expulsado del país tras un golpe de Estado militar.
Balaguer, en unas elecciones fraudulentas en 1966, volvió ocupar la primera magistratura de la nación implementando otro régimen de fuerza de 12 años controlando igualmente a su antojo todos los poderes del Estado como aprendió de su desaparecido líder y dictador Trujillo, aplastando a opositores políticos y grupos económicos de entonces.
Los crímenes políticos, los abusos de poder, el irrespeto de la Constitución del país y una corrupción gubernamental rampante que sólo se detenía en la puerta de su despacho, fueron algunos de los hechos que envalentonaron a una población, cansada de tantos abusos, desplazar del poder en el 1978 al caudillo reformista.
Durante cuatro años, (1978-1982) el país tuvo un ligero respiro democrático en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que dirigió el fenecido Antonio Guzmán Fernández.
Tomando las palabras del sumo pontífice de Roma, cabría decir entonces que por los gobiernos administrados por Trujillo, Balaguer, Jorge Blanco y Leonel, estos no fueron ni son cristianos. Sus actuaciones gubernamentales apestan
Pero la corrupción reinante en el segundo periodo de gobierno del PRD encabezado por el doctor Jorge Blanco en 1982-1986 le otorgó el regreso a Joaquín Balaguer para gobernar por 10 años consecutivos aunque con un régimen más moderado y más democrático que sus mandatos anteriores.
Leonel Fernández Reyna, joven abogado y político forjado bajo las directrices del profesor Juan Bosch, sustituyó a Balaguer en el 1996 logrando una continuidad de 12 años de gobierno, implementando una nueva modalidad de dictadura “democrática” donde la corrupción prevaleció sin control como en los 31 años de Trujillo, los 24 años de Balaguer y los 4 de Jorge Blanco.
El Papa Francisco, en una homilía ofrecida en el Sur de Italia, preocupado por la corrupción que reina en los gobiernos del mundo ha expresado congojado: "la corrupción es sucia, una sociedad corrupta apesta, y que aquél que permite la corrupción no es cristiano, sino que también apesta”.
Tomando las palabras del sumo pontífice de Roma, cabría decir entonces que por los gobiernos administrados por Trujillo, Balaguer, Jorge Blanco y Leonel, estos no fueron ni son cristianos. Sus actuaciones gubernamentales apestan.
Con la decisión judicial “No Ha lugar” emitida el pasado Viernes 26 por el juez Alejandro Moscoso Segarra rechazando la continuidad de juicio contra el senador (PLD-San Juan de la Maguana) ingeniero Félix Bautista, evitó que se comprobaran sus actos de corrupción cometidos durante los períodos de gobierno del ex presidente dominicano Leonel Fernández en su 12 años en el poder.
Los dominicanos dentro y fuera del país esperaban ansiosos una señal diminuta de que la justicia dominicana aún le quedaba un halito de vida de credibilidad. Y confió en Moscoso Segarra. Pero nó. El magistrado se encargó de demostrar nueva vez que los corruptos y corruptores son intocables y que están blindados por un sistema judicial verdaderamente corrompido.
La dirección del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza el doctor Leonel Fernández, y que al parecer controla el gobierno de Danilo Medina, tiene secuestrados todos los estamentos del Estado dominicano, el Congreso, la Justicia, organismos empresariales y comerciales y hasta la oposición. Una dictadura “democrática” blindada con permanencia a largo plazo y renovable al antojo del máximo líder peledeísta.
Es cierto que el “No Ha lugar” del magistrado Moscoso Segarra ha salvado el pellejo del senador Félix Bautista y por añadidura la del presidente de su partido. Pero también es cierto que esa decisión no solo afecta la imagen del PLD como institución partidaria, sino también al gobierno de Medina que gozaba de una popularidad envidiable.