No soy un experto en comunicación de ninguna índole. Tampoco soy un experto en política, sino un ciudadano preocupado por un fenómeno que veo tomar repunte en el país. Mi formación filosófica me obliga, créanme cuando digo que me obliga seriamente, a ver la realidad y lo que se esconde detrás de lo que se ve. En buen lenguaje llano: “buscarle la quinta pata al gato”.

En los últimos tres lustros he notado cómo la comunicación social en todas sus formas ha tomado un realce significativo en nuestro país. No me refiero a la masificación de la carrera en los años ochenta y noventa del siglo pasado, sino al papel que juegan los medios en la construcción de opinión y en la posterior percepción de la realidad a partir de estas “opiniones” interesadas. El auge de los interactivos en la radio (que es un fenómeno que hay que estudiar desde una óptica multidisciplinar) es evidencia de ello: usted puede encender desde muy temprano el radio y encontrará un comunicador comentando las noticias del día o los hechos públicos más sonados o simplemente aquello que le fue ordenado comentar y hacerlo noticia distractora.

Creo que razonablemente estamos de acuerdo en este auge y que le debemos al Dr. Leonel Fernández, experto en comunicación social, la construcción de un escuadrón de élite con su respectivo ejército de comentaristas del acontecer político nacional. Es más, la maquinaria política del PLD ha sacado el mejor provecho a estas estrategias como ningún otro partido que haya estado en el poder en nuestra historia democrática.

Paralelamente a este esfuerzo descomunal de propaganda política, hay un fenómeno nuevo que percibo y en el que me inmiscuyo como ciudadano y no como experto en ello: es el lobby o lobbying. El término proviene del inglés y significa literalmente “vestíbulo”, pero adquiere el significado de “cabildeo” en español.

La poca literatura que he leído al respecto señalan unos rasgos definitorios del concepto que resumo brevemente: primero, son un equipo de profesionales que representan a determinados grupos de interés distintos al Estado y que se constituyen como grupos de presión; segundo, es una actividad política que busca incidir en las políticas públicas conforme a los intereses que representan; tercero, se funda en lo que se conoce como un “ejercicio de petición” (Dexter) propios a las sociedades democráticas. A partir de estos rasgos definitorios, deducimos que la naturaleza del lobby está en su representación y su fin último, esto es, son grupos de presión que requieren la ayuda de profesionales para incidir a su favor en la toma de decisiones públicas. En este sentido, el lobby, aunque es muy bien visto en sociedades anglosajonas, en otras latitudes cae en lo que se conoce como “tráfico de influencias”, lo que es penado por ley.

¿Cuál es el asombro? En que en nuestro país se ha desvirtuado la esencia misma del lobby. En esta tierra el lobby no busca ejercer presión frente al aparato estatal; sino que el lobby está para la apología de las políticas del gobierno de modo que intereses partidarios y/o personales de los que administran el aparato estatal se conviertan en “intereses públicos”. De esta forma, el lobby cae en una manera “informada” de propaganda estatal.

La estrategia del lobby apologético, por el momento, está en el uso de la información documentada en provecho de la figura presidencial. Su aparición en los medios es diversa y centra su actividad en los espacios en donde se necesita mayor labor de defensa de la figura del presidente. Su fin es hacernos creer que en términos de “políticas públicas” y de “desarrollo democrático y participativo” estamos en las mejores manos. No niega la existencia de problemas y males sociales, sino que los enfoca en provecho de la figura presidencial.

Tengamos en cuenta, finalmente, que es un trabajo remunerado vía una relación de contrato que es pagado del dinero de los contribuyentes como servicios o asesorías. El problema está en que, en nuestro caso, el lobby apologético no ofrece ninguna asesoría dirigida hacia la toma de decisiones públicas conforme a grupos de interés distinto al Estado, sino que es un trabajo de limpieza de la figura presidencial.