En casi dos meses el país se presta a celebrar sus elecciones municipales, las cuales en el panorama político actual suponen un verdadero reto para la estabilidad y la confianza del sistema democrático y electoral. Y precisamente en este contexto de campaña electoral, de nuevos aires y oportunidades que se presentan en un nuevo período de gestión municipal, es preciso que comencemos a debatir aquellos temas urgentes cuya solución viene de la mano de una administración local que se sitúe ya en el Siglo XXI.
De modo que mis últimos artículos de este año, comenzando por este y salvo que algún hecho relevante me obligue a comentarlo por esta vía, tratarán sobre los tópicos que los candidatos y candidatas a la alcaldía y al Consejo de Regidores deben tocar en el marco de sus propuestas, si es que la tienen.
Pienso que el tema más urgente en los grandes centros urbanos del país es la movilidad y la ausencia de un sistema integrado de transporte de pasajeros y de políticas que mejoren el desplazamiento de la gente hacia sus lugares de interés.
En Santo Domingo transitar es un caos. Ya no hay horas para los tapones, todas las horas son horas pico. Es una odisea cruzar la ciudad sea de norte a sur o de este a oeste o viceversa. Y todo ello a pesar de que más de la mitad de la población de la capital y el Gran Santo Domingo no tiene vehículo privado. Esta misma situación también sucede en otras urbes de la República, pero en menor medida.
Lo cierto es que se requiere de una política de movilidad decidida, definitiva y alternativa tanto para Santo Domingo como para el resto del país, que quizás no tiene los tapones constantes ni los agentes de DIGESET tratando de ser mejores y más eficientes que los semáforos ni el expandido, desbordado, obsoleto, contaminante y poco eficiente sistema de carros públicos; pero sí requieren de una mejora en sus infraestructura viales, de opciones ecoamigables y de un sistema de transporte más efectivo y eficiente que le garantice el derecho a la movilidad.
La ley núm. 53-17, sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, establece las competencias coordinadas y compartidas de los ayuntamientos con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la elaboración de políticas de movilidad y la ejecución de aquellas que sean dispuestas por la última institución, pudiendo incluso, en coordinación con el INTRANT, regular, planificar, gestionar y supervisar el transporte terrestre de pasajeros.
Igualmente, la ley núm. 176-06, sobre el Distrito Nacional y los municipios, establece como competencias propias y exclusivas de los ayuntamientos el ordenamiento del tránsito de vehículos y de personas, así como la reglamentación del transporte público urbano.
De modo que los ayuntamientos tienen suficiente base legal para desarrollar una política de movilidad que frene el caos urbano, que sea sostenible, que fomente alternativas de desplazamiento y que sea ecosostenible. Sería irresponsable dejar todo esto al INTRANT, institución a nivel nacional con evidentes recursos limitados, teniendo los ayuntamientos las potestades necesarias para hacer frente a este serio problema que tenemos.
Las administraciones locales tienen por misión constitucional la de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas mediante el desarrollo y la ejecución de políticas que mejoren la calidad de vida de la gente y genere bienestar social y económico. Pasarse horas en el tráfico, no tener un transporte público de calidad ni tampoco otras alternativas de desplazamiento seguras y sostenibles, causa serios malestares.