El Congreso carece de potestad para gastar su presupuesto en dudosas obras sociales que solo alcanzan a beneficiar a sus miembros. La Constitución es muy clara en cuanto a las funciones que les conciernen a ese poder del Estado. Su única competencia es crear las leyes que organicen la vida institucional del país. Y la Carta Magna, que sus miembros aprobaron, condena la práctica de legislar en provecho propio, un concepto de observación obligada. Su violación, la práctica de auto aprobarse bonos por cualquier pretexto no es solamente insano sino sujeto a acciones legales.
La opinión pública fue sacudida esta semana por la denuncia de un diputado del partido gobernante, de que el presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, también del partido oficialista, había distribuido en bonos con motivo del Día de las Madres, la suma de 57 millones de pesos. La pírrica defensa de la acción de que se trata de una práctica vieja no es válida en sentido alguno, como tampoco lo es el que haya sido resultado de una decisión mayoritaria de sus miembros.
El hecho de que se trate de una práctica ancestral no le da legalidad y mucho menos la ingenua e infantil explicación de que la suma de los bonos se ha ido reduciendo, como si se tratara esta vez de un acto de honestidad y transparencia legal. Es desde décadas usual que cada año los legisladores de ambas cámaras se otorguen, del dinero público, bonos para el día de las madres, el de los padres, de los enamorados, de los santos difuntos y especialmente en Navidad. Pero ninguno me parece más gracioso y ofensivo que los bonos para las habichuelas con dulce de Semana Santa.
De manera pues que lo menos que debería hacer ahora el buen señor que preside a los diputados es excusarse y pedir perdón al pueblo que lo eligió para aprobar leyes no para distribuirse privilegios y los demás devolver los bonos, aunque fuera solo como fruto de un fugaz momento de vergüenza.