En el país se está produciendo un fenómeno que se difunde como la peste y que está causando mucho daño a la inversión, a los negocios de bienes raíces y a las personas a las que se les quiere hacer daño por motivos personales o políticos.

Se trata de los sometimientos judiciales que afectan a muchas empresas e individuos tanto del sector privado, ex funcionarios de partidos de oposición y a veces a funcionarios del propio gobierno, donde la parte acusadora usa medios legales inapropiados, espurios e intimidatorios.  

Por ejemplo, los embargos a hoteles y propiedades que se producen en la zona de Bávaro-Punta Cana, tienen con el grito al cielo a los inversionistas ya que con la asistencia de fiscales y abogados inescrupulosos, se invaden propiedades y se incautan bienes por reclamos de empleado, sin cumplir los trámites legales correspondientes y con sentencias irregulares.

Todo esto es producto de una mafia que extorsiona a los supuestos implicados en el caso, para sacarle dinero o incautar sus bienes, que valen millones de pesos más que las demandas salarias que alegan defender.

Pero también hay otra epidemia de casos donde se embargan las cuentas de personas y empresas sin haber cumplido los trámites de lugar y sin jamás recibir una notificación de tal acción. Usted se entera cuando lo llaman del banco o hace un cheque que le devuelven teniendo suficiente fondos. Alegan que un aguacil le comunicó con tiempo al afectado, que dicho embargo tendría efecto en tal fecha si no atendía los requerimientos del demandante, pero jamás esas notificaciones llegan a tiempo y a veces nunca llegan, lo que es un abuso contra los ciudadanos y una forma de hacer daño usando procedimientos engañosos.  

Embargar cuentas es un asunto delicado, que debe ponderarse con mucho cuidado y asegurarse de que la persona afectada reciba la notificación con suficiente tiempo y la refrende con su puño y letra. Solo cumpliendo cuidadosamente esos trámites, el embargo podría proceder ya que después que eso sucede es la del diablo quitarte ese problema de encima teniendo que pagar cuotas legales costosísimas. Pero con la mafia que existe entre esos aguaciles y fiscales, te embargan hasta la vida, sin tu enteraste de que caso se trata.

Por ejemplo, en la pasada semana el empresario Víctor Pimentel Kareh, Presidente del Prado Gran Hotel, S.A. sometió a los funcionarios del Banco Central por estafa, asociación de malhechores y abuso de autoridad debido a que le rechazaron un pago de una deuda que tenía pendiente con los quebrados bancos, Mercantil y Baninter. La Consultora Jurídica del Central, una mujer de reconocida integridad, de inmediato aclaró que dicho pago se rechazó por tratarse de un cheque emitido por una persona que está siendo procesada en España por lavado de activo.

El Banco Central tiene por obligación que analizar el origen de los fondos de cualquier persona o empresa que compre bienes de los bancos quebrados o salden deudas asumidas con estos en el pasado, ya que de esos fondos tener un origen dudoso, seria un escándalo mayúsculo.

Por eso entendemos que este tipo de acusación no tiene ningún merito y su principal objetivo es causarle daños morales a esos funcionarios e intimidarlos para que quebrarle el brazo. Es lo mismo que hace el Ministerio Publico y la DPCA cuando acusa sin fundamentos a ex funcionarios de gobiernos pasados, donde lo único que prevalece es la venganza personal y la persecución política.  

Lo difícil es el desagravio, resarcirse de esas acusaciones, porque después pasan años en la justicia y cuando todo queda aclarado y el caso sobreseído, ya la gente se olvidó del incidente y el daño moral queda latente.

Esa práctica hay que combatirla y eliminarla.