El proceso de selección de los próximos integrantes del pleno de la Junta Central Electoral ha estado caracterizado por una labor de incidencia política en la que embajadores acreditados, organismos internacionales pertenecientes al sistema interamericano, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión y partidos políticos, han realizado valoraciones, propuestas y recomendaciones.
Resulta incomprensible que aún se cuestione la participación social e internacional ante la elección de ese “órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular” del cual emanan decisiones que sí afectan la vida de cada ciudadano en República Dominicana.
Esas reacciones constituyen una respuesta restrictiva que prueba la no aprehensión a estas alturas por parte de algunos dirigentes políticos sobre todo, del contenido de una Constitución votada en el 2010 promovida por ellos mismos, que estableció un Estado cooperativo, abierto a la integración y de aplicación preferente de las normas supranacionales.
Por otro lado, todo indica que con posterioridad a la integración de la J.C.E. sobrevendrá la aprobación de la ansiada ley de partidos políticos y la modificación de la ley electoral que data del año 1997, votada en el preludio de un proceso de globalización que puso fin al ostracismo internacional a que estuvo relegado el país.
Es decir, estamos en los albores de una nueva cultura en materia electoral, y de eso los partidos políticos del sistema y otros sectores de participación social tendrán que ocuparse.
La reforma constitucional del 2010 modificó atribuciones sustanciales de la Junta Central hasta ese momento, lo contencioso fue transferido al Tribunal Superior Electoral, quedando la J.C.E dedicada más hacia la organización del proceso. Más que expertos litigantes en materia contenciosa administrativa, como eran los requerimientos anteriores, los miembros de la J.C.E. deben ser ahora internacionalistas.
De ahí que la composición de la nueva J.C.E. tendrá que incluir como mínimo un miembro que esté actualizado en esa nueva condición que estableció el artículo 26 de la Constitución, que define al Estado dominicano como “miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional”. Un ejemplo que refuerza esta afirmación, es la idea de Soberanía, que hoy posee un alcance muy distinto al que tenía hace pocos años.
Haciendo un ejercicio forzado de separar el profundo afecto y amistad que me une a José Alejandro Ayuso, uno de los candidatos evaluados, me parece que éste reúne esa condición.
José Alejandro Ayuso publicó en diciembre del 2010 su ensayo: “La Constitución, Derecho Internacional e Integración Supranacional”, que reafirma las aseveraciones antes expresadas, trabajo del cual el maestro Eduardo Jorge Prats citando a Emilio Mikunda define como “un gigantesco poema sinfónico del constitucionalismo comparatista de cuño cultural contemporáneo”. Con éste aporte, Ayuso se inscribe en la nueva generación de jóvenes neoiusconstitucionalistas dominicanos.
En definitiva, el nuevo orden internacional está marcado por nuevas tecnologías y sobre todo, nuevas competencias supranacionales.
Pero además, lejos del ámbito normativo, algo muy importante de naturaleza abstracta gravita a la vista de todos y pocos hablan, la próxima Junta Central Electoral tendrá que recuperar una confianza perdida, y el único de los aspirantes que se ha pronunciado en ese sentido es Ayuso, cuando en su breve exposición ante la comisión evaluadora planteó un Pacto por la Confianza, y eso lo especifica ante el resto de aspirantes.