Por años he sostenido que la lucha contra la evasión fiscal no es sólo tarea de la Dirección de Impuestos Internos. Los altos niveles de evasión cargan sobre quienes cumplen con sus obligaciones impositivas todo el peso de la estructura tributaria. De manera que quienes incumplen con esa obligación elemental engañan al Estado, reduciendo con ello su capacidad para encarar los graves problemas de la nación, y a todos aquellos que observan sus deberes, sean empresas o particulares.
Los evasores se justifican en el alegato de que el sistema es injusto y represivo de la actividad productiva, lo que, de ser cierto, no se le aplicaría por cuanto no pagan los impuestos que las leyes establecen. A causa de los enormes montos de evasión, la carga tributaria sobre el PIB se estima en más de un 15%, cuando en realidad puede sobrepasar dos y hasta tres veces esa cifra en algunos casos, a quienes pagan, si se le suma el pasivo laboral que la Seguridad Social representa para toda la actividad económica. En el ámbito empresarial, la evasión es mucho más perniciosa porque elude también los pagos de los servicios obligatorios de salud en perjuicio de empleados y trabajadores.
El país no puede seguir avanzando con los niveles actuales de evasión y sería poco aconsejable imponer nuevas tasas impositivas para mejorar los ingresos fiscales, porque su efecto sobre el aparato productivo sería muy negativo, con su inevitable secuela de despidos y desorden social. Por tal razón, es necesario poner en evidencia a los evasores y adoptar cuantas medidas sean necesarias para ponerlos en evidencia e imponerles las sanciones que las leyes establecen para esos casos. Muchas empresas y particulares son objeto de inspección cuando sus declaraciones presentan contradicciones con las informaciones de la DGII, lo que no ocurre con los evasores, ocultos tras las sombras de sus prácticas ilegales.