Para nadie es un secreto que en la República Dominicana estamos viviendo una realidad muy crítica. Tenemos un aumento exorbitante de la criminalidad, la demostrada incapacidad de las autoridades para enfrentar esta grave situación y la participación activa de la misma en el crimen organizado. Esto ha ido aumentando de manera desbordada.

Esta realidad es parte de la grave crisis moral y de valores; de la indiferencia oficial y de la corrupción y la impunidad que se ha ido ganando terreno en el país.

El narcotráfico ha penetrado importantes estamentos en la sociedad dominicana, desde hace años y se ha agenciado la complicidad de algunas autoridades políticas, militares y policiales de altos rangos y mandos, lo cual es altamente grave y riesgoso.

Casos que vemos diariamente en los periódicos, de crímenes de ajustes de cuentas, de atracos y extorsiones, de secuestros, asaltos y sicariato, entre otros, en un porcentaje de los mismos están implicados miembros de la Policía Nacional y militares.

Constantemente se denuncia que miembros de la Policía Nacional participan activamente en el negocio de microtráfico. Se señala que estos policías actúan como empresarios, traficantes, agentes de cobro y de ejecución en caso de incumplimiento.

Tenemos una Policía Nacional en la que una parte de sus miembros constantemente recurre a la práctica del soborno, abuso de poder y la apropiación de bienes.

Nuestra Policía Nacional tradicionalmente ha sido muy represiva y violenta. Normalmente no actúa como agente de protección de la ciudadanía. Es más, muchas veces la ciudadanía se siente amenazada cuando un agente le hace algún requerimiento.

En la República Dominicana se ha impuesto que las muertes de ciudadanos a manos de la Policía Nacional, normalmente ni se investigan ni se castigan, salvo aquellos casos de mucha notoriedad y que la presión pública obliga a la intervención del jefe de la policía y del ministerio público.

En República Dominicana en muchos casos, la frontera entre la delincuencia y la actuación de muchos policías se ha desdibujado. Son muchos los casos de agentes que utilizando su arma de reglamento, se dedican a delinquir.

Esta situación ha hecho que la población, sobre todo en nuestros barrios viva sometida al fuego cruzado de la policía y de la delincuencia.

Tenemos una Policía Nacional en la que una parte de sus miembros constantemente recurre a la práctica del soborno, abuso de poder y la apropiación de bienes.

No son uno ni dos los casos que vemos diariamente y que conocemos, fuera de lo que sale en los periódicos y en la televisión, de policías que entran a las casas de gentes humildes y delante de sus familiares, madre, hermanos, o esposa e hijos, matan a quemarropa a un joven que tiene para ellos el perfil de delincuente o que no les cumplió con algún encargo de drogas o que ha robado en varias ocasiones, o que le resulta problemático en el barrio. Lo matan sin averiguaciones de ningún tipo y lo hacen exhibiendo saña, sin la más mínima piedad, por lo menos con la madre y los hijos, como criminales profesionales y como si no fuera poco, vejan el cadáver delante de sus familiares y lo arrastran como una escoba frente a la comunidad.

Esto ocurre con mucha frecuencia en la República Dominicana. Los llamados intercambios de disparos esconden, en muchos casos, ejecuciones hechas contra personas desarmadas y ya sometidas a los agentes policiales.

Para nadie es un secreto también que en los destacamentos policiales y en el palacio de la Policía Nacional y de la DNCD se denuncia frecuentemente la práctica de tortura a los detenidos. Esto se ha incrementado en el país en los últimos años.

Lo lamentable es que toda esta situación descrita se produce sin que haya reacción por parte del Ministerio Público.

Todo esto pone de manifiesto que el Estado Dominicano, lejos de ser garante de los derechos, libertades y seguridad de las personas, se coloca al margen de la ley y no respeta la dignidad humana.

Pero lo grave de la situación es que frente a todo el tema de la inseguridad pública, se revela que el Estado Dominicano no tiene la respuesta adecuada y que ha optado por la política de mano dura, que es ciega, ilegítima, ilegal, inconstitucional, asesina, discriminatoria e irresponsable.

A diario vemos tantas madres llorar a sus hijos rodeadas de la más inimaginable impotencia. Dónde y ante qué autoridad recurrir?

Se le puede llamar a este, un Estado democrático de derecho? Jamás. Un Estado democrático de derecho presupone un alto respeto al ser humano y en especial a su vida y la puesta en práctica de mecanismos que garanticen su salvaguarda.

De continuar este clima de inseguridad, impunidad, corrupción, crisis de valores, autoridades actuando al margen de la ley, no está lejano el día que tengamos que decretar que el nuestro es un Estado fallido.

En nuestro país está prohibida la pena de muerte. La vida humana tiene que ser respetada, de una vez y por todas. Se puede ser efectivo en el ataque a la delincuencia sin matar indiscriminadamente. Sólo que esto requiere más profesionalidad, una estrategia mejor trazada, supervisión, mayores recursos, autoridades que no estén asociadas con la criminalidad y el narcotráfico y todo esto es lo contrario a lo que pasa en la República Dominicana.

A ustedes, amigos y amigas lectores, no podemos ser indiferentes frente a todo esto que está pasando en el país. Muchas veces lo vemos como algo lejano y que no nos va a pasar a nosotros, pero todos somos víctimas potenciales de esta situación y el día que nos toca, ya es demasiado tarde para reaccionar. No podemos seguir siendo indiferentes.