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Los Ayuntamientos y el tránsito

Por Erick Dorrejo

Durante la presente campaña electoral a cargos municipales se han presentado una variedad de propuestas que buscan solucionar de forma definitiva el problema del tránsito en las principales zonas urbanas del país. Las ideas presentadas por las candidaturas han recorrido los principales foros de debate y medios de comunicación, buscando cautivar el electorado con estrategias para poner fin a un aspecto neurálgico en la dinámica de nuestras ciudades.

A pesar de la multiplicidad de estudios realizados por los equipos que acompañan las candidaturas a conducir el órgano ejecutivo de los Ayuntamientos y sin desmedro de las alternativas originales o copiadas que han sido presentadas, no hay posibilidades de que los Ayuntamientos de la República Dominicana puedan solucionar el caos en el tránsito de las principales zonas urbanas sin la participación de los órganos competentes del gobierno nacional.

Antes de la promulgación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, existía un desorden institucional que fue corregido con la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) el cual funge como órgano rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del país. La propia ley establece que este ordenamiento institucional se vincula con los Ayuntamientos a través de un proceso de coordinación donde el INTRANT establece las políticas de movilidad nacional y el Ayuntamiento implementa y coordina esas políticas en su territorio.

Para tales fines el marco legal establece un total de sesenta y tres (63) áreas de coordinación entre los dos niveles de gobierno, que requieren de acuerdos o convenios entre ambos niveles de gobierno con el fin de identificar las prioridades de cada demarcación, definir las acciones a impulsar y consignar el financiamiento requerido para su solución.

El mandato de coordinación establecido por la ley garantiza que las iniciativas para las mejoras del sector no sean distintas en cada demarcación, garantizando que lo planificado trascienda los limites político-administrativo del territorio. Al igual que permite vincular los recursos humanos y financieros de ambos niveles de gobierno para maximizar las posibilidades de ejecución.

De manera que la participación conjunta y activa del binomio entre el gobierno nacional y el Ayuntamiento es fundamental para la solución definitiva del caos en la movilidad urbana de cualquier demarcación municipal; toda iniciativa que no derive de un acuerdo entre estos dos niveles de gobierno solo serán buenas intenciones que en la práctica no podrán ser materializadas.

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