En estos días los medios de comunicación nos han puesto al tanto de un encuentro que tuvo lugar en el Banco Central entre el gobernador de esa entidad, don Hector Valdez Albizu, y el nuevo ministro de Hacienda, el Lic. Donald Guerrero Ortiz, acompañados de un equipo de técnicos altamente calificados de ambas entidades del gobierno.
Para que allí estuviera mejor representado el gabinete económico, idealmente debió también estar presente el ministro de Economía Planificación y Desarrollo, acompañado de sus respectivos técnicos, en especial de aquellos que elaboran el marco macroeconómico para fines presupuestarios.
De acuerdo con lo que nos comunican los medios informativos, la reunión tenía como finalidad evaluar las condiciones actuales de la economía dominicana y la implementación de políticas fiscal y monetaria que permitan garantizar la estabilidad macroeconómica del país, resaltándose la importancia de que se mantenga una estrecha coordinación entre ambas instituciones en la ejecución tanto de la política monetaria como de la fiscal, teniendo como norte el mantenimiento de la estabilidad de precios.
Un comunicado oficial destaca, de acuerdo con los medios, que entre los temas abordados por los dos funcionarios estuvieron el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la evolución de la inflación y la forma en que estas variables se interrelacionan con el Programa Monetario del BC y con las decisiones de políticas monetaria y fiscal.
En múltiples ocasiones ha sido tema de interés publico la necesidad de que en el país funcione en la practica un gabinete económico compuesto por los ministerios de Hacienda, de Economía, Planificación y Desarrollo y Banco Central del la República Dominicana, con la finalidad de que se mantenga una estrecha coordinación en la formulación y ejecución de la política económica del país, bajo la dirección, como es lógico, del presidente de la República.
Todo el mundo reconoce que esas tres entidades juegan roles fundamentales en los asuntos macroeconómicos del país, específicamente en lo que concierne a la política monetaria por parte del Banco Central, a la política fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, y a la política de inversión pública por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Todos esos roles se vinculan unos con otros y, por ello, es fundamental que se coordinen sus actividades para que se orienten en la misma dirección.
Por ejemplo, para la elaboración del presupuesto general de la nación se elabora lo que se conoce como el marco macroeconómico, el cual determina el posible comportamiento de las principales variables que han de tomarse en cuenta especialmente para la proyección de los ingresos presupuestarios del próximo periodo. Ese trabajo lo realizan los técnicos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y es consensuado con los técnicos tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central.
Ese marco macroeconómico presenta el panorama proyectado del crecimiento esperado del producto interno bruto (PIB) real y nominal tanto en moneda nacional como en US dólares, la meta de inflación del programa monetario y el posible comportamiento de la tasa de cambio en el mercado local. Se toman en consideración también supuestos que se elaboran en relación con lo que se espera que ocurrirá con los precios del petróleo en el mercado internacional, con el crecimiento del producto y la inflación esperada de la economía norteamericana. Esto es, el entorno externo que tiene mayor impacto en la economía nacional.
A los agentes económicos tanto nacionales como internacionales que observan el comportamiento de las autoridades que manejan la política económica del país para fines de tomar decisiones en materia de inversión y de los negocios en sentido general, le genera mucha confianza ver que se están dando los pasos de lugar, en la dirección correcta, para fortalecer esa tan importante colaboración entre las instituciones más importantes del área económica del gobierno, y, sobre todo, que se haga con la finalidad de garantizar la estabilidad de precios. A la vista de los observadores, esto adquiere mayor relevancia cuando se observa que existe la voluntad política al más alto nivel de consolidar las finanzas públicas, el cual ha sido, evidentemente, el mayor interés del presidente de la República.
En términos de la política fiscal es justo reconocer que el país tiene grandes retos por delante para que sea posible consolidar el crecimiento a largo plazo en un ambiente de estabilidad de precios. Se reconoce que la tarea más importante tiene que ver con equilibrar las finanzas públicas para evitar que se continúe incrementando el endeudamiento público destinado a cubrir el déficit generado especialmente por el exceso de gastos corrientes. Y aunque también se reconoce la necesidad de introducir algunas correcciones en la política gasto del gobierno, sobre todo para que el mismo sea de mayor calidad, la realidad es que el mayor y más dificultoso esfuerzo hay que hacerlo por el lado de los ingresos publicos, especialmente reduciendo a su mínima expresión la evasión impositiva y racionalizando la política de incentivos y exenciones fiscales.
Esa realidad es ampliamente reconocida por el propio presidente de la República cuando en su discurso de juramentación para un segundo periodo, pronunciado el pasado 16 de agosto, presento a la nación dominicana un ambicioso programa de gobierno especialmente centrado en la consolidación y ampliación su política social y en inversiones en obras prioritarias de infraestructura; un programas que, una vez realizado, conllevaría grandes transformaciones en todos los ámbitos de nuestra realidad nacional, pero que amerita ser financiado en forma sana mejorarando sustancialmente los ingresos del estado.
En atención a esa cruda realidad, el primer mandatario también hablo en su referido discurso de la necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar la eficiencia de la administración tributaria con el propósito de incrementar sustancialmente el cobro de los impuestos, haciendo énfasis en el combate a la elusión y evasión fiscal. En ocasiones anteriores también se ha hablado de racionalizar la política de exenciones e incentivos, la cual ha adquirido dimensiones insostenibles para el país.
"No es justo (dijo el presidente) que el grueso de la tributación siga en los hombros de los ciudadanos y especialmente sobre la clase media, mientras que los que más pueden y deben contribuir aprovechan resquicios legales para no contribuir de forma solidaria al desarrollo del país".
Si bien es cierto, como también dijo el presidente, que necesitamos más inversión en salud, en obras de infraestructura, en viviendas de interés social, en transporte y en servicios públicos de calidad, también lo es que para ello se necesitan unos recursos que no están llegando al estado a pesar de que existen las normativas legales que así lo disponen.
La cuestión fundamental en este sentido es que un programa tan ambicioso y de tanto interés para el devenir de la República Dominicana en un ambiente de justicia social, como el que ha abrazado el Sr. Presidente, no puede continuar siendo financiado con endeudamiento externo ni interno cuando existen las normativas legales que permiten captar esos recursos por la vía del cumplimiento de cada contribuyente con sus responsabilidades fiscales frente al estado.
Bajo esa premisa, el presidente hablo de su disposición de sentarse con todos los sectores de la sociedad dominicana a discutir, de forma responsable, los mecanismos para mejorar el financiamiento del Estado. Y adelanto que ha llegado el momento de buscar soluciones duraderas y justas para garantizar la consolidación del Estado de bienestar que tanto nos está costando construir.
Coherente con ese predicado, el primer mandatario ha comenzado a tomar decisiones claves en lo relativo al mejoramiento de la administración tributaria, nombrando a funcionarios que responden más a un criterio técnico que político en las entidades que más se relacionan esa temática. Nos referimos a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Dirección General de Aduanas, al propio Ministerio de Hacienda y a la confirmación de las autoridades del Banco Central. Se trata de funcionarios capaces, que son de su confianza, que no están contaminados políticamente y que tienen un mandato claro del trabajo que deben realizar.
"Ha llegado el momento (agrego el presidente), de mostrar nuestra capacidad para mirar a largo plazo y de poner los intereses del país por encima de los intereses particulares, para alcanzar un nivel adecuado de nuestro desarrollo".
Con esas ideas en mente el jefe del estado ha venido tomando decisiones en el tren gubernamental que se orientan en la dirección deseada. Ha fortalecido técnicamente las aéreas de recaudación con instrucciones precisas de combatir la evasión fiscal y el contrabando, y se han tomado otras decisiones encaminadas a incrementar los ingresos públicos en aéreas especificas, como es el caso del aumento de los peajes. Hace falta, por lo tanto, que los ciudadanos de este país abracemos las ideas y las intenciones del Sr. presidente y le demos nuestro apoyo, sobre todo tomando en consideración que no lo está haciendo para beneficio personal sino de toda la sociedad. El momento es crítico y estamos en una buena coyuntura para tomar las mejores decisiones para evitarles males peores a la sociedad dominicana en el futuro.