Anselmo Muñiz es un joven abogado con Master en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Es un activista involucrado en la lucha por los derechos humanos, a lo que contribuye su formación de jurista y sus conocimientos de teoría social. Recientemente, Muñiz ha publicado un enjundioso ensayo intitulado “Loma Miranda: los límites del constitucionalismo” (http://www.holapolitica.com/loma-miranda-los-limites-del-constitucionalismo-articulo-por-anselmo-muniz/) donde hace lo que hasta ahora es la mejor exposición teórica de los fundamentos de lo que denomino el “populismo anticonstitucional”, y que, de seguro, se convertirá en el “Libro Rojo” de las organizaciones y personas que se oponen al desarrollo minero de Loma Miranda.
Para Muñiz, quien -contrario a muchos que rehúyen el debate, escondiéndose en la facilidad de descalificar a su adversario intelectual como simple “sofista”-, no teme comprometerse en la discusión con quienes no comparten su visión, el constitucionalismo es objetable en la medida en que parte de la idea, a su juicio equivocada, de que “el ordenamiento jurídico-institucional de un país debe primar, aun por encima del sentir popular”, y que “una mayoría para tomar una decisión estará siempre limitada por el marco jurídico-institucional preexistente”. Entiende el joven jurista que el constitucionalismo “pretende domesticar y cercenar la democracia, al reducirla a un mero juicio técnico, sobre la interpretación de normas preestablecidas”, pasando por alto que la decisión sobre Loma Miranda, sea la que tome el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo o el Tribunal Constitucional, “es una decisión política”, que no puede reducirse a los aspectos técnicos, jurídicos o formales por la esencial “irreductibilidad e indecidibilidad de lo político”, por “el carácter antagónico de la política”.
Como se puede observar, el argumento de Muñiz por un lado “aplatana” a Ernesto Laclau y, por otro, a Carl Schmitt. De Laclau, el joven abogado extrae el rechazo a lo que Laclau peyorativamente denomina “institucionalismo” y que el caricaturiza como simple “fetiche”, “defensa del orden institucional a cualquier precio”, sustitución de “la política por la administración”, y “tecnocratismo”, “el gobierno elitista de los expertos”, cuyo objetivo es la “defensa de las instituciones existentes” contra las demandas populares insatisfechas. De Schmitt se nutre Muñiz a la hora de presentar las instituciones liberales como mero artificio técnico, que tratan de ocultar la verdadera realidad del conflicto amigo/enemigo que subyace tras toda decisión política, lo que lo lleva al extremo de afirmar que, con el veto a la ley de Loma Miranda, el Presidente Danilo Medina “tomó su decisión política de apoyar a la multinacional y a los grupos de poder económico y político que la apoyaban”, con lo que “se ha declarado enemigo político del pueblo”.
Sobra decir que esta mezcla entre Laclau y Schmitt, es un verdadero coctel molotov, preparado por la viuda de Laclau, Chantal Mouffe, y servido por Muñiz, que guarda “afinidades de sentido” y “parecidos de familia” con la ortodoxia nazi de un Hitler, vegetariano, ecologista y defensor de los animales, que definía la política precisamente como “el arte de llevar a cabo la lucha vital que una nación necesita para su existencia terrenal” y díganme si no es la sobrevivencia del país, como territorio y como conjunto de ecosistemas, lo que está en juego según el discurso extremo, apocalíptico y radical de los opositores al desarrollo minero de Loma Miranda. Por demás, cuando Muñiz afirma “que no hay ningún artilugio técnico que pueda reducir ese antagonismo a un juicio jurídico”, en el fondo lo que está diciendo es lo que decía Schmitt, que con el enemigo solo son posibles “conflictos que no pueden ser decididos ni a través de un sistema de normas pre-establecidas ni mediante la intervención de un tercero ‘descomprometido’ y por eso ‘imparcial’”. En otras palabras, con su decisionismo schmittiano, lo que el novel abogado afirma es la imposibilidad de resolver pacífica, jurídica, ordenada, objetiva e institucionalmente los conflictos en un Estado Constitucional de Derecho.
Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tiene que ver este populismo anti institucional y schmittiano con la construcción de “una democracia más deliberativa, más dialogada, más republicana, más participativa, y menos vertical, centralizada y autoritaria”, donde podamos discutir civilizada y públicamente cualquier cuestión, incluyendo los pro y los contra del desarrollo minero de Loma Miranda, como reclamábamos al final de nuestra más reciente columna en este diario? Contrario a lo que afirma Muñiz y como bien establece Habermas, “en la concepción republicana el espacio público político y, como infraestructura suya, la sociedad civil, cobran un significado estratégico pues tienen la función de asegurar a la práctica del entendimiento entre los ciudadanos su fuerza integradora y su autonomía”. ¿Qué entendimiento puede haber allí donde al adversario no se le considera merecedor de ser convencido con argumentos racionales sino que se le califica de enemigo, como la Cartilla Cívica trujillista consideraba al revolucionario “enemigo de tu vida y de tus bienes”? Lamentablemente, allí donde no se cree en el diálogo, en las instituciones de la democracia constitucional, el camino es y no puede ser otro que, como bien confiesa Muñiz, “el enfrentamiento político” y “la ingobernabilidad a través de la desobediencia cívica”.